Soria se reunió con la Corte, que en las próximas horas le enviará un regalito de navidad al gobierno con un nuevo fallo en contra. El posible acuerdo con el FMI ¿lo soluciona todo? ¿Hay reactivación económica sin reforma judicial? Termina el año pero se abre una nueva etapa ¿El futuro inmediato de la coalición de gobierno y del país depende solo de Kristalina y compañía?
¿La reforma judicial también está supeditada al “mejor arreglo posible” con el FMI? La pregunta está planteada y la respuesta puede hallarse en las vicisitudes del gobierno frente a “la justicia”, en un año en el que ninguno de los objetivos principales del FdeT en la materia pudo prosperar.
Reforma judicial, reforma del fuero federal y el pliego de Rafecas en el Congreso para el puesto de Procurador, son algunos de los temas que esperan resolución. A ello habría que sumarle el posible fallo, que saldría en los próximos días, en contra de la constitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura, que fue promulgada en febrero de 2006.
Con este fallo la Corte se propone restituir la Presidencia del órgano de contralor de los jueces al titular del Máximo Tribunal, justo cuando desde la derecha se exige el inicio del juicio político contra los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 que dispuso el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia en la causa denominada mediáticamente como “Hotesur”.
Algo mejor de reflejos luego del resultado electoral, el Gobierno nacional enterado del fallo que llegaría como regalito de navidad, se dispone a tratar en el Congreso un proyecto de ley para modificar la integración del Consejo de la Magistratura. ¿Hablaron sobre este tema el ministro de Justicia Martín Soria y los supremos en la reunión oficial que tuvieron esta mañana en el Salón de los Embajadores en el cuarto piso del Palacio de Justicia?
Difícilmente hayan avanzado más allá de las formalidades. De hecho, ese encuentro se llevó a cabo en el marco de los esfuerzos por “restablecer el diálogo institucional” entre ambos poderes del Estado. Claro está, estas cuestiones —aun cuando se tratan de disputas palaciegas que después influyen en la vida de los trabajadores— no se discuten ni resuelven en reuniones formales.
¿Habrán conversado sobre la propuesta del Ejecutivo para reemplazar a Elena Highton de Nolasco? Lo cierto es que la semana pasada venció el plazo que tenía el presidente de la Nación para proponer una nueva integrante en la Corte, que actualmente consta de cuatro miembros. Sobre esto tampoco se sabe mucho.
Estas son algunas de las ideas y venidas en las que se encuentra el Gobierno. La problemática de “la justicia” y de “los sótanos de la democracia” —tal como calificó en el Congreso el presidente Alberto Fernández a la relación entre el Poder Judicial y los servicios de inteligencia— fue desde el primer día un eje central en el programa del FdeT.
Desde el anuncio de un nuevo intento de reforma judicial al supuesto reemplazo del Procurador macrista Eduardo Casal, corrió mucha agua debajo del puente. Sin embargo, la corriente nunca estuvo a favor de los planes de gobierno.
Mientras tanto, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, cada uno a su manera, se burlan de sus obligaciones y responsabilidades ante “la justicia”. Sea para presentarse a declarar en el marco de una causa penal en contra o para acatar un fallo que prohíbe la enajenación del patrimonio público para hacer negocios en la Ciudad, los máximos dirigentes de la derecha parecen haber nacido inmunes al Poder Judicial ¿casualidad?
La que no es inmune a los avatares de “la justicia” es la sociedad y la economía argentina. Una vez alcanzado el “mejor arreglo posible” con el FMI: ¿qué garantías tienen el sector empresario, los sindicatos y los pequeños y medianos comerciantes de que el Poder Judicial no va a detonar por cuestiones políticas los requisitos mínimos de seguridad jurídica en los que se apoya el Estado Liberal Burgués?
No se trata de proyectar escenarios alocados. La situación política y económica del país es muy delicada, un buen acuerdo con el Fondo es la base a la que el Gobierno aspira para reimpulsar la gestión y la reactivación económica, pero también para presentar batalla en las elecciones de 2023.
De otro modo, sin preacuerdo con el Fondo, sin Plan Plurianual y sin las modificaciones al Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 no hay futuro. Pero cabe preguntarse: ¿cómo se plantea el FdeT sobrellevar los embates que la derecha va a continuar lanzando, en coordinación con el Poder Judicial, contra el gobierno?
La pregunta es válida si se tiene en cuenta el proyecto “policlasista” que impulsan los sectores hegemónicos al interior del FdeT y que supone una cierta estabilidad político-institucional, esto es, también jurídica, sobre la que la reactivación económica debería transcurrir.
En el polo de enfrente, la derecha política en alianza con una parte del poder económico y judicial apostará, como demuestra la historia reciente, a erosionar cualquier posibilidad de reactivación económica para mantener bien firmes las chances de recuperar el poder de gobierno en el 2023, aun cuando esto implique poner en riesgo a un sector de la clase capitalista que, más allá de los vaivenes políticos, también apuesta a cierta estabilidad para mantener y ampliar la tasa de ganancia.
De los trabajadores y los sectores populares deberán ocuparse los trabajadores y los sectores populares, mucho más cuando esto significa disputar al interior de la coalición de gobierno la dirección de las políticas económicas y sociales del período.
No se trata de otra cosa más que de las contradicciones internas que anidan en cualquier proyecto político que aspira a la conciliación de clases en un contexto de crisis económica internacional y, también hay que señalarlo, de fortalecimiento de las alternativas de derecha y de orientación fascista en la región y buena parte del mundo.