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Una crisis preexistente y una pandemia que la visibiliza. Un problema, dos posturas ¿Quiénes hacen ruido hoy para condicionar el día después?

La Corriente Nacional por la Producción y el Trabajo (Cnpt) hizo público su apoyo al proyecto presentado por diputados del Frente de Todos, que prevé la imposición de un tributo único y extraordinario que alcanzaría a alrededor de doce mil personas, lo que permitiría que el Estado recaude algo así como tres mil millones de dólares.
Vale recordar que la Cntp está integrada por la CTA bonaerense, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, ATE Agricultura y la Fundación Germán Abdala, entre otros actores de la producción y el trabajo cooperativista, de pequeños y medianos ruralistas, trabajadores autogestionados y monotributistas.
Desde este espacio se recalcó que si prospera, la iniciativa permitirá “amenguar las consecuencias de la propagación de la pandemia con su impacto en estos sectores que expresan la economía social, popular y solidaria de nuestro país”.
El proyecto es una herramienta con la que el Estado espera sumar recursos y se va a debatir cuando, a dos meses de que la OMS reconociera que el Covid-19 se expandió por todo el mundo, aparecen a la hora de enfrentar la pandemia dos grandes enfoques que connotan miradas sobre cómo debería ser el día después.
Estos puntos de vista, hablan de la puja que existe hacia adentro del propio sistema capitalista, entre la facción más ligada al capital financiero y aquella que puede denominarse productivista. Y, aunque están imbricadas en el escenario global, la tensión que provoca la pandemia exhibe con más claridad algunas de sus fricciones.
Esto, por ejemplo, se advirtió en la última teleconferencia del G-20, donde el tema deuda y la propuesta de avanzar hacia un fondo global contracíclico, fue puesto sobre la mesa -entre otros- por el presidente Alberto Fernández (Ver Para pensar el día después).
Cuando hablan del día después aluden a la salida de una crisis que atribuyen a las restricciones que impuso el Covid-19, aunque debe quedar en claro que la pandemia sólo profundiza una crisis que ya estaba, es sistémica del capitalismo y desde hace rato viene dando señales elocuentes (Ver ¡Echále la culpa al Covid-19!).
Esa crisis preexistente más el empujoncito que le da la pandemia, configura un escenario mundial en el que el capitalismo exhibe con claridad algo que se empeña en ocultar: es un sistema político, social, económico y cultural al que le sobran personas.
Por eso, nadie puede sorprenderse con algunos datos globales que se van estimando conforme se acomodan los tantos.
En su reciente informe “Panorama Económico Global”, el FMI dijo que este año la economía mundial se va a contraer un tres por ciento, con caída del once en los volúmenes de comercio de bienes y servicios. Y desde el London School of Economics, el académico Jerome Roos, advirtió que cuarenta estados podrían entrar en zona de default.
¿Puede sorprender todo esto cuando durante 2019, la deuda mundial escaló por encima de los 253 billones de dólares, esto es, 322 por ciento del PIB planetario?
¿Pero qué pasa en el mientras tanto, es decir, aquí y ahora? La crisis preexistente se tradujo millones de trabajadores que quedaron en la calle, esto es, afuera del sistema lo que implica consumir menos comida, dejar de acceder a servicios sanitarios básicos y, de la mano del precariado, perder la sindicalización.
Esta dinámica donde coadyuvan aumento de la desigualdad y desprotección de la clase trabajadora, es un campo orégano para irrupción de liderazgos globales que plantean posturas propias de la eugenesia nazi, a la hora de diseñar políticas que salgan al cruce de la pandemia.
Aunque rocambolesca, la idea de abordar al Covid-19 desde el precepto de la “inmunidad del rebaño”, es asumida como verdad rebelada por gobiernos como los de EE.UU. y Brasil, que se presentan como ejemplo para los que en Argentina machacan con la presunta contradicción que existiría entre seguir las recomendaciones de la OMS y proteger “la economía”.
La Oficina de Análisis Económico del Gobierno estadounidense, acaba de señalar que la economía de ese país cae un 4,8 interanual. Por su parte, el Banco Mundial pronosticó una caída del 5,2 por ciento para Brasil y del seis en Argentina.
Pero mientras que Argentina tiene 4,7 personas muertas por Covid-19 por millón de habitantes, en Brasil son 38 y en EE.UU. ascienden a 225. Las fotos dantescas de Manaos y la Isla Hart ilustran estos datos con particular elocuencia.

Agenda

La OMS declaraba la pandemia a sólo tres meses de que Fernández asumiera la Presidencia de un país en el que, su antecesor puso contra las cuerdas al sistema universal, público y gratuito de Salud, al tiempo que catapultó los niveles de pobreza y la inseguridad alimentaria (Ver Un baño de alcohol).
Este era el escenario en diciembre de 2019 desde el que, para el corto plazo, Fernández se había fijado como objetivo garantizar que todo el mundo coma y reestructurar deuda con los fondos de inversión que tienen papeles por algo más de 140 mil millones de dólares de aquí a cuatro años.
Y, desde ahí, avanzar hacia la construcción de un pacto socioeconómico policlasista, cuyo diseño espera plasmar en el Consejo Económico Social.
Pero la pandemia modificó la agenda ¿Qué hizo Argentina? Siguió las recomendaciones de la OMS, además de inyectar dinero a la economía, reforzó en tiempo récord su sistema público sanitario y el complejo de ciencia y tecnología (Ver Nuevo test argentino para detectar Coronavirus).
En esta dirección, se decidió el aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que redujo la actividad económica sólo a los segmentos indispensables. Simultáneamente, el Estado volcó recursos materiales para asistir al universo del trabajo y subvencionar a empresarios lo que hace que el 89 por ciento de los hogares reciban asistencia estatal.
De acuerdo al Monitor Fiscal del FMI, la inversión del Estado nacional para amparar a trabajadores y empresas está sexta a escala global, ubicada en un rango similar a la de Alemania y por encima de Brasil, Corea, Italia, España y Francia.
El paquete para el trimestre abril-junio representa un 5,6 por ciento del PIB e incluye gasto fiscal y facilidades financieras.
Se dispusieron medidas fiscales como el IFE por el que cobran diez mil pesos quienes no tienen una relación laboral formal, esto es, algo así como el 48 por ciento de la población económicamente activa. También el ATP por el que el Estado paga salarios del sector privado.
Asimismo, se dispuso un paquete para financiar créditos productivos orientados a empresas y comercios. A esta línea la financia el Tesoro para subsidiar tasas de interés y ofrecer programas de garantías.
Así, monotributistas y autónomos acceden a crédito a tasa de interés cero de hasta 150 mil pesos, como parte del Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo.
A esto hay que sumar el piso de protección social que tiene Argentina, pese a los recortes del Gobierno Cambiemos. Ya que dedica más de un punto del PIB a asignaciones familiares, por Hijo y por Embarazo, jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas y pensión universal por adulto mayor. Estos derechos adquiridos fueron reforzados, con lo que la inversión representaría alrededor del siete por ciento del PIB.
Aquí vale recalcar que el Estado está pagando hasta la mitad del salario de bolsillo a los trabajadores del 26 por ciento de las empresas que hay en el país y que por el DNU 320 prohibió los despidos.
Pese a esto, sobre todo grandes corporaciones están echando empleados. Techint picó en punta apenas declarada la pandemia, al despedir a 1450 trabajadores.
Esta corporación cuya matriz está en el paraíso fiscal de Luxemburgo, es presidida por Paolo Rocca, quien de acuerdo a la revista internacional Forbes, es el argentino más rico con una fortuna de 9.600 mil millones de dólares.
Desde que se efectivizó el DNU 320, el Observatorio del Derecho Social de la CTA relevo casi cuatrocientas denuncias por despidos y suspensiones.
Rocca fue un ariete para otros sectores del universo del capital que, de forma más solapada, encontraron en la crisis actual un momento formidable para maximizar –todavía más- su tasa de rentabilidad. Por supuesto, a costillas de los que menos tienen.
Despidos y concentración de la riqueza son dos claves para comprender qué se está jugando en Argentina y en tiempos de pandemia.
El ochenta por ciento de la economía está representada por el mercado interno. Por eso todo el esfuerzo fiscal destinado a mantener el consumo y, por consecuencia, a la economía por encima de la línea de flotación.
Todo tras dos años de recesión, balanza comercial negativa y el mercado de financiamiento y crédito internacional cerrado, además de la herencia de un sobreendeudamiento que lleva la deuda pública a una relación superior al ochenta por ciento del PIB. Esto es, un montón de dólares que se fueron por la cloaca de la fuga de capitales auspiciada por la Presidencia Macri (Ver De la deuda al precariado).
Parte de esa fuga de divisas es la deuda que ahora se está intentando restructurar, cuando también se espera que el Congreso considere el proyecto de ley que -si prospera- permitirá que se grave por única vez al 0,08 del total de los contribuyentes que son quienes poseen hiperfortunas.
Aquí debe quedar claro que para implementar las políticas contracíclicas con que se enfrenta la pandemia y en el contexto heredado, al gobierno no le queda otra que emitir hasta rozar el límite de lo recomendable. Esto ayuda explicar el sentido del impuesto que se propone.
Pero paradójicamente muchos de los que desde las usinas empresarial-massmediáticas fustigan la política monetaria de emergencia que intenta sostener el ejecutivo, son beneficiarios de la fuga de capitales perpetrada durante la Presidencia Macri. Y, asimismo de las políticas contracíclicas que permiten que trabajadores de sus corporaciones cobren la mitad de sus salarios con subsidios que el Estado les da a las empresas.
Todos estos son datos para reflexionar cuando comienza a debatirse quién debe hacer el esfuerzo que demanda que, en Argentina, el Covid-19 se cobre la vida de muchas menos personas que en la mayor parte del mundo.
Sobre todo cuando en medio de la negociación por la reestructuración parte de la deuda, agentes de Bolsa y banqueros que actúan bajo el paraguas protector de Ley de Entidades Financieras de la dictadura instalada en 1976, juegan su propio partido en tándem con fondos buitre que operan desde afuera y adentro del país.
Por medio de táctica foquista, la presión massmediática y política buscar condicionar al ejecutivo, para conseguir –entre otras cosas- mejores condiciones para los acreedores, y lograr una devaluación drástica del peso.
Con esto pretenden que, para el día después de la pandemia, quede servido un escenario en el que puedan ir por lo que queda de los sistemas públicos y universales de jubilaciones, salud y educación, así como por una reforma laboral regresiva.
¿Será que es casualidad la reaparición en tándem de economistas massmediáticos partícipes necesarios del proceso que llevó al sobrendeudamiento, a la recesión e inflación más pronunciada de lo que va del siglo, a una balanza comercial negativa y a una situación de estrés que puso al aparato productivo al borde del colapso? ¿Será casual que esto tenga lugar cuando, otro de los ganadores de ese proceso, el sector agroexportador retacea la liquidación de alrededor de nueve mil millones de dólares?
¿Será que las periódicas irrupciones caceroleras que aparecen con reclamos rocambolescos son casualidad?
En la génesis del proceso que desembocó en el Gobierno Cambiemos y todas las consecuencias que trajo, estuvo la intervención por medio de ayuda logística y financiera de ONGs financiadas por fondos buitre.
Entre los casos más relevantes está el vínculo entre el propietario de NML Capital, Paul Singer, y el macrismo, algo que –entre otros- reveló Ramón Fonseca Mora, el socio fundador de la firma Mossack Fonseca, involucrada en los Panamá Pape’rs.
Con Macri en La Rosada, el call center de Marcos Peña fue financiado por el erario público, tal como quedó en evidencia cuando en junio de 2008, el periodista Marcelo Bonelli dijo que el Gobierno de ese momento, tenía un dispositivo de troll’s por el que los que el estado pagaba doscientos millones de pesos al año.
¿Será casualidad que toda esta hiperactividad cacerolera que intenta provocar un putsch, aparezca justo ahora cuando el ejecutivo busca gravar poquito y a pocos poseedores de hiperfortunas, y cuando está definiendo el futuro de una deuda que, a todas luces, tiene un origen fraudulento e ilegal? ¿Quién estará financiando ahora a las cacerolas?