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“No tenemos gobierno”, aseveró Bruno Soria desde el PCE, sobre lo que viene siendo la gestión del presidente Guillermo Lasso, a quien no se le descarta  un posible juicio político por corrupción y vínculos con la mafia albanesa.

Esta semana la Comisión de la Asamblea Nacional que analiza presuntos casos de corrupción recomendó que se inicie juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso. Este documento va a ser debatido hoy miércoles 1° de marzo por la mesa legislativa y desde ahí debe ser enviado al pleno del parlamento para su debate y resolución posterior.

Así las cosas, en el marco de la profunda crisis social y política que atraviesa Ecuador, el gobierno que encabeza Lasso, está pasando por uno de sus peores momentos desde las jornadas de movilización que tuvieron lugar a mediados de 2022. Actos de corrupción del gobierno y vinculaciones con la con la mafia albanesa, hacen tambalear el piso de una derecha ecuatoriana en crisis y que viene perdiendo buena parte de respaldo electoral, como lo demostró el referéndum llevado a cabo el pasado 6 de febrero.

Esa vez Lasso apostó a que ocho enmiendas constitucionales servirían para impulsar su agenda política, pero el referéndum le significó un revés político. Y ese mismo día se sumó el resultado de las elecciones subnacionales, en las que el correísmo ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil, las ciudades más importantes del Ecuador, así como las prefecturas de las provincias más pobladas del país: Pichincha, Guayas y Manabí. Esto entre las principales victorias del movimiento político Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa.

Con este telón de fondo, parece que le van soltando la mano tanto desde EE.UU. como la clase capitalista local que lo llevó al Palacio de Carondelet. El 9 de enero, el portal digital La Posta, publicó un informe periodístico en el que denuncia la existencia de una red de corrupción que operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Más adelante se señaló que la red se extendía a la petrolera estatal Petroecuador.

Esa trama estaría liderada por Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente Lasso y además es uno de los principales socios y titular del Directorio del Banco de Guayaquil, la misma entidad en la que el ahora gobernante estuvo como presidente ejecutivo durante casi dos décadas, hasta 2012.

La Posta bautizó el caso como El Gran Padrino, alias que le asignaron a Carrera Drouet, quien de acuerdo con el informe periodístico, pese a no tener ningún cargo en el Gobierno, maneja empresas públicas y decide qué firmas privadas trabajan con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas.

Se dio a conocer también que el operador de confianza del cuñado de Lasso sería Rubén Cherres, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y está siendo investigado por narcotráfico en un hecho que involucra a la mafia albanesa. Esto se desprende de un informe de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional que también roza a Bernardo Manzano, quien es ministro de Agricultura.

Por todo esto es que la Asamblea Nacional tiene en la mira a Lasso, así como a varios miembros de su Gabinete que también deberán acudir a responder preguntas ante el cuerpo Legislativo. Además del presidente, están convocados el secretario Nacional de Seguridad, Diego Ordóñez, su par de la Presidencia, José Ignacio Samaniego, el ministro del Interior, Juan Zapata y el Comandante General de la Policía, Fausto Salinas.

Con este telón de fondo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) junto con otras organizaciones sociales, resolvió terminar el diálogo con el Gobierno y pidió la renuncia del presidente a quien acusa de “incapacidad de gobernar y resolver los problemas de los ecuatorianos”.

Al respecto, la Conaie lamentó que “no ha existido voluntad política del Gobierno Nacional para su cumplimiento, y que al contrario, ha avanzado con sus políticas neoliberales que los derechos territoriales, comunitarios y la economía nacional” y sostuvo que sostiene las demandas que llevaron a las jornadas de lucha de junio de 2022.

 

Hora de un frente

 

“No tenemos gobierno”, advirtió desde el Partido Comunista de Ecuador (PCE), Bruno Soria, tras lo que en charla con Nuestra Propuesta, remarcó que “Lasso llevó a la deriva al país” y fue claro al alertar que a Ecuador “ahora lo gobierna la policía con quien el presidente tiene acuerdos tras la represión de junio de 2022”.

En esta crítica situación social, Soria analizó escenarios posibles para el futuro reciente de su país. “Por un lado, la renuncia  de Lasso y la asunción del vicepresidente Alfredo Borrero, por el otro, la destitución por juicio político y disolución de la asamblea y así llamar nuevamente a realizar elecciones”, son las alternativas que según advierte puede deparar el mediano plazo.

Asimismo, hizo hincapié en que la crisis es tal en Ecuador, que el aumento de la pobreza llevó a que “muchos jóvenes de bajos recursos opten por sicariato”, algo que atribuyó a que “no hay trabajo ni obra pública y el sistema de salud y educativo se encuentran en condiciones lamentables”.

En este contexto, Soria dejó en claro que “si la Conaie llama  a la movilización, “se vendrá una gran manifestación popular” ya que, destacó “se trata de grandes agentes de movilización, lucha y de la protesta  social”. Y, sin dudarlo sostuvo que “la única posibilidad de tener un gobierno de avanzada, es que se sepulte realmente  al neoliberalismo”, algo que “podría lograrse con la conformación de “un frente que reúna al movimiento indígena, a las fuerzas de izquierda y al correísmo”.

Y, en este sentido, resaltó “el esfuerzo que está llevando a cabo el PCE, en su tarea de recomponer la movilización del movimiento obrero ecuatoriano” que, según Soria, en los últimos años “ha tenido centrales que le han sido serviles a los gobiernos de derecha”. Por lo que fue contundente al decir que “necesitamos un movimiento obrero más protagonista en la lucha contra el neoliberalismo”.