Cada medida deseada y también aquellas forzadas que adopta el gobierno apuntan contra derechos adquiridos de los trabajadores. Esta semana, el Senado comienza a debatir el paquete en que fue destripado el proyecto de reforma laboral que la movilización popular hizo fracasar en diociembre.
El fin de semana largo resultó providencial para La Rosada que arribó al viernes boqueando, agotada por un putch que provino desde el corazón de los grandes ganadores del período inaugurado en diciembre de 2015. La retención de liquidación de divisas, fundamentalmente por parte del complejo agroexportador, explica junto a la voracidad en la toma de ganancias del sector financiero, algo de lo que pasó durante la semana pasada, pero no todo.
Así las cosas, durante el fin de semana desde el ejecutivo se hicieron esfuerzos para recomponer el retorno a una pax que quedó herida con la corrida que llevó a que el precio del dólar cerrara en 20,90 pesos y que el Banco Central vendiera 1.382 millones de esa moneda, pese a que tuvo que subir la tasa de Lebac hasta el 31,5 por ciento.
Pero nada de esto -y mucho menos las ridículas expresiones públicas del ministro Dujovne- sirvió para evitar que la autoridad monetaria drenara por la cloaca 5.102 millones de dólares de reservas, sin que esto lograra evitar que la moneda estadounidense trepara otros 37 centavos.
En este contexto, el sábado, el jefe de gabinete Marcos Peña, ratificó el tipo de cambio flotante, atribuyó la suba del precio del dólar al “contexto internacional” y aseveró que no existe una “crisis de confianza de los mercados”.
Este es el telón de fondo con el que, esta semana, se espera que la Comisión de Trabajo del Senado comience a debatir los tres proyectos sobre reforma laboral que devinieron del destripe que el ejecutivo tuvo que hacer después de que la movilización popular impidiera que prospere la iniciativa original, en diciembre de 2017.
Uno de los tres proyectos habla de algo que ya estaba acordado, durante la previa a las jornadas de diciembre, entre el Triunvirato de la CGT y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. “Prácticas Formativas”, es el título elegido para habilitar que -durante un año- estudiantes trabajen percibiendo un haber mínimo y no remunerativo que llaman “estímulo”, sin que esto le garantice la contratación posterior.
Otro punto es el referido a la regularización de trabajadores no registrados, pero con el previo perdón de las deudas que las patronales mantenían en la relación informal pasible de tanta indulgencia.
Esta medida va a perjudicar al Estado que nunca percibirá los aportes de los años en que se desarrolló la relación informal, pero también al trabajador que se verá forzado a resignar el período en que se desempeñó en negro.
Es que este blanqueo de trabajadores no registrados, no hace otra cosa que habilitar la extinción de la acción penal y liberación de infracciones, multas y sanciones a las patronales. Como diría Macri “volver a fojas cero”.
Y, para ello, se prevé sacar del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), a los empresarios que formalicen el blanqueo durante el año siguiente al momento de la reglamentación de la ley. Como contrapartida, el trabajador deberá “renunciar a toda acción y derecho” contra su empleador por los años que lo tuvo sin registrar.
También hay otro proyecto que prevé la creación de una agencia de evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), destinada a determinar qué enfermedades laborales o tratamientos podrán ser cubiertos por las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio.
Pero todavía hay más. Si prosperan estas iniciativas, aguinaldo y extras como premios y bonos serán dejados de lado a la hora de computar las indemnizaciones que serían reemplazadas por lo que La Rosada llama “fondo de cese laboral”, que los propios trabajadores -mes a mes- van a tener que engordar con aportes de sus propios salarios.
Básicamente, este es el paquete que fue acordado en octubre por la CGT y el gobierno. El mismo que empujó a un sector cegetista liderado por Pablo Moyano a patear el tablero.
En ese momento, los principales líderes de las bancadas peronistas del Congreso le hicieron saber al gobierno que no tenían margen para levantar la mano para sancionar la reforma laboral, sobre todo con una calle que ardía en medio de la feroz represión desatada contra quienes manifestaban contra el Paquetazo que incluía -además- los capítulos previsional y tributario que podaron el haber de jubilados, pensionados, personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica que acceden al derecho de la AUH y ex combatientes de Malvinas.
Desde entonces pasaron cuatro meses en los que, pese al importante acto llevado a cabo el 21 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una jornada de movilización y lucha que recorrió el país, poco y nada se hizo -sobre todo- para construir un plan de lucha capaz de articular las manifestaciones de resistencia del sujeto social agredido por las medidas que adopta La Rosada, a instancias del tándem de poder que gobierna desde 2015.
Porque sin resistencia articulada y fuerte, lo que se propone la reforma laboral -y aún más- avanza en la práctica y sin necesidad de ley, generando un escenario en el que, cuando llegue la norma, sólo va a ser para darle sustento legal a algo que va estar suficientemente extendido y lo que es peor, naturalizado, al menos entre vastos sectores de la sociedad.
Anticipo
Días atrás, la reforma laboral tuvo un anticipo cuando Armando Cavalieri y el ministro Triaca, sellaron un acuerdo que afecta drásticamente salario y derechos adquiridos de los trabajadores de Carrefour.
Este arreglo explicita que se va a tomar como base de cálculo el básico del CCT y algunos rubros más, lo que deja afuera el nuevo rubro Adicional de Empresa, con lo que se perjudica el salario de bolsillo de los trabajadores que recibirán una recomposición salarial menor al escasísimo quince por ciento pactado por el sindicato que preside Cavallieri.
Pero esto no es todo. El arreglo establece con claridad que la empresa puede cerrar “una o más tiendas” y sólo se le exige comunicarlo a la Asociación Gremial y al Ministerio de Trabajo con treinta días de anticipación. Y autoriza a la patronal a alterar las condiciones y lugar de trabajo, todo en un contexto de retiros voluntarios, es decir, despidos encubiertos.
El arreglo Triaca-Cavallieri es un botón de muestra de la connivencia entre burocracia sindical, empresariado y gobierno para destrozar el convenio colectivo por actividad que, en este caso, queda supeditado a un convenio de empresa, firmado a la baja y sin cumplir los requisitos de la legislación vigente.
Así las cosas, con la Caja de Pandora que abrió Carrefour, otra multinacional, el Groupe Casino, que posee los hipermercados Libertad que tienen una presencia importante en las zonas centro y norte del país, ya se anotó para presentar un reclamo similar.
Pero no son los únicos que hacen fila. La firma de capitales chilenos Cencosud, Coto , Dia %, Wal-Mart y hasta La Anónima -sí la de la familia Peña- dejaron trascender que exigirán que se les prodigue la misma consideración que recibió la multinacional de origen francés.
Resulta evidente que para obtener lo que quiere, este sector en el que trabajan a alrededor de cien mil personas, sabe hace valer su capacidad de lobby tanto como para presionar -por medio de la cartelización- a la hora de fijar precios.
Pero cuando el Gobierno Cambiemos ya cruzó su Ecuador, va quedando claro que no todos son perdedores. Cinco grandes jugadores se quedaron con la parte del león desde diciembre de 2015. Ahí está el sector financiero que, pese a esto, presionó hasta sacar una paritaria del quince por ciento a la que sólo la resistencia de La Bancaria consiguió arrancarle una cláusula gatillo. El agronegocio, el sector energético y la minería que no sólo firmaron paritarias a la baja sino que, sistemáticamente, vienen destruyendo empleo.
Y otro, el sector concentrado de la industria exportadora que sigue presionando para forzar devaluación tras devaluación. Pese a esto, con Techint a la cabeza, consiguió que le quiten el impuesto a las ganancias y bienes personales entre otros beneficios tributarios que dispara la reforma aprobada en diciembre de 2017.
Esto hace añicos un mito propio de esta etapa de desarrollo del capitalismo que el Modelo Cambiemos hizo propio ¿Acaso pueden los trabajadores de otros sectores de la economía reconvertirse hacia estos segmentos que -pese a que son los claros ganadores- achican, despiden y contraen salario?
Todo esto -hay que volver a repetirlo- en un contexto en el que la ganancia de las energéticas no conoce techo. De acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, entre 2015 y 2017 la tarifa de servicio eléctrico creció 562 por ciento, la de agua y cloacas 338 y el gas 223. Todo esto, por supuesto, abrumadoramente por encima de los salarios incluidos los de los propios sectores en cuestión, donde este año la burocracia volvió a firmar a la baja.
Otro ejemplo elocuente lo brinda el IPC de Córdoba, que señala que el tarifazo de gas saltó al 204 por ciento, en el caso de la electricidad 159 y para el agua y cloacas 89.
Pero en un país cautivo de los intereses de clase de la banda instalada en La Rosada en diciembre de 2015, todavía quedan negocios para hacer y, para eso, el gobierno lanzó el proceso destinado a otorgar obras en seis corredores viales bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP).
Fue la semana pasada con un acto llevado a cabo en el CCK, en el que se repartieron la torta entre una decena de consorcios integrados por siete transnacionales y 19 empresas radicadas en nuestro país.
Ahí entre los interesados en las obras propuestas por Vialidad Nacional, están pesos pesados de la construcción local como Techint, Roggio, Cartellone, Helport y, por supuesto, Sacde, de Marcelo Mindlin.
Mientras tanto, más de la mitad de las economías regionales están en situación de crisis. Así lo revela, ni más ni menos, que un informe confeccionado por técnicos de Coninagro que fue presentado el jueves pasado y da cuenta de que, entre los problemas que ocasiona tal situación, está el tipo de cambio, la falta de financiamiento, la contracción del mercado interior y la suba de costos internos entre los que se destaca la energía eléctrica.
Entre las que peor están se destacan la producción de peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro y el tabaco que se produce en el norte, pero también el arroz, la forestación, las hortalizas, los cítricos, la lechería, la vitivinicultura, la yerba mate, la papa, los ovinos y la producción de mandioca.
El tema tarifario aparece en el ojo del huracán por el impacto negativo que provoca en la calidad de vida de sectores socioeconómicamente vulnerables y entre los de ingresos medios, lo que provoca un efecto dominó sobre el consumo interno. Pero también es un golpe letal para economías regionales y sector pyme de servicios e industrial.
Pese a esto desde La Rosada y el propio Mauricio Macri insisten con la letanía que las propaladoras massmedia de gobierno se encargan de amplificar hasta el hartazgo.
“No hay otro camino”, repiten sin que nadie prácticamente se lo cuestione y apuntan contra los subsidios que, de acuerdo a esta versión, serían elevadísimos en Argentina y, por lo tanto, distorsionaron la cosa a punto tal de dejar una bomba de relojería en manos del ahora presidente, que el Gobierno Cambiemos estaría “con mucho dolor” intentando desactivar.
¿Pero será tan así? Un trabajo publicado en la cuenta de Twitter @elbosni, revela un documento del FMI titulado “How Large Are Global Energy Subsidies ?”, que revela que el nivel de subsidios que Argentina tenía hasta diciembre de 2015, era muy bajo si se lo compara con la media global.
Este trabajo del FMI lejos está de elogiar la política de subsidios, al contrario, se elaboró para postular que es necesario eliminarlos. Ahí se señala que, hasta 2011, el monto de los subsidios energéticos en el mundo sumaba 4,2 billones de dólares y que de ahí a 2015 se incrementó hasta llegar a alrededor de 5,3 billones de dólares, esto es el 6,5 por ciento del PIB mundial.
Pero cuando se puntualiza el desagregado por país, se advierte que Argentina, con 640 dólares por habitante, subsidiaba por entonces mucho menos que EE.UU., cuyas subvenciones en este rubro alcanzaban los 2.177 dólares per cápita, la República Popular China con 1.652, Canadá con 1.283 e incluso los 1.259 de Australia, los 1.240 de Japón, 1.113 de Israel, 909 de Bélgica y 684 de Alemania. Pero también los 635 de Gran Bretaña, los 521 de España y los 515 de Chile. Es decir que nuestro país se colocaba un 35 por ciento por debajo del promedio mundial.
¿Entonces por qué sacar subsidios al consumo cuando, además y a diferencia de algunos de los países que subvencionaban mucho más que Argentina, el nuestro tenía en ese momento una producción ascendente de combustibles, a lo que había que sumar el as de espadas que significa Vaca Muerta?
La respuesta es clara. Mientras recortan subsidios al consumo, lo que hace que sectores socioeconómicamente vulnerables ya ni siquiera puedan pagar las tarifas de gas y energía eléctrica y condenan a otros medios a pasar un inviernos fresquito, el tándem de poder instalado en La Rosada, fomenta vía tarifazo la subvención -por parte de toda la sociedad- a las empresas energéticas que están manejadas por ellos mismos.
Este es un ejemplo de manual de lo que es la simbiosis necesaria para el funcionamiento del capitalismo, entre el Estado Liberal Burgués y la corporación. Pese a que es tan evidente, el tándem de poder que gobierna logró galvanizar mitos que permiten que sectores importantes de la sociedad hayan naturalizado la idea de que es correcto y viable el drenaje regresivo de riqueza que se perpetra.
El viernes pasado operadores de fondos internacionales, jugadores fuertes de la timba en que el Gobierno Cambiemos convirtió al país, dejaban en claro que ni siquiera están dispuestos a poner de su bolsillo las moneadas que para ellos significa el impuesto financiero que entró en vigencia recientemente para tenedores extranjeros que representa sólo un cinco por ciento de las ganancias conseguidas por tenencia de letras en pesos y quince por ciento, en el caso de aquellas registradas en dólares.
Mientras ellos timbean, esta nueva escalada del precio del dólar que va a empujar otra vez el de los combustibles, pondrá a la inflación oficial de mayo cerca del tres por ciento, lo que acumularía sólo en cinco meses, un once por ciento. Esto en el caso promedio, pero para los sectores más vulnerables socioeconómicamente, la cosa es peor, porque esas personas usan lo poco que tienen en comer y, en el caso de los alimentos, la inflación es aún peor.
Entre esos once -mentirosos- puntos y los quince que el gobierno dice tendrá la inflación este año, hay sólo cuatro ¿Alguien se imagina medio punto de inflación de junio a fin de año? Difícil, tanto como saber cómo se las van a arreglar los trabajadores cuyos sindicatos ya arreglaron recomposiciones salariales de quince puntos o menos. Queda claro que va a ser muy difícil sin un plan de lucha que articule aquellas manifestaciones de resistencia que están dispersas. Pero también que si no es desde las organizaciones sindicales donde surja ese plan, será desde las bases.
