El autor del triple lesbicidio de Barracas fue condenado a perpetua por el Tribunal Oral Federal 5 de Ciudad de Buenos Aires, que lo encontró penalmente responsable de haber ultimado a Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa, así como de causar terribles heridas a Sofía Castro. Desde la Corriente Lohana Berkins se celebró el fallo y se remarcó que el “Estado es responsable, porque los discursos de odio del gobierno no son gratuitos y traen consecuencias como estas”.
usto Fernando Barrientos fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, que lo encontró penalmente responsable de haber perpetrado los asesinatos de Andrea Amarante, Pamela Cobas y Roxana Figueroa, en un hecho que tuvo lugar durante la noche del 5 de mayo de 2024 en un hotel del barrio porteño de Barracas y en el que Sofía Castro sufrió múltiples heridas graves, por las que todavía padece secuelas físicas y psicológicas. El fallo judicial reconoció que la masacre fue motivada porque Barrientos odiaba a sus víctimas por ser lesbianas.
El veredicto del Tribunal integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander incorporó el agravante de odio por la orientación sexual de las víctimas, tal como lo contempla el Inciso 4 del Artículo 80 del Código Penal, así como los de Alevosía y Ensañamiento, pero no se aplicó el agravante específico de violencia de género previsto en el Inciso 11 del mismo artículo, que es el que hubiera permitido encuadrar los asesinatos como lesbicidios, tal como coincideron en solicitar la Fiscalía y las querellas durante los alegatos.
Asimismo, el Tribunal dispuso que se obtenga el perfil genético de Barrientos para que sea incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos, al tiempo que resolvió rechazar las medidas de reparación material, satisfacción simbólica y garantías de no repetición que la querella que representa a Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente de la masacre y pareja de Andra Amarante, había solicitado.
El crimen cometido en un hotel de residentes ubicado en el porteño barrio de Barracas, se consumó cuando Barrientos arrojó un cóctel incendiario dentro de la pieza que compartían las cuatro mujeres e impidió luego que salieran de esa habitación consumida por las llamas. Las dos parejas desde hacía varios días venían siendo hostigadas por Barrientos, tal como fue testificado por vecinos durante el proceso judicial.
Desde la Corriente Lohana Berkis, Andrea Mossano, presente en la vigilia en los Tribunales al momento de dictarse el fallo, sostuvo que “el Estado es responsable, porque los discursos de odio del gobierno no son gratuitos y traen consecuencias como estas”. En tanto que agregó que el fallo también debió haber incluido la “reparación para Sofía”, aunque no dejó de remarcar lo que consideró como una conquista de la lucha sostenida por el colectivo LGBTIQNB+.
El triple lesbicidio de Barracas no puede aislarse de un contexto político en el que desde que asumió la presidencia Javier Milei se vienen recortando todas las políticas públicas destinadas a la prevención y la erradicación de la violencia de género, mientras que desde el propio esquema de gobierno se fomenta a la vez un clima de odio. Esa violencia que destila el mileísmo había quedado explicitada pocos días antes del triple lesbicidio. En una entrevista radiofónica el abogado Nicolás Márquez, amigo personal de Milei y referente de la “batalla cultural” de La Libertad Avanza, afirmó que “cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva”.
Estos dichos están lejos de constituir un hecho aislado, ya que se suman a actos de gobierno como el cierre del Ministerio de la Mujer y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; claro que también a la supresión, vaciamiento y ahogo financiero que a instancias de La Rosada, ya por aquel momento sufrían todas las áreas y programas vinculados a políticas de género. Desde entonces, esa particular mirada no hizo más que profundizarse, en simultáneo también al aumento de crímenes y ataques por motivos de odio a partir de la condición sexo-genérica de las víctimas.
El martes pasado, durante la jornada previa a que se conociera el fallo por el Triple Lesbicidio, la delegación del gobierno argentino ante las Naciones Unidas se abstuvo de respaldar la resolución que instaba a los Estados miembros de ese organismo a incrementar los esfuerzos para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Todo esto pese a que en nuestro país rige desde 2009 una norma específica al respecto, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Otra de las tantas leyes promotoras de derchos que este gobierno no cumple.