El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios propuso la implementación de una “Tarjeta Alquilar”. La iniciativa propone que el Estado se haga cargo de las deudas que los inquilinos se vieron obligados a contraer para afrontar aumentos y gastos promovidos por los propietarios y prohibidos en el marco de la pandemia.
La última semana, los corredores inmobiliarios y las grandes empresas constructoras sorprendieron con una idea al gobierno, que incluso llegaron a bautizar con un nombre que se asemeja a las políticas públicas implementadas por el Estado nacional: la Tarjeta Alquilar.
Se trata, ni más ni menos, de una iniciativa que busca, siempre según la patronal inmobiliaria, “resolver” algunos de los principales problemas que tienen los inquilinos a la hora de acceder a una vivienda, cargando sobre las espaldas del Estado los costos y las dificultades generados por el sistema de arrendamiento en Argentina: ¿las inmobiliarias no tienen nada que ver con el problema?
En concreto, la información dice que el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) de Argentina propuso al gobierno la implementación de la “Tarjeta Alquilar”, que funcionaría según la propuesta "de la misma manera que se hace con las familias en sus necesidades alimenticias a través de distintos programas como por ejemplo la tarjeta AlimentAR" (sic).
El objetivo inmediato es que el Estado subsidie a los inquilinos que se hayan endeudado a raíz del pago de alquileres durante la pandemia. Para ello sugieren que el Estado financie en 18 y 24 cuotas las deudas que hayan generado los inquilinos durante el período de vigencia del DNU que prohíbe los desalojos por falta de pago. Una suerte de “Ahora 18 y 24” para inquilinos.
La idea fue realizada por los corredores inmobiliarios como contrapropuesta a la posibilidad de que el Ejecutivo nacional prorrogue el congelamiento de los alquileres, que vence el próximo 31 de marzo.
Para divulgar la iniciativa, la cámara patronal lanzó una misiva que circuló por redes sociales y portales financieros, cuyo título expía culpas: “Queremos ser parte de la solución”. Sin embargo, en el texto mismo del comunicado, se confiesa que: "desde Cofeci entendemos que continuar con la prórroga indefinida del DNU con las actuales condiciones establecidas, profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios, generando una incertidumbre angustiante". Asimismo, proponen la eximición de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta sesenta metros cuadrados destinadas para alquiler, que se construyan por el término de nueve años.
Así las cosas, rápidamente, queda en claro la intención de la jugada. Diciendo defender las posibilidades de acceso a la vivienda de los inquilinos, la cámara patronal pretende salvaguardar los intereses de propietarios e inmobiliarias, quienes se sienten perjudicados por una serie de medidas que el gobierno nacional implementó en el transcurso del último año, como la prohibición de desalojos por falta de pago, el congelamiento del precio de los alquileres en el marco de la emergencia sanitaria y la reciente reglamentación de un artículo de la nueva Ley de Alquileres que obliga a los propietarios a registrar en Afip los contratos de locación.
A ello hay que sumarle algunas facilidades para los inquilinos, establecidas en la nueva Ley de Alquileres, como la celebración de contratos más largos (de dos a tres años), un abanico más amplio de garantías y la reglamentación de las comisiones y adelantos que se deben abonar para “ingresar” a una propiedad.
Parte del problema
Leída por un desprevenido que no conoce las condiciones de acceso a la vivienda en Argentina y las dificultades que deben sortear aquellos en situación de ingreso a un nuevo alquiler, la propuesta de las inmobiliarias se parece a la de un actor externo que no es parte del problema. Pero aquellos que fueron y/o son inquilinos, saben bien cómo son las cosas.
En Argentina el denominado “mercado inmobiliario” está a merced de las inmobiliarias y de los propietarios. En muchos casos, las inmobiliarias más importantes participan a su vez en las empresas constructoras de vivienda, que suelen oficiar como reaseguro o alternativa para las inversiones financieras de aquellos que amasan grandes cantidades de capital, generado mayoritariamente en otras áreas de la economía.
Este fenómeno explica, en parte, el boom de la construcción y la cantidad creciente de unidades habitacionales deshabitadas en las grandes ciudades, al tiempo que se profundizan los problemas de acceso a la vivienda digna.
El poderío económico acumulado por las inmobiliarias y grandes propietarios es lo que les permitió a lo largo de los años diseñar un “mercado inmobiliario” a medida. De ahí que se haya vuelto norma consuetudinaria los aumentos discrecionales o el pago de comisiones leoninas para ingresar o renovar un contrato de alquiler, como así también los requisitos que se le exigen a los inquilinos como garantía o caución, cada vez más difícil de cumplir en el marco de una economía en la que más del cuarenta por ciento de los trabajadores no se encuentran registrados.
Todos estos problemas fueron reconocidos por el Estado nacional, que junto a organizaciones de inquilinos, impulsó la sanción de la nueva Ley de Alquileres el año pasado. Sin embargo, a pesar de las regulaciones vía DNU y la vigencia de la nueva Ley de Alquileres, los inquilinos tienen cada vez mayores dificultades para afrontar los gastos y trámites que suponen un alquiler.
La Federación de Inquilinos alertó en un informe reciente que en el transcurso de los últimos siete meses más del sesenta por ciento de los locatarios debieron pagar aumentos, pese a que el gobierno nacional estableció mediante el Decreto 320/2020 la prohibición de aumentos en los contratos y desalojos.
