Con la reciente adhesión al Consenso de Ginebra, el gobierno nacional ratifica su política antifeminista y transodiante. “Esta firma reubica a la Argentina en un grupo de países que promueve una mirada mucho más restrictiva sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos”, lamentó Gabriela Brizuela, Secretaria de Igualdad de Géneros del Suteba de Lomas de Zamora e integrante de La Violeta.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito hizo público su repudio a la adhesión que el gobierno de Javier Milei brindó al Consenso de Ginebra. Con la promoción del régimen de Donald Trump, este tratado internacional utiliza el argumento de la defensa “de la vida y la familia” para lanzar una cruzada contra los derechos de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas. La adhesión fue firmada por el canciller Pablo Quirno y apunta particularmente contra herramientas como la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la 26.150 de Educación Sexual Integral.
“Esta firma reubica a la Argentina en un grupo de países que promueve una mirada mucho más restrictiva sobre los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos”, lamentó Gabriela Brizuela, Secretaria de Igualdad de Géneros del Suteba de Lomas de Zamora e integrante de La Violeta, quien señaló que el hecho modifica la postura que tradicionalmente venía teniendo nuestro país en la materia, “que fue la que nos dio un reconocimiento internacional por las políticas de ampliación de derechos que se implementaron”.
Si bien al no ser vinculante la adhesión al Consenso de Ginebra no impone per se la modificación de leyes existentes como las 27.610 y 26.150, se trata de un posicionamiento que sintoniza con lo que en la práctica viene llevando a cabo este gobierno por medio del desfinanciamiento de las diferentes herramientas creadas para garantizar derechos que asisten particularmente a mujeres y disidencias y con el odio que alienta hacia ellas en lo que denomina como “batalla cultural”. En palabras de Brizuela: “no deroga ni altera las leyes pero sí tiene un fuerte peso político y simbólico que expresa la orientación del gobierno nacional con respecto a las prioridades que tiene en materia de salud sexual reproductiva y no reproductiva”. La dirigente sindical y feminista recordó en tal sentido que desde la Rosada “se vienen vaciando los programas que permiten la implementación efectiva de las políticas públicas que como la ESI brindan herramientas para prevenir embarazos no intencionales”.
Se trata de una decisión que lejos está de ser inocua. “Soy docente de nivel secundario y si bien la ESI atraviesa todos los niveles de la enseñanza, es en el secundario donde trabajamos con adolescentes que por el desfinanciamiento de este tipo de políticas públicas ven impedido el acceso a preservativos y otro tipo de materiales esenciales para el cuidado sexual: esto se ve en todos los niveles de la salud pública”, remarcó Brizuela.
Así las cosas, la Secretaria de Igualdad de Géneros del Suteba de Lomas de Zamora subrayó que desde el sindicato sostienen que “la importancia de garantizar derechos no pasa exclusivamente por el sostenimiento de una ley, porque además hay que asegurar las condiciones concretas para que cualquier norma pueda ser cumplida en los hospitales y otros efectores de salud”. Al respecto, insistió en denunciar que “vemos diariamente el vaciamiento de los sistemas de salud y educación, lo que hace que sea muy difícil que lo que dicen las leyes pueda hacerse efectivo entre los pibes y las pibas”.
Ante este escenario, reafirmó que desde La Violeta Docente “vamos a seguir defendiendo la bandera de la Educación Sexual Integral, el acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva”, así como “políticas públicas efectivas para llevar adelante todos los derechos para todxs”.
