Es por delitos de calumnia, difamación, injuria y amenaza contra el Tribunal Supremo Federal de Brasil y sus jueces.
El juez del Tribunal Supremo Federal (TSF), Alexandre de Moraes, aceptó un pedido del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y notificó a la Procuraduría General para que evalúe si investiga al presidente Jair Bolsonaro y sus hijos por posibles delitos relacionados con la difusión de fake news.
La decisión del TSF evita valorar los hechos que provocaron la denuncia, por lo que debe ser el fiscal general, Augusto Aras, quien decida el curso que va a seguir la presentación de la diputada comunista Perpétua Almeida.
La denuncia señala que hay indicios sólidos de que el actual presidente y sus hijos perpetraron delitos de calumnia, difamación, injuria y amenaza contra el TSF y sus jueces, además de agresiones y amenazas contra el Poder Legislativo.
Vale recordar que a principios de mayo, Bolsonaro arreció el ataque que encabeza contra los poderes Judicial y Legislativo.
Fue ante la intervención del TSF para frustrar la designación de Alexandre Ramagen al frente de la Policía Federal a raíz de la acusación del ex ministro de Justicia, Sergio Moro, quien denunció que Bolsonaro intentaba controlar esa fuerza poniendo al frente a un amigo.
Su hijo Flavio está involucrado en una causa de corrupción y se lo menciona en la investigación en curso por el asesinato de la concejal Marielle Franco. Pero quien aparece más comprometido en la denuncia del PCdoB es Carlos Bolsonaro.
En ese contexto, proliferó el pescado podrido proveniente, fundamentalmente, de cuentas alojadas en redes sociales. Esto es, un mecanismo que conocen muy bien Bolsonaro y Moro, ya que fue parte esencial del putsch que acabó con Dilma Ruseff destituida y Luiz Inácio Lula Da Silva preso.
Así las cosas, la denuncia de la diputada tuvo lugar después fueran eliminadas 38 cuentas de Instagram, además de 35 cuentas, catorce páginas y un grupo de Facebook. De acuerdo a las empresas titulares de estas redes sociales, en cada caso representaban perfiles con “comportamiento falso”.
En los dos casos se encontraron conexiones entre las cuentas en cuestión, los hijos de Bolsonaro y diputados del Partido Social Liberal, que fue el que sirvió de plataforma política al actual presidente.
Y si para muestra alcanza un botón, una de estas páginas es Bolsonaro news, estaba registrada con el correo electrónico de Tercio Tomaz, quien fue asesor del concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro y ahora se desempeña en el Palacio del Planalto como asesor presidencial.
¿A La Haya?
La tensión entre la Presidencia y el TSF tuvo otro capítulo la semana pasada cuando el juez Gilmar Mendes, advirtió que Bolsonaro podría ser juzgado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por su gestión de la pandemia de coronavirus.
Cabe recordar que después de las sucesivas renuncias de Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, la cartera de Salud quedó a cargo del Ejército, encabezado por el general Eduardo Pazuello.
La denuncia ante la Corte de La Haya fue hecha por el Partido Democrático Trabalhista. En este contexto Mendes dijo públicamente que el Ejército de Brasil sería cómplice de un genocidio y le apuntó al propio Bolsonaro por hacer que un general en actividad comande la política sanitaria frente al Covid-19.
La respuesta corrió por cuenta del Ministerio de Defensa y los comandantes de las tres Fuerzas, que en una declaración coincidieron en señalar que se trata de “acusaciones graves, infundadas, irresponsables y sobre todo frívolas”.
Lejos de toda frivolidad, al cierre de esta edición, Brasil había superado la barrera de las 87 mil personas muertas por Covid-19 y acumula casi dos millones y medio de contagiados. Así, Brasil es el segundo país más afectado por el coronavirus.