Se levantó el paro que lideró la Conaie en Ecuador durante más de dos semanas. “Hay condiciones parecidas a las del 2019”, aseveró desde el Partido Comunista de Ecuador Bruno Soria, al comparar este momento con aquel que casi se lleva puesto al gobierno de Lenin Moreno.
El gobierno de Ecuador y los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) que preside Leonidas Iza, alcanzaron un acuerdo que puso fin al paro que durante más de dos semanas atravesó todo Ecuador para protestar contra medidas económicas que había dispuesto el presidente Guillermo Lasso.
Cabe recordar que en ese contexto hubo bloqueos en rutas y las fuerzas policiales desataron una feroz represión que dejó un saldo de, al menos seis muertos y alrededor de quinientos heridos.
Entre los principales reclamos aparecían que se deje sin efecto el tarifazo que afectó al precio de la gasolina y el diésel, la limitación de la expansión extractivista y mayores plazos para cubrir deudas de particulares con los bancos, entre otros.
Así, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ambas partes acordaron una rebaja de quince centavos de dólar por galón para los combustibles subsidiados, lo que significa una merma bastante inferior en el precio, si se tiene en cuenta que la Conaie demandaba originalmente una reducción de cuarenta centavos.
Pero asimismo el gobierno se comprometió a derogar un decreto que promovía la actividad petrolera en la Amazonía y a frenar las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios ancestrales de pueblos indígenas.
Y estos puntos se suman al anuncio que poco antes hizo Lasso, vinculado a otros alivios económicos como aumento de subsidios mensuales para las familias más empobrecidas y condonación de deudas, así como la declaración del estado de emergencia para el sistema de salud pública y la promesa de duplicar el presupuesto de la educación intercultural para las comunidades indígenas.
Así las cosas, aunque admitió que el acta de acuerdo no incluye todas las demandas, Iza destacó que presenta “importantes logros” y, tras recalcar que es preciso que el gobierno no se criminalice a quienes participaron de las protestas, sostuvo que si el acuerdo no se cumple totalmente en un plazo de noventa días, “volverán las movilizaciones”.
Equilibrio inestable
¿Pero es este el final de la crisis que puso al Gobierno Lasso al borde del precipicio o acaso sólo es un paréntesis? “Hay condiciones parecidas a las del 2019”, aseveró el profesor de la Universidad estatal de Bolívar y militante del Partido Comunista de Ecuador Bruno Soria, al comparar este momento con aquel que casi se lleva puesto al gobierno de Lenin Moreno.
“Estas protestas rechazan las políticas que privilegiaron a un pequeño sector de la elite, mientras se desatendieron las necesidades de la mayoría”, señaló y añadió que el país está atravesado por “desempleo, empobrecimiento y una ola de inseguridad y crimen que da cuenta del empobrecimiento de la población y de las penetrantes redes del crimen organizado”.
Así las cosas, Soria hizo hincapié en que existe un hilo conductor que tiene que ver con la “destrucción de la estructura del Estado”, entre los gobiernos de Moreno y el de Lasso y en que “el desplome de la aceptación que tiene el actual presidente, se vincula con el descontento que no está desarticulado de las políticas de 2019”.
También advirtió que con este telón de fondo, desde el Palacio de Carondelet, pretenden imponer “distintas leyes que tienen que ver con su proyecto neoliberal y que no tienen buena acogida como la reforma laboral”, al tiempo que se focalizó en acordar con el FMI el pago de ocho mil millones de dólares, mientras recortaba presupuesto en áreas sensibles como la sanitaria.
Pero asimismo, “inició un proceso para la privatización de lo público que abarca la destrucción de los servicios de salud y educación”, en tanto que afecta seriamente a la seguridad pública lo que llevó a que “Guayaquil pase a estar entre las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo”.
Y, esto en un escenario en el que “los peores índices sociales están en los sectores indígenas, donde se registran muchos casos de desnutrición infantil y materna, mortalidad materna y analfabetismo”, a lo que se suma “un campesinado que vive de la economía diaria”, por lo que a nadie debe sorprender que “muchos se vean obligados a migrar empujados por las condiciones de pobreza”.