La fábrica de alimentos Alijor, ubicada en la localidad escobarense de Garín, despidió a una decena de trabajadores y amenazó con cerrar, mientras tanto Arcor paraliza su producción por acumulación de stock.
La alimenticia Alijor con planta en Garín de la provincia de Buenos Aires, se sumó a la ola de despidos y suspensiones que en los últimos días protagonizó la empresa Arcor. La firma que produce1,8 millones de panes al mes en promedio, un millón de tapas de pascualina y 200.000 kilos de pastas que son comercializados en el mercado interno, despidió a diez empleados y amenazó con cerrar como consecuencia de la crisis económica que atraviesa el país.
Además, la empresa se niega a pagar indemnizaciones. El Consejo Directivo del STIA Filial Buenos Aires ya había denunciado penalmente al personal superior de Alijor S. A por una causa caratulada como "hostigamiento".
Mediante un comunicado, desde el Sindicato de Alimentación le reclamaron la reincorporación de los despedidos. Pero la empresa cerró las puertas de la fábrica, impidiendo el ingreso a los trabajadores.
Habiendo llegado a la peor caída del consumo desde 2002 la economía argentina atraviesa su peor crisis desde el 2001. Con la inflación más alta en los últimos 27 años y una pérdida del poder adquisitivo del 14 por ciento.
Ante la falta de consensos en el Congreso Nacional para imponer la reforma laboral, el gobierno y las empresas avanzan en una reforma de hecho aprovechándose de la crisis económica. En 2018 crecieron las solicitudes de planes preventivos de crisis, un mecanismo con el que los sectores patronales extorsionan a los trabajadores para imponer indemnizaciones reducidas y bajar los salarios.
En medio de la incertidumbre por el año electoral y de una crisis económica que se profundiza día a día el gobierno avanza en su decisión, junto a las principales empresas del país, de imponer de hecho una reforma laboral. El mecanismo estrella aplicado por las patronales con el visto bueno del gobierno es el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas, una herramienta estipulada en los artículos 98 a 105 de la Ley Nacional de Empleo (Ley 24.013) y en tres decretos complementarios.
Este mecanismo es una práctica que las empresas comenzaron a poner en marcha durante los primeros coletazos de la crisis en 2016 tras la devaluación y la apertura de las importaciones y que ahora, en el último año, se volvió un procedimiento que arrecia en todo el país. En 2018 hubo 108 pedidos, 25 más que en 2017 y 53 más que en 2016