Tarifazo en Ecuador a la medida del FMI. Movilización popular y represión policial. El paquete que aceptó Moreno es casi un calco del decálogo del FMI que compraron Macri, Temer y, ahora, Bolsonaro.
Al cierre de esta edición, se llevaba a cabo la segunda jornada de paro de transportes que afecta también a la administración pública y el sistema educativo. La medida de fuerza responde a la decisión adoptada por el presidente, Lenín Moreno, de retirar el subsidio estatal a los combustibles, a partir de la “recomendación” hecha por el FMI, lo que provocó un incremento del 123 por ciento en ese rubro. En este contexto, la reacción popular no se hizo esperar. Anoche hubo manifestaciones que se prologan hoy en todo el país con epicentro en Quito.
Moreno decretó el “estado de excepción”, lo que habilitó una feroz represión policial y amenaza con la intervención de las Fuerzas Armadas. La jornada de ayer acabó con más de treinta heridos y alrededor de trescientos detenidos.
Por su parte, organizaciones y movimientos indígenas que tienen integrantes que ocupan cargos públicos en prefecturas y concejalías, se convocaron en asamblea y decidieron sumarse paro.
Además de exigir que se deroguen el estado de excepción y el decreto 883 que habilita el tarifazo en los combustibles, rechazan las reformas del Código Laboral, solicita que se reformule la Ley Agraria.
El ajuste en el precio de los combustibles, llega poco después de que Moreno decidiera que Ecuador se retire de la Organización de los Países Productores de Petróleo (Opep) y en el contexto de un paquete de reformas regresivas en lo laboral y tributario en el que, según anunció, piensa avanzar su gobierno.
¿Puede pensarse que algo de esto es casual? Difícilmente. El paquete de Moreno es casi un calco del decálogo del FMI que aceptaron gobiernos como el de Mauricio Macri y Michel Temer que, ahora, continúa Jair Bolsonaro. Y allá como acá, sería sólo patético, si no fuera por las terribles consecuencias que trae a personas concretas.
Sólo un día antes de que Moreno declarara el estado de excepción, el FMI hizo un explícito apoyo al paquete que presentó el mandatario ecuatoriano.
“Las reformas anunciadas ayer por el presidente Lenín Moreno, tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo”, señala un del organismo que en su contenido es casi idéntico al que usan, por ejemplo, para avalar las medidas del Gobierno Cambiemos.
Y esto no es todo. “El Gobierno también está trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, como la reforma del Banco Central y el código orgánico de presupuesto y planificación”.
¿Qué quiere decir esto? Que para apuntalar las consecuencias insoslayables de una decisión letal como fue la dolarización de Ecuador, es preciso profundizar, más y siempre, el ajuste de una formación estatal que junto con su moneda, perdió la posibilidad de tener soberanía económica y nacional.
Vale citar que merced a lo acordado entre el FMI y el gobierno que encabeza Moreno, hasta agosto Ecuador recibió 2.113 millones de dólares de un total de 4.624. De ellos, quinientos millones deben llegar antes de fin de año. El precio está a la vista.
La voz del PCE
“Manifestamos nuestro absoluto rechazo al contenido reaccionario y antipopular del decreto que pretende poner sobre el pueblo ecuatoriano la grave crisis económica por la que atraviesa el país a consecuencia de la entrega de los ingresos fiscales y económicos a los empresario y oligarquías nacionales”, recalcó el Partido Comunista de Ecuador (PCE).
Por eso, el PCE instó “a los trabajadores, campesinos, indígenas, artesanos, al pueblo en general a salir a las calles para detener la mano siniestra del imperialismo, de las disposiciones criminales del FMI, apoyando los sectores de transportistas que han paralizado sus labores a fin de detener el alza de los combustibles y mas derivados que objetivamente encarecerán la vida diaria de los ecuatorianos, produciéndose la escases de alimentos y todo lo necesario para la subsistencia de la familia”.
Y fue claro al señalar que, “con el peor descaro, el presidente Moreno inicia sus decisiones económicas con la supuesta contribución especial de los empresarios en un lapso de tres años por un valor de trescientos millones de dólares con el supuesto de que este valor iría a la Seguridad, Educación y Salud”.
Después aclara que “nadie podrá pedirle explicación de no cumplirse esta propuesta pues él ya no estaría en la Presidencia o sería devuelto, anulado como lo fue los casi cinco mil millones de dólares condonados a favor de los empresario en meses atrás”, algo que también sucede con el valor agregado “cuyo impuesto también se le quita”.
Asimismo, recuerda el impacto que la medida tiene sobre el precio de los combustibles “lo que objetivamente encarecerá todos los productos, especialmente los de primera necesidad, que se transportan diariamente por las carreteras y callen de nuestro país” por lo que “los valores que se incrementen serán cargados al pueblo consumidor”.
También aclaró que “la amenaza de las reformas laborales son un hecho cierto en manos de la mayoría patronal y corrupta de la Asamblea Nacional”, al tiempo que denunció que “los derechos que pretenden ser escamoteados por este gobierno empresarial, disminuye en la practica el salario mínimo vital y rebaja las vacaciones a quince días”.
Tras lo que es claro cuando recalca que “es falso que las medidas crearan nuevas fuentes de trabajo, cuando en la práctica han puesto en la desocupación a centenares de miles de trabajadores tanto de sector público como privado”.
Y hace hincapié en que “las órdenes del plan económico del FMI son cumplidas a rajatabla por el gobierno de Moreno y sus ministros en perjuicio de todo el pueblo”.