El FMI aprieta, Abdo obedece

Latinoamérica y Caribe
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Tras la revisión de cuentas por parte del Fondo, en Paraguay se derogó la ley que establecía subsidios sobre el precio de los combustibles de la estatal Petropar.

A pedido del ejecutivo, el lunes pasado, la Cámara de Diputados de Paraguay derogó la ley que establecía subsidios sobre el precio de los combustibles de la estatal Petropar y rechazó que se cree un fondo de estabilización que incluya a las firmas privadas en ese beneficio, por lo que se espera que esto impacte en una nueva alza de los precios de las naftas.

La decisión fue adoptada a instancias de las “recomendaciones” que hizo el FMI al gobierno que encabeza Mario Abdo Benítez, al que también presiona para que reduzca la recomposición de salarios y sostenga una disciplina fiscal estricta que enfría la economía paraguaya.

La postura del FMI fue anunciada tras analizar las cuentas de Paraguay en el marco de la evaluación periódica que este organismo multilateral lleva a cabo a sus países miembros. “El gobierno enfrenta presiones de incremento salarial y varios proyectos en el Congreso relacionados que ponen en riesgo la estabilidad fiscal”, advirtió ahí el Fondo y la respuesta gubernamental no se hizo esperar.

Es que el informe confeccionado por los técnicos del FMI también apuntaba al subsidio al combustible que el propio gobierno había impulsado recientemente, una medida que elevó la inversión pública penas un 0,3 por ciento del Producto Bruto Interno, algo que fue considerado como demasiado derroche por el Fondo.

Pero la respuesta que tampoco se hizo esperar fue la de taxistas, transportistas y camioneros que días atrás protestaron públicamente por el elevado precio de las naftas. Con este telón de fondo, el Partido Comunista Paraguayo dijo que es preciso “recuperar todo lo robado”, por lo que instó a la clase trabajadora “a trabajar por la masificación de la consciencia, el coraje y la acción conjunta”.

Al respecto, hizo hincapié en la relevancia de las movilizaciones “que reclaman la baja de precios de combustibles y la recuperación del carácter regulador de Petropar”, así como la de “la lucha por un precio de pasaje justo, además de un radical mejoramiento de la calidad y cobertura del transporte público tanto en la zona metropolitana como a nivel nacional”.