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Las calles vuelven a ser protagonistas y van diez días de protestas por parte de la oposición a la dictadura manejada desde Washington.

Al calor de sus 195 años de independencia, Bolivia vive semanas de tensión en las calles, tras una nueva prórroga electoral que desató las protestas que ya llevan diez días de movilización y cortes de ruta encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB) y aliados al MAS.
En las calles se exige la renuncia de Jeanine Añez y repudian que se pasen los comicios del 6 de septiembre al 18 de octubre, tal como dictaminó el Tribunal Supremo Electoral semanas atrás.
El 6 de agosto fue el inicio de jornadas de lucha contra la dictadura comandada por Añez, que se ampara en la pandemia del Coronavirus para que las elecciones se alejen en el calendario. Un día después, la lectura de la derecha fue rápida: el 7 de agosto llegaron nuevos armamentos y francotiradores desde EE.UU. para combatir la protesta social.
“Se gesta un nuevo Golpe de Estado en #Bolivia, cuyo plan está a cargo de los generales Ortiz y Orellana. Se intenta instaurar un gobierno de civiles y militares. Con ese fin llegaron dos aviones con armas desde EE.UU. y desplazaron francotiradores a El Alto y Chapare”, enfatizó Evo Morales en su cuenta de Twitter, el viernes pasado.
La derecha no titubeó y de inmediato fue por la represión y demonización de las movilizaciones emprendidas por los movimientos indígenas, la COB y sectores aliados al MAS que exigen una salida para Bolivia, al tiempo que rechazan el desprecio al pueblo por parte de Añez.
En el auge de las tensiones, el ultraderechista Luis Camacho, señaló al enemigo y le pidió a la presidenta de facto que no ceda ni un milímetro, aseverando que “no se someta” a los “criminales” bloqueos por parte de la COB. En esa sintonía, el ministro del Gobierno, Arturo Murillo, remarcó: “lo políticamente correcto sería meter bala”.

Una crónica anunciada ¿y ahora?

El pueblo perseguido, reprimido y amenazado desde que se orquestó el Golpe en noviembre sale a las calles a enfrentar al poder. Desde mayo que el MAS viene advirtiendo que se busca sostener el gobierno pasando elecciones indefinidamente y persiguiendo a candidatos de la mano del Poder Judicial.
En el contexto del covid-19, con sus medidas de Aislamiento Social, la presión social quedó mermada, pero ahora el conflicto estalló y llegó a los niveles de noviembre de 2019, donde en ese caso fue la derecha la que a partir de la presión social desplazó a Evo Morales del gobierno.
Claro está que la presión de la derecha, en ese entonces representada por Carlos Mesa, encontró en la OEA de Luis Almagro la herramienta necesaria para dar un Golpe de Estado que -por las condiciones de las Fuerzas Armadas de Bolivia- le alcanzó con persuadir a los cabecillas para que las amenazas a Morales y la acorralada posterior fueran inminentes.
El ex presidente y líder del Movimiento al Socialismo tras abandonar el país llamó a la paz social y evidenció los asesinatos de la dictadura que en las primeras semanas se instaló con la sangre del pueblo boliviano. A partir de allí, desde Argentina se reorganizó un movimiento muy heterogéneo, que consensuó el llamado a elecciones y la presentación de la fórmula Arce-Choquehuanca para recuperar el gobierno en aquel acto en Deportivo Español.
La apuesta de Morales es clara: evidenciar al Golpe y poner el peso en la comunidad internacional para que se transforme en garante de la vuelta a una vida democrática en Bolivia, vida que se interrumpió aquel domingo 10 de noviembre.
Así es que, este miércoles, volvió a reivindicar la importancia de que -los comicios que ahora irían el 18 de octubre- sean inamovibles y se redacte la ley necesaria para que la derecha no le pueda escapar a una jornada electoral, que según las encuestas, le daría el triunfo a Arce.
La bandera de elecciones limpias y con veedores internacionales es una síntesis de los múltiples sectores que acompañaron el proceso de cambio encabezado por el MAS.
No obstante, el embudo se hace más chico y ante cada prórroga la tensión aumenta. Tensión que representa una nueva dificultad para la oposición y para el gobierno; sin embargo, éste último cuenta con el aparato represivo y judicial para inclinar la balanza.
Por su parte, la COB lidera las protestas y evidencia la situación de miseria que atraviesan los más humildes que enfrentan la pandemia que profundizó las desigualdades en toda la región, pero también a una dictadura que avanza en todas las opresiones posibles.
Bajo la consigna del “hambre no espera”, los movimientos sociales y sindicales radicalizan su lucha contra un gobierno que sigue dando señales de que no hizo un Golpe para luego perder elecciones. El futuro es incierto, pero es evidente que las movilizaciones ponen en jaque -al menos en el sentir social- a Añez y compañía, que entendieron a la presión callejera como la principal amenaza a su continuidad en el Palacio Quemado.