Finalmente el gobierno adelantó para enero el traspaso administrativo y presupuestario de la tarifa social a las provincias. Con esta medida, más de cuatro millones de personas, en su mayoría jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales, corren el riesgo de perder el subsidio en el marco de un nuevo tarifazo en el sector, del 55 por ciento para el 2019. El acumulado en el período 2016-2019 será de hasta un 3.624 por ciento.
El gobierno oficializó la eliminación de la tarifa social eléctrica a nivel nacional. A través de una resolución de la Secretaría de Energía, el macrismo traspasó la responsabilidad del subsidio a las provincias, cumpliendo así con una vieja pretensión neoliberal: transferir a los Estados regionales y locales la incumbencia de obligaciones que por definición corresponden a los Estados nacionales.
Desde el desembarco del Fondo Monetario Internacional (FMI) era un secreto a voces que el Estado nacional comenzaría a desprenderse de obligaciones presupuestarias destinadas a financiar derechos sociales y económicos de la población. Incluso, formó parte de la negociación que el Gabinete llevó a cabo con los gobernadores para sellar el Pacto Fiscal con el que el macrismo viene disciplinando a los gobiernos provinciales y favoreciendo a los propios, especialmente a María Eugenia Vidal.
La medida del Ejecutivo tiene fuertes incidencias en dos dimensiones: la política y la económica. Sus consecuencias pueden verse magnificadas por el contexto electoral. Para poder dar cuenta del impacto de la medida y como puede incidir en el curso político y económico del año, primero es necesario entender en qué consiste específicamente, a quiénes beneficia y qué sector de la población es el más afectada.
Hasta el 31 de diciembre del 2018 la tarifa social era un beneficio con el que contaban alrededor de 4,1 millones de personas. El universo de beneficiarios de la tarifa social estaba compuesto por jubilados, pensionados y trabajadores. Entre los trabajadores, existía una segmentación que daba cuenta de las condiciones laborales en la Argentina: precarizados o “monotributistas sociales”, el personal de servicio doméstico y trabajadores cuyos ingresos eran igual o menores a dos salarios mínimos.
Salta a la vista cómo entre los beneficiarios de la tarifa social se encuentra el sector más vulnerable de la economía. Uno de los objetivos de esta tarifa, que el gobierno había prometido una y otra vez que se iba a mantener, era subsidiar el consumo eléctrico de una parte de la población. Como se sabe, el macrismo vino a terminar con los subsidios, pero no se quedó ahí: eliminó también toda una serie de políticas de contención social, destruyó el poder adquisitivo del salario y operó una fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacía el capital ¿Cómo lo hizo? A través de la política tarifaria o, sin eufemismos, con los tarifazos.
Los afectados
Antes de dejar su cargo como Secretario de Energía, Javier Iguacel firmó la Resolución 366/2018 con la que derogó la 1091/2017 que establecía los precios diferenciados para los beneficiarios de la tarifa social. Con esta Resolución, el Ejecutivo fijó los nuevos precios y eliminó, a nivel nacional, la tarifa especial que protegía una parte de los ingresos de los sectores más vulnerables. Ahora, será responsabilidad de los gobiernos provinciales administrar y costear -o no- los subsidios eléctricos.
Así las cosas, el gobierno nacional dejó desprotegidas a más de cuatro millones de personas ¿En qué contexto lo hizo? En el contexto de la profundización de su política tarifaria. Recordemos que la política tarifaria del macrismo se viene sosteniendo sobre la base de tres pilares fundamentales y altamente regresivos: dolarización de las tarifas, eliminación de subsidios a los usuarios y traspaso de las obligaciones presupuestarias a las provincias.
De la Resolución en cuestión se desprende que las provincias desde el 1 de enero tienen la potestad de definir, en cada caso, la tarifa diferencial. De esta manera, el esquema tarifario en Argentina podría pasar de una tarifa social nacional a 23 tarifas sociales, según las posibilidades y prioridades de cada provincia. En este contexto, ya hay algunos gobernadores que avisaron que no podrán hacerse cargo de los subsidios. En La Pampa, el gobierno provincial ya anunció que no está en condiciones de absorber la inversión. Santa Fe tiene presupuestado sólo el 50 por ciento del costo total del subsidio para los habitantes de su provincia ¿y la otra mitad? Mientras que en Tucumán el poder ejecutivo decidió judicializar la resolución.
Los que ya anunciaron que sí podrán financiar el costo de la tarifa social fueron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de algo más de 12 mil millones en la provincia de Buenos Aires y de 600 en la Ciudad Autónoma. Tal como se demostró en distintos artículos publicados en Nuestra Propuesta Diario, el Pacto Fiscal estaba diseñado para favorecer a los dos principales aliados que la Casa Rosada tiene en el país: Vidal y Larreta. Por eso, ambos mandatarios podrán absorber la presión que la salvaje política tarifaria del macrismo ejerce sobre los sectores más vulnerables.
Los ganadores
En el sector energético, los claros ganadores de la política tarifaria del macrismo son los grandes empresarios del sector, especialmente los que ostentan el control de la distribución de la energía eléctrica en el Área Metropolitana y en las principales urbes del país. Hablamos del Grupo Pampa Energía, propietaria de Edenor, y del Grupo Enel, dueño de Edesur.
Entre los propietarios de Edenor y Edesur se encuentran los amigos más íntimos del presidente y, por ende, parte de los empresarios favoritos del modelo: Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Joe Lewis.
Las ganancias siderales se pueden explicar por la cantidad impresionante de recursos que recibieron durante los últimos tres años gracias a dos medidas trascendentales del gobierno: los tarifazos –con tarifas especiales para las empresas electrointensivas- y la condonación de deuda por parte de Cammesa –Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A- a distribuidoras como Edenor, Edesur y Edelap.
Cammesa condonó en 2016 19 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, pese a prosperar los tarifazos. Así las cosas, a Edenor se le condonaron 1229 millones de pesos, a Edesur 429 y a Edelap 1798. Lo que resulta claro que para el oficialismo la política tarifaria se centra en la reducción de subsidios a los consumidores mientras se amplían los beneficios para las empresas de energía.
Futuro
La política tarifaria del macrismo es una de las piedras angulares del modelo económico del bloque de poder dominante en el país. Junto a la política de endeudamiento externo masivo y la timba financiera, forma parte de la triada del saqueo con la que Mauricio Macri y sus secuaces vienen absorbiendo la riqueza del país. Ninguna de las tres puede pensarse como separado. Incluso, cada una puede explicar a la otra. Esto es posible porque lo que se viene aplicando en la Argentina es la tercera fase de la política neoliberal inaugurada por la dictadura cívico-militar con Martínez de Hoz a la cabeza, continuada por el menemismo en los noventa y ahora profundizada por el macrismo tras doce años de políticas anticíclicas -pero no anti-estructurales- ensayadas por el kirchnerismo.
Esta y ninguna otra es la explicación de por qué el gobierno continúa con los aumentos de tarifas en el marco de la crisis económica del país. Con un mercado interno cada vez más pequeño y una economía en plena recesión, el gobierno anunció un aumento de la tarifa eléctrica del 55 por ciento para el 2019, junto a una batería de incrementos que afecta también a la salud, el transporte, el gas y el agua, entre otros.
Los números e informes de todos los centros especializados -los del establishment y los de organizaciones gremiales y académicas- coinciden en la gravedad del escenario económico nacional. A ello se le añade la pérdida de soberanía que trae aparejado el endeudamiento externo masivo y el crédito stand-by que otorgó el FMI. En el corto plazo y en el marco de un gobierno neoliberal no hay salida posible ante la crisis que lejos de avecinarse ya llegó para quedarse. Pero tampoco habrá salida con un nuevo gobierno que repita las medidas anticíclicas ensayadas por el kirchnerismo. Para ello habrá que construir una nueva correlación de fuerzas en el escenario nacional y latinoamericano desde la cual sea posible impulsar un programa revolucionario que enfrente al bloque de poder real y sus políticas neoliberales.