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La Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la no Injerencia desnudó el papel que jugó el gobierno de Ecuador en la represión desatada durante el Paro Nacional de junio.

El Partido Comunista del Ecuador hizo pública su satisfacción por la tarea llevada a cabo por el equipo de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la no Injerencia (Cpaz), en la elaboración del Informe de Verificación de Violaciones a los Derechos Humanos durante el Paro Nacional de junio pasado.

El informe de la Cpaz fue presentado recientemente y ahí se denuncia al Gobierno que encabeza Guillermo Lasso como autor de violaciones a los derechos humanos durante las protestas que tuvieron lugar en el contexto de esas jornadas.

“Durante el paro nacional el Estado ecuatoriano violó gravemente los derechos de libertad, en especial el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad personal, a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia”, alerta el informe y añade que también se vulneraron los derechos “de las personas y grupos de atención prioritaria”, así como “los de comunidades, pueblos y nacionalidades”.

El relevamiento que hizo la Cpaz abarca los hechos que tuvieron lugar desde el 13 al 30 de junio, pero también repasa los sucesos de las jornadas de octubre de 2019 y advierte sobre la preocupante situación penitenciaria y la violencia social que forman parte del contexto de la represión que se perpetró durante los días del paro nacional.

“Las fuerzas de seguridad del Estado aplicaron un uso excesivo de la fuerza, amparados en los decretos de Estados de Excepción”, señala y añade que en este marco, los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, incluido el director del Centro de Inteligencia Estratégica, “aplicaron una ‘lógica de guerra’ contra las personas manifestantes y, en general, la población civil, en particular en zonas rurales o periféricas de las grandes urbes, y en territorios comunitarios y comunales, en el Distrito Metropolitano de Quito”.

Así las cosas, el escrito señala la responsabilidad de Lasso y los ministros de Interior y Defensa, los generales Patricio Carrillo y Luis Lara Jaramillo, de “posicionar ante la opinión pública, a través de los medios de comunicación de alcance nacional, una descripción distorsionada de las causas legítimas de las protestas y movilizaciones sociales, relacionando a sus dirigentes con presuntos ‘enemigos internos’ y acusándolos, sin pruebas hasta la fecha, de recibir financiamiento del narcotráfico para sostener el paro nacional”.

También denuncia que tal como pasó duran te las jornadas de octubre de 2019, las “zonas de paz” acordadas entre autoridades universitarias e instituciones estatales “fueron objeto de violentos operativos policiales y militares que pusieron en serio riesgo la vida e integridad de cientos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, y adultos”.