Hugo Mir, abogado laboralista del PC y de la Lahd, advirtió sobre los aberrantes recortes que se harán en política laboral si se aprueba el Proyecto de Presupuesto 2019.
El 14 de noviembre, después de la media sanción que tuvo el jueves en Diputados, se votará en el Senado si sale el Proyecto de Presupuesto 2019, dictado por el FMI.
En su texto queda claro que, si prospera la iniciativa, los principales programas destinados a la generación de empleo serán recortados.
Los recursos para formación y regulación de política laboral resultarán un 66,8 por ciento inferiores a los del año en curso.
Asimismo, para regularización del trabajo, habrá 42,8 por ciento menos fondos y, en menor medida, también se achican las partidas para acciones de empleo, acciones de capacitación laboral y fiscalización del cumplimiento de la Ley de Riesgo del Trabajo.
“Este gobierno es enemigo de los trabajadores y el conjunto del pueblo y con este Presupuesto atroz lo demuestra”, sostuvo Hugo Mir y agregó que “lo único que hizo desde que asumió, es actuar como aliado de la cámara empresaria de turno”.
Cabe destacar que entre trabajo regularizado, estatal y el que se realiza en condiciones de informalidad, se produjeron más de seiscientos mil despidos desde diciembre de 2015, a lo que hay que añadirle un estimativo de un treinta por ciento entre los trabajadores que se desempeñan en condiciones de informalidad.
En este contexto, Mir recalcó que “la tarea que está llevando a cabo el gobierno es presionar a los sindicatos para que concilien la negociación en paritarias con la mayor rapidez y en las peores condiciones”.
El abogado laboralista del PC no pudo dejar de referirse al presidente Macri. Es un caradura cuando cuestiona la litigiosidad laboral y acusa a los juicios laborales como los culpables por varios cierres de empresas que tuvieron lugar durante estos últimos años”, resaltó.
Tras lo que aclaró que “si se cerraron empresas, sobre todo Pymes, es por la apertura indiscriminada de importaciones, las cifras impagables de los servicios y la destrucción del mercado interno”.
Y con contundencia hizo hincapié en que “un juicio laboral es la defensa justa que tiene un trabajador ante la violación de sus derechos”.
Siguiendo esta línea, Mir se refirió a la situación actual de las ART. “Esto es dilatorio para cualquier trabajador que está en la espera de un juicio y, en esa espera, terminan aceptando cualquier limosna en lugar de recibir reparación integral ante una dolencia o ante un accidente”, lamentó.
Asimismo, se refirió a la reforma laboral que el ejecutivo quiso sacar en diciembre de 2017, la misma en la que espera avanzar a caballo del Presupuesto 2019.
“Si bien mantienen la idea sobre la reforma laboral, saben que no pueden avanzar, por eso el objetivo político de Cambiemos es debilitar a las fuerzas sindicales para imponerla y hacerlo con cualquier otro tipo de negociación a la baja de los salarios”, recalcó Mir y aseveró que “la movilización popular va a ser esencial para luchar contra este Presupuesto del FMI”.
ART
Mientras el gobierno pone presión a las provincias que todavía no firmaron la Ley Nacional de ART, se supo que durante 2017 creció en un cinco por ciento la cantidad de trabajadores que fallecieron por accidentes laborales.
Esta Ley que nació en un contexto de deterioro de la estructura laboral, contempla modificaciones al sistema de riesgos del trabajo, que van en consonancia con el reclamo de cámaras empresarias y las aseguradoras que, durante años, buscaron restringir la capacidad de los trabajadores para iniciar acciones legales, minimizar sus riesgos y reducir los costos que deben asumir los empleadores.
La cifra total es de 743 trabajadores y representa la primera vez, desde 2011, que el indicador muestra una suba de los accidentes fatales.
El dato fue suministrado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) en su informe anual, y revela que entre los sectores más afectados están agropecuario, minería, transporte y comercio.
La SRT resalta en este informe que “bajó la accidentabilidad laboral en las principales actividades económicas”, pero el Espacio Intersindical Salud Trabajo y Participación atribuye esto a “problemas estructurales del sistema de riesgos de trabajo que subregistra enfermedades profesionales y no incrementa los niveles de cobertura así como de los de desajustes macroeconómicos observados desde el año pasado”.
Vale citar que el universo de la siniestralidad laboral del que da cuenta la SRT, evita contemplar a trabajadores informales, así como a siniestros no reconocidos por empleadores y aseguradoras, lo que habla de un subregistro.