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El Congreso de Perú le cerró la puerta al adelantamiento de las elecciones y le dio poderes extraordinarios a Dina Boluarte. Sigue la represión y tanquetas policiales cercan la sede de la central de trabajadores.

Granadas de gas lacrimógeno y proyectiles de goma, fueron disparados por la Policía Nacional de Perú contra manifestantes que el sábado pasado se movilizaron en Lima para participar de la Marcha Nacional contra la Impunidad convocada por diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales.

El motivo para salir a las calles, sigue siendo el mismo que reclama buena parte de la población de Perú desde que fuera derrocado Pedro Castillo: que se adelante la fecha de las elecciones para este año, que se convoque a votar representantes a una asamblea constituyente que redacte una Carta Magna para reemplazar a la que se heredó del fujimorismo y que renuncie Dina Boluarte. Pero también se pide verdad y justicia para las víctimas de la represión que en lo que, va de su mandato, ya dejó un saldo de al menos sesenta personas asesinadas.

Durante la misma jornada y en un nuevo acto de provocación, tanquetas policiales cercaron la sede  de la Confederación General de Trabajadores en la capital del país. “La Cgtp no es sólo es su local y por lo tanto, esta exhibición cobarde que hace el gobierno de Dina Boluarte y sus títeres del neoliberalismo, no podrá quebrar nuestra lucha”, se recalcó desde la central y se exigió “la inmediata desmilitarización del país y el retiro de las tanquetas”.

En este contexto, hace poco Boluarte decidió que Perú rompa relaciones diplomáticas con México, ya que recrimina la actitud solidaria que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sostiene con Castillo y el pueblo peruano que ve cercenado el ejercicio de sus derechos constitucionales por una ley de emergencia que dictó la presidenta de facto.

Con este telón de fondo, el Congreso descartó la posibilidad de adelantar las elecciones y decidió darle a Boluarte, por tres meses, facultades para legislar sobre economía y reformas estructurales del Estado. Y una de las primeras medidas que adoptó es la sanción de una norma que endurece las penas por delitos tales como el desacato a la autoridad, lo que le brinda a las fuerzas represivas más herramientas e impunidad.

Pero también la habilita para avanzar en reformas de carácter regresivo en áreas clave de la economía, tal como lo exigen desde el universo del capital que financió el golpe que acabó con la Presidencia Castillo.

Si bien con el fujimorismo la clase capitalista dejó poco sin apropiarse, cabe recordar que Perú posee una reserva registrada de litio de 4,7 millones de toneladas, lo que plantea una oportunidad excelente para la economía nacional o para el sector privado, a raíz de la demanda que este mineral tiene como consecuencia de la transición energética global impulsada por la electromovilidad.