Esa es la orden que dio el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte. Al día siguiente al menos nueve militantes sociales fueron asesinados por fuerzas policiales y del Ejército.
El Partido Comunista de Filipinas (PKP) advirtió que el gobierno que encabeza Rodrigo Duterte, arrastra al país hacia un terrorismo de Estado y denunció la represión y el asesinato de militantes de izquierda, que se perpetra por medio de ejecuciones extrajudiciales.
Lo hizo en un contexto en el que, la semana pasada, durante operativos conjuntos de la Policía y Fuerzas Armadas, fueran asesinadas al menos a nueve personas, después de que públicamente, Duterte ordenara “matar de inmediato a los comunistas”.
El hecho fue condenado por organizaciones políticas de izquierda y de Derechos Humanos que exigen que se lleve a cabo una investigación independiente sobre lo que describieron como “ejecuciones de activistas desarmados”.
Vale recalcar que en reiteradas oportunidades, organizaciones de Derechos Humanos acusaron a Duterte de estar detrás de matanzas extrajudiciales que fueron ejecutadas por miembros de fuerzas policiales, en el contexto una campaña de presunta lucha contra el narcotráfico que lejos de detener el flujo de drogas, apunta a reprimir cualquier tipo de disidencia con el Gobierno.
Con el inicio de la pandemia, el ejecutivo encabezado por Duterte y la guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo de adscripción maoísta, acordaron una tregua cuya endeblez quedó expuesta a raíz de los reiterados actos de hostigamiento y violaciones de Derechos Humanos que continuó perpetrando el Ejército filipino.
Así las cosas, el PKP hizo hincapié en que quienes fueron ultimados durante los recientes operativos del Ejército y la Policía en cuatro provincias ubicadas al sur de Manila eran “líderes locales de organizaciones de masas que estaban desarmados” y alertó que los agentes gubernamentales “se alimentaron de informes erróneos que llevaron a la emisión judicial de órdenes de registro que utilizaron para legitimar sus operaciones, que en realidad estaban destinadas a matar a las víctimas”.
Y fue claro al recalcar que se trata de una práctica habitual que el gobierno de Duterte emplea en su “guerra antidrogas”, ya que “como es habitual, los informes posteriores a la operación mencionaron que las víctimas lucharon mientras se resistían al arresto, y que se encontraron armas y granadas donde solían alojarse las víctimas”.
A más de dos años de que declarara su “guerra contra las drogas”, el saldo es la consolidación de un esquema propio del Terrorismo de Estado que apunta contra los sectores más empobrecidos de un país, cuyo gobierno se ampara en el valor geoestratégico que posee para EE.UU. que lo utiliza como portaviones de su avanzada sobre el Mar de China.
Aquí vale citar un informe difundido la semana pasada por el periódico Global Times, que da cuenta de que –recientemente- casi mil misiones de aviones espía se combinaron con maniobras navales con la participación de portaviones “muy orientadas al combate” por parte de EE.UU. en el Mar de la China.
Pero ni la “gran relación” que Donald Trump celebró tener con Duterte, durante su visita a Manila, pueden disimular que la “guerra contra la droga” implica persecuciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales que dejaron una cantidad de asesinados que loe menos pesimistas cuentan por millares.
Esto llamó la atención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que hace menos de un mes emitió un informe crítico sobre la situación filipina y que, la semana pasada, hizo pública su “consternación” por los “asesinatos arbitrarios” de los nueve activistas ultimados tras el discurso en el que Duterte instó a que las Fuerzas Armadas y policiales, busquen a los comunistas y se “aseguren de matarlos de verdad”. Esa vez, el presidente de Filipinas fue claro: “olvídense de los Derechos Humanos, esta es mi orden”.