Alrededor de cinco mil palestinos son presos políticos en cárceles israelíes y, en muchos casos, se trata de niños. La legislación del apartheid permite que el Estado de Israel los mantenga detenidos sin que se presenten cargos ni se someta a juicio al prisionero.
En diferentes ciudades del planeta y con distintas actividades se conmemoró el Día del Prisionero Palestino y, en todos los casos, se hizo hincapié en recalcar la situación por la que atraviesan alrededor de cinco mil palestinos -muchos de ellos niños- que son presos políticos en cárceles israelíes.
Este año la jornada se desarrolló con un telón de fondo de extrema tensión a raíz de las prolongadas huelgas de hambre que sostienen varios presos políticos, así como de la reciente muerte de dos palestinos que se encontraban bajo custodia israelí. En uno de los casos se trata de un enfermo de cáncer al que se le retaceó la posibilidad de que acceda a la debida atención médica y el restante era un prisionero que pereció como consecuencia de las torturas a las que fue sometido.
Al respecto, el ministro de la Autoridad Nacional Palestina para los Presos, Issa Qaraqe, denunció el sábado pasado que los centros médicos que funcionan en el sistema penitenciario israelí no cumplen los parámetros requeridos internacionalmente, por lo que hay 1.400 reclusos palestinos afectados por la falta de asistencia.
El Día del Prisionero Palestino se conmemora desde 1974 para visibilizar la situación de miles de prisioneros que están confinados, de forma irregular, en cárceles del Estado de Israel sin las mínimas garantías de observancia al debido proceso y a sus derechos humanos.
Desde que durante 1967 Israel ocupó militarmente la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, más de un millón de palestinos -sobre una población de 4.5 millones- fueron detenidos. Y en lo que va del siglo 21, Israel encarceló a más de diez mil niños palestinos en Cisjordania, Jerusalén del Este y la Franja de Gaza, de los que una cifra superior al sesenta por ciento fue sometido a torturas, tal como consta en un informe presentado por la Asociación de Presos Palestinos.
Como potencia ocupante del territorio de Palestina, las fuerzas militares de Israel llevan a cabo esta política sistemáticamente y amparadas en una legislación que, basada en un criterio supremasista, es aplicable únicamente contra la población palestina.
De ahí que muchas de las detenciones sean perpetradas bajo las categorías de “detención administrativa” lo que por la legislación israelí, permite la captura por tiempo indefinido, sin que se presenten cargos ni se someta a juicio al prisionero, lo que transgrede los fundamentos del debido proceso y varias convenciones de carácter internacional.