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La jueza María Servini quiere reactivar la causa contra Martín Villa, un ex ministro de España que aparece como una pieza clave en una docena de asesinatos perpetrados por la dictadura.

Martín Villa está acusado de tener responsabilidad penal en la comisión de una docena de homicidios, que fueron perpetrados cuando perteneció al staff del dictador Francisco Franco, donde escaló hasta ocupar las carteras de Relaciones Sindicales y Gobernación, entre 1976 y 1978, desde donde tejió estrechos vínculos con la Triple A.

La semana pasada la jueza argentina, María Servini, pidió al Estado español información sobre las instrucciones firmadas por Villa cuando era ministro, sobre qué procedimientos debían emplear las fuerzas policiales para disolver manifestaciones y cuál era el criterio que se tenía respecto a las bandas de ultraderecha que solían atacar a quienes se movilizaban para demandar amnistía para los presos políticos del franquismo, que aún estaban prisioneros durante el comienzo de la transición.

Servini ya intentó llevar a juicio a Villa, al menos, en cuatro de los casos en los que lo involucra que se refieren a asesinatos, pero la Cámara de Apelaciones frenó tal posibilidad durante diciembre de 2021, al revocar el procesamiento que había dictado la magistrada.

Esa vez la Cámara sostuvo que no estaba demostrado que los cuatro asesinatos fueran crímenes de lesa humanidad, por lo que pidió que Servini profundice su investigación, algo que llevó a cabo, por lo que insiste en pedir que el Estado español suministre la información que viene requiriendo, algo que considera clave para apuntalar la denuncia de que los crímenes formaron parte de un ataque sistemático contra una parte de la población.

Entre otras cosas, solicita que España informe acerca de la cantidad de procesos judiciales que, por esos años, se iniciaron contra los ultraderechistas responsables de asesinar o lesionar gravemente a manifestantes. Pero también que el Estado español brinde precisiones respecto al manual que servía de instructivo para el accionar policial, donde se señalaba literalmente que “la represión no alcanza su fin si es blanda”, por lo que “se debe actuar dura y enérgicamente empleando desde la carga con la defensa hasta el fuego con toda clase de armas”.

Uno de los doce crímenes que la jueza Servini le imputa a Villa es el de Arturo Ruiz, quien fue ultimado el 23 de enero de 1977 cuando tenía 19 años, por Ignacio Fernández Guaza, un individuo que integraba Guerrilleros de Cristo Rey, que era un grupo paramilitar de extrema derecha asociado con la Triple A.

Fernández Guaza lo mató disparándole un tipo por la espalda, durante una manifestación que se celebraba en Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos. La actividad de Guerrilleros de Cristo Rey y de los miembros de la Triple A que actuaban en España, recibían apoyo económico y logístico por parte del aparato estatal en el que Villa era una pieza clave. Y esto quedó exhibido cuando, tras perpetrar el asesinato, Fernández Guaza huyó de España con la ayuda de sectores de la Guardia Civil, pero también por el hecho de que nunca resultó juzgado y en 2000 la Audiencia Nacional lo sobreseyó.

La jueza pide información a la Audiencia Nacional sobre si el caso puede reabrirse en España o está cerrada la vía por prescripción, tal como lo decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en septiembre de 2023, por medio de un fallo que los hermanos de Arturo Ruiz apelaron. Y, en una dirección similar, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, dirigida por Dolores Delgado, abrió un expediente de seguimiento del caso para estudiarlo.

Con todos estos antecedentes, más las nuevas pistas que aparecieron sobre el asesinato de Ruiz, la jueza quiere saber si España va a investigar. Sobre todo después de que Fernández Guaza fuera localizado en Argentina, tal como lo corroboran imágenes e información sobre la vida que lleva el asesino de Ruiz, que uno de los abogados de la querella de nuestro país aportó al juzgado de Servini el 31 de marzo de 2023. Por ahora, la magistrada determinó que Fernández Guaza sea investigado para que explique por qué posee documentación falsa, ya que vive con una identidad ajena.