Una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recientes dichos de Sergio Moro, vuelven a poner en evidencia los mecanismos que se perpetran en la región para favorecer la irrupción de gobiernos de derecha.
Dos casos paradigmáticos del lawfare como herramienta que propicia condiciones para la perpetración de golpes blandos, volvieron a estar sobre el tapete durante esta semana, como consecuencia de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y unas declaraciones que realizó Sergio Moro.
Es que después de casi una década de que se produjera la destitución del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, la Cidh declaró admisible a la causa iniciada a raíz de este hecho por el ex mandatario contra el Estado.
Cabe recordar que el 22 de junio de 2012, Lugo fue apartado de la Presidencia mediante un juicio político sumarísimo que se extendió apenas por 24 horas, que fue el corolario de un pustch que tuvo como protagonistas principales a un sector de la oposición política a su Gobierno. Pero fundamentalmente, a la clase capitalista vinculada al agronegocio y la industria massmediática.
Por su parte y ya desde su papel de precandidato a la Presidencia en Brasil, Sergio Moro, volvió a arrojar el espinel entre lo peor del electorado de derecha, cuando confesó públicamente que Lava Jato fue un proyecto político creado “para debilitar al Partido de los Trabajadores”.
Con cosas como esta, Moro pretende disputar el espacio de ultraderecha con el actual presidente, Jair Bolsonaro, pero al mismo tiempo reconoce cuáles fueron los mecanismos de la maniobra perpetrada para desestabilizar al proceso que había comenzado con la primera presidencia de Lula.
Cabe recordar que el Supremo Tribunal Federal declaró que la actuación de Moro en esta causa fue “parcial y sospechosa”, lo que habilitó a que se levantara la proscripción que pesaba sobre Luiz Inácio Lula Da Silva quien, de esta manera, se convirtió en postulante a un nuevo período presidencial de cara a los comicio