El miércoles que viene, el Congreso de mayoría fujimorista, va a votar una nueva moción destituyente contra el presidente Pedro Castillo.
En la que es la tercera moción para derrocarlo desde que asumió el 28 de julio de 2021, el Congreso de Perú admitió un pedido de destitución del presidente Pedro Castillo, que se va a debatir el miércoles próximo.
Esta vez la iniciativa que fue presentada la semana pasada por el diputado derechista Edward Málaga, contó con el apoyo de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, así como con el de dos legisladores que tienen monobloques.
La moción presentada se basa en la acusación de “incapacidad moral” de Castillo para ejercer el cargo a raíz de casos de corrupción que rozan a miembros de su familia. Hace un año, otra similar no logró prosperar ya que no consiguió los 52 votos necesarios y, el 28 de marzo, el Congreso rechazó la segunda ya que la oposición alcanzó 55 votos a favor de los 87 que precisaba para expulsar a Castillo de la Casa de Pizarro.
Pero lo cierto es que, aunque hasta ahora no lograron sacarlo del Gobierno, cada intento significó una estocada que junto a los reiterados cambios de Gabinete que forzó la oposición parlamentaria, aportan a debilitar e inmovilizar a la Presidencia Castillo que cada vez la tiene más difícil.
Y, en esta pulseada, la nueva moción destituyente, aparece como una clara respuesta de un Congreso que controlan bloques afines al fujimorismo, al reciente intento del ejecutivo de hacer prosperar un proyecto de ley que hubiera permitido que convoque a referendo sin pasar por el tamiz legislativo. Con esa herramienta, Castillo hubiese podido refrendar su gestión de gobierno de forma más o menos directa con la sociedad y, fundamentalmente, eludiendo la constante obstrucción del Congreso.
Con este telón de fondo, desde el Partido Comunista Peruano (PCP) se insiste en que se está en marcha un golpe de Estado, que es planificado y financiado “por la ultraderecha fascista, la mafia fujimontesinista y la narcopolítica”, que busca “burlar la voluntad popular”, lo que “pone a la democracia al borde del abismo”.