Organizaciones de Derechos Humanos coinciden en que hay más de 4.650 prisioneros palestinos en cárceles israelíes, incluidos doscientos menores de edad.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos exigió el viernes pasado que el Estado de Israel libere a Amal Najle, un adolescente palestino de 17 años, quien fue detenido el 21 de enero de 2021 por militares israelíes que lo arrebataron del campo de refugiados de Yalazone.
Pese a que ya transcurrió casi un año desde su detención, el Estado de Israel no presentó cargos contra Najle, quien padece la enfermedad miastenia gravis, lo que le ocasiona dificultades para hablar y respirar, algo que se va profundizando como consecuencia de las condiciones de su detención.
“La detención administrativa sin cargos impuesta a Amal y basada en pruebas clasificadas es una forma de detención arbitraria no permitida por el derecho internacional público”, advirtió el organismo de la ONU.
Cabe recalcar que de acuerdo a datos recolectados por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, ya que las autoridades israelíes no los suministran, existen más de 4.650 prisioneros palestinos en cárceles de Israel, lo que incluye a alrededor de doscientos menores de edad.
Por su parte, a raíz del caso de Amal, la Sociedad Palestina de Prisioneros volvió a denunciar que la negligencia médica “constituye la política sistemática más brutal que ha causado la muerte de prisioneros palestinos encarcelados por Israel durante los últimos años”.
En este contexto, el Partido del Pueblo Palestino (PPP) instó a que “las fuerzas progresistas, democráticas y amantes de la paz junto a organizaciones de derechos humanos, expresen su solidaridad con los presos palestinos en las cárceles israelíes” entre los que recordó, hay nueve miembros del Consejo Legislativo de Palestina.
“Están pasando por una situación muy difícil, especialmente aquellos que están en huelga de hambre”, lamentó el PPP, por lo que “llamamos a la comunidad internacional a presionar a las autoridades de ocupación israelíes para garantizar una respuesta a las justas demandas de los huelguistas de hambre y su liberación”. Pero asimismo “para romper el silencio sobre la escalada de violaciones de las normas y reglas internacionales de derechos humanos por parte de la ocupación”.