La Cámara de Diputados de Santa Fe volvió a bloquear un proyecto de ley que busca crear mecanismos institucionales para identificar e investigar a los cómplices civiles del terrorismo de Estado en la provincia, entre ellos el Grupo Vicentín. Al respecto, Champa Galiotti manifestó que “no quedan dudas que estamos ante complicidades que se vienen construyendo desde la época del Plan Cóndor”.
Una vez más, como en repetidas ocasiones durante los últimos años, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe frenó un proyecto de ley para constituir en la provincia una comisión bicameral que identifique e investigue a los cómplices civiles, económicos y eclesiásticos del terrorismo de Estado, entre ellos el grupo Vicentin.
“No sorprende el freno, dado que está en sintonía con las trabas que imponen sectores del poder económico, judicial y político para evitar que se conozca y condene a los responsables civiles de la dictadura”, dijo al respecto Norberto Champa Galiotti, secretario del Partido Comunista de Rosario.
En efecto, el dirigente del PC relacionó directamente los intentos por no conocer del todo las responsabilidades en los crímenes del pasado como una vía para legitimar las injusticias del presente. En ese sentido, remarcó que “si analizamos el sistema político en Argentina, el sistema institucional, republicano, democrático, burgués y federal, vamos a encontrar que la interrelación entre el poder judicial, el poder permanente, los medios de comunicación y los sectores políticos que representan esos intereses, constituyen lo que verdaderamente es una asociación ilícita para llevar adelante el saqueo económico en nuestro país y contra nuestro pueblo”.
En Santa Fe ocurre exactamente lo mismo. Galiotti puntualizó que “no quedan dudas que estamos ante complicidades que se vienen construyendo desde la época del Plan Cóndor”. Recordó, entonces, que “el Plan Cóndor reunió a sectores diversos y que ahora esos actores abandonaron la ejecución del plan mediante la implementación de gobiernos militares, pero lo siguen sosteniendo a partir de los espacios de poder que ostentan”.
Por otra parte, el dirigente del PC hizo hincapié en que “puede ser mediante cargos legislativos, ejecutivos o judiciales que representantes de ese plan intente reproducirlo bajo nuevas condiciones, como así también a través de las imposiciones de los grupos económicos”.
Por ello, “lo que ocurrió en Santa Fe está directamente relacionado con esa matriz ilícita, delictiva, de sectores que se sirven del Estado y cuando el Estado no responde a sus intereses, desestabilizan a los actores que frenan los proyectos políticos y económicos de esos sectores del Plan Cóndor”.