Una reforma más que judicial

Con un discurso claro y fuerte, cargado de referencias tácitas, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a insistir en la apertura del año legislativo 2021 con la reforma del Poder Judicial. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, sentenció el titular del Ejecutivo e interpeló a los representantes de la Cámara Baja, para que traten los dos proyectos de reforma sancionados por el Senado en 2020: la reforma del fuero federal que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py y la reforma del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, al menos en materia judicial, el discurso presidencial no se centró únicamente en reclamar avances con las reformas ya planteadas.
Con la pretensión de redoblar la apuesta, en medio de un año electoral en el que tradicionalmente la actividad del Congreso mengua, Fernández anunció la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y control sobre el Poder Judicial y una serie de proyectos para achicar el margen de discrecionalidad con el que se maneja la Corte y para cambiar la estructura del Consejo de la Magistratura.
Los anuncios del presidente dejan mucha tela para cortar. Por eso, en esta nota, segmentamos el análisis en tres instancias. En la primera, se analizarán los alcances y repercusiones de las reformas anunciadas por el presidente. En la segunda, se analizará el escenario sobre el que deberá desplegarse la reforma judicial, prescindiendo de las cuestiones técnicas y legales, para puntualizar en algunas notas sobre la relación de la “justicia” con sectores económicos, políticos y sociales. Por último, nos preguntamos qué lugar ocupa para los sectores populares una reforma judicial en el contexto de crisis económica y batalla cultural.

Lo que anunció el presidente

Fernández sostuvo que una reforma del Poder Judicial es “impostergable”. Con ese propósito, pidió a los diputados que den tratamiento, de una buena vez, a los proyectos aprobados por el Senado el año pasado. Se trata puntualmente de dos iniciativas, una que reestructura el funcionamiento del fuero federal y otra del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, como se analizó a lo largo de todo el año pasado en Nuestra Propuesta Diario, dado el estado de cosas en Argentina, donde el Poder Judicial actúa como una corporación aliada con el poder económico transnacional y sus representantes locales, ambos proyectos tienen “gusto a poco”, si lo que se prefiere es un cambio profundo, aunque sea en el marco del Estado liberal burgués, de la “Justicia”.
Algo cambió en el transcurso del último año que obligó al presidente a redoblar la apuesta. El abroquelamiento entre el Poder Judicial, los medios de información y el poder económico agroexportador, enrolados en torno a la figura política de Maurcio Macri, se mostró más que sólido mientras el gobierno hacía lo que podía para enmendar los agujeros provocados por la herencia macrista y la pandemia por el Covid-19.
La impunidad con que jueces adictos al macrismo confirman condenas absurdas, como la de Amado Boudou o Milagro Sala, o con la que se siguen manejando personajes expuestos públicamente como integrantes de una red estatal de espionaje interno, tal el caso del fiscal Stornelli, o la facilidad con la que Cablevisión-Telecom regatea resoluciones de la Enacom que prohíben aumentos en las tarifas de telecomunicaciones, constituyen algunas muestras elocuentes que persuaden hasta a el más incrédulo de los socialdemócratas.
En esta clave se puede leer el anuncio por parte del presidente del envío de una serie de proyectos para modificar la discrecionalidad con la que se maneja la Corte y otro para cambiar la estructura del Consejo de la Magistratura.
En primer lugar, es para destacar el proyecto que se enviará, según lo prometido, para reformar el Consejo de la Magistratura. Este órgano es clave, ya que se trata del organismo que selecciona y sanciona a los jueces. Si bien el presidente no brindó detalles sobre en qué consistirá la reforma del órgano en cuestión, alcanza con ver las reacciones de la oposición beligerante a lo Mario Negri o Patricia Bullrich, para entender que tal como están las cosas le resulta bastante cómodo a la derecha.
Pero sin dudas uno de los puntos fuertes, que tiene implicancias políticas muy fuertes, es la propuesta de creación de un órgano paralelo de filtro y control sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En concreto, se trataría de al menos dos proyectos que buscan esmirilar la capacidad política de maniobra por parte de los supremos.
Según lo expresado por el propio Presidente, el nuevo órgano paralelo a la Corte, “tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario” y, de ese modo, la Corte Suprema “podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.
Además, otros proyectos estarán orientados a reglamentar dos casos puntuales: el recurso extraordinario que permiten que un caso ordinario, es decir, que no trata un tema constitucional, llegue a la Corte; y la aplicación por parte de los supremos del artículo 280 del Código Procesal, Civil y Comercial que, en criollo, permite a la Corte resolver sobre un caso sin otorgar fundamentos en el fallo.
Para avanzar en este paquete de reformas, mucho más ambicioso de lo planteado con anterioridad y que, sin embargo, no prosperó, el Ejecutivo dependerá de las negociaciones con gobernadores, para ampliar el apoyo en el Senado, pero especialmente en el Cámara Baja, donde los proyectos ya presentados duermen el sueño de los justos.
Pero, una reforma judicial como la que necesita el país no puede resolverse en la “rosca”, por el contrario, debe ser promovida y empujada por la participación popular, porque aunque a veces no parezca, el funcionamiento de la “Justicia” tal como es ahora, afecta a la vida de todas las personas, especialmente de los sectores populares.

Escenario sobre el que hay que actuar

Hay que ser claros: la reforma judicial es la batalla política más importante y difícil del gobierno en el mediano plazo, porque implica enfrentarse de verdad con uno de los poderes reales de Argentina. Al tratarse de un proyecto de alto contenido político en el sentido conflictivo del término, es decir, de enfrentamiento con una parte del poder real en Argentina, es necesario incrementar el caudal de apoyo al proyecto si es que de verdad se pretende avanzar a paso firme contra el lawfare.
Harto conocido es uno de los argumentos más sólidos para emprender una reforma judicial en el país: en términos formales jueces, fiscales y defensores integran el único poder del Estado cuyos miembros no son elegidos por el voto popular. Luego, su desempeño como funcionarios del poder público tampoco es sometido al escrutinio electoral. Esta formalidad consagrada por el Estado liberal tiene consecuencias profundas, materiales y concretas, en la vida cotidiana de todas las personas y afecta especialmente a los sectores populares: trabajadores, pequeños y medianos empresarios, pequeños y medianos productores, etc.
Bien sabido es que los mecanismos de selección y evaluación de los miembros del Poder Judicial tienden a fortalecer su espíritu de cuerpo, su escisión respecto a gran parte de la población y su consecuente comunión de intereses con el poder económico, del que resulta tanto garante como parte. Entonces: ¿por qué resulta tan difícil y complejo avanzar con una reforma judicial?
Una hipótesis posible que explicaría esta dificultad podría ser, justamente, una prolongación del problema planteado: la impotencia o falta de voluntad política, por parte de los promotores de dicha de reforma, de constituir una voluntad popular encarnada en un sujeto colectivo que participe de los debates y propuestas de reforma y que pueda pugnar, con perspectivas de éxito, frente a las resistencias generadas por la comunión de intereses entre el poder económico y judicial.
La participación popular es el único factor que puede inclinar la balanza hacia una reforma del Poder Judicial que vaya más allá de la regulación de un poder del Estado devenido en corporación.
Ahora bien ¿qué importancia tiene la reforma judicial? ¿Es importante para los sectores populares, para la clase trabajadora, para los pequeños y medianos empresarios, para los géneros y las diversidades? Alcanza con echar la vista atrás y repasar el comportamiento de la justicia federal, al menos desde 2008, cuando las tensiones entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín y la Mesa de Enlace, como dirigentes políticos de los grupos económicos, se profundizaron a partir de la crisis por la Resolución 125 y la posterior Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sin embargo, estos últimos doce años lo que sucedió fue que al tensarse los antagonismos se develaron las tensiones de clase, quedaron al intemperie los intereses económicos y, especialmente, la estructura de poder en Argentina.
Gracias a ello quedó en evidencia cómo el Poder Judicial, un poder con características nobiliarias, con cargos vitalicios, exentos de impuestos y que cuenta con la última palabra sobre los asuntos denominados “constitucionales”, es un pilar fundamental para el sostenimiento del poder de los grandes grupos económicos, una tapadera para el funcionamiento impune de los servicios de inteligencia y una garantía para la intromisión de EE.UU. en asuntos internos.
Pero nada es nuevo en todo esto. El Poder Judicial es una pata fundamental del Estado Liberal Burgués en Argentina. Este rol de la “corporación judicial” quedó más que claro durante el gobierno de Macri y se evidenció también en el último tiempo, por ejemplo con la intervención de Vicentín, cuando un juez de Reconquista, con probados nexos con la empresa que fundieron sus accionistas junto al Banco Nación de Javier González Fraga, interpuso medidas judiciales que comenzaron por entorpecer una medida que todavía está en disputa.
Fueron muchos los guiños del Poder Judicial a la derecha y los grupos económicos durante el Gobierno Cambiemos. En aquellos cuatro intensos años, en el que se operó una fenomenal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, es decir, desde los sectores populares a los grandes grupos económicos, la “corporación judicial” contribuyó a consolidar el perfil liberal burgués del Estado, que se compone de un conjunto de prácticas y normas que lo justifican.
Para ello, las fracciones políticas de la derecha y los medios de comunicación machacaron sobre la importancia de “la república” y de la “independencia judicial”, tratando de asociar ambos sintagmas a las fuerzas políticas que confluyen en el macrismo y a los jueces federales de Comodoro Py.
Estos son algunos de los elementos por los que resulta fundamental y necesaria una reforma del Poder Judicial. Pero ¿qué reforma? En primer lugar, una que enfrente el bloque de poder conservador enquistado en la Justicia Federal. Para que eso suceda es preciso democratizar la Justicia, esto es, una reforma que haga mella allí donde se asienta el actual poder de los jueces: en su carácter corporativo, que lo convierte en una “casta” política que opera como dique ante las medidas económicas, políticas, sociales y culturales que necesita el país para superar la dependencia y el subdesarrollo capitalista.
Una reforma en este sentido, solo es posible construyendo relaciones de fuerzas favorables, aunque se comience con reformas que por ser parciales no dejan de ser importantes de cara al futuro.

Actores

La importancia de la reforma estará en la eficacia que pueda demostrar a la hora de desarticular a uno de los poderes que mejor viene trabajando para perpetuar el dominio del bloque de poder en Argentina, integrado por los grupos económicos nacionales y transnacionales, los agroexportadores y la oligarquía financiera, todos ellos bajo la conducción política de la derecha representada en Juntos por el Cambio.
Entonces, un primer elemento a tener en cuenta es ver quiénes se oponen al proyecto. Si los que se oponen, tal como se explicitó tras el discurso presidencial, son los jueces federales cómplices del macrismo, los grandes grupos económicos, sus voceros en los grandes medios de comunicación y los representantes de la derecha política, entonces quiere decir que la reforma molesta.
La historia reciente -y no reciente- del país y la región, demuestra que cuando estos sectores reaccionan es porque se ven afectados sus intereses, unas veces en el orden material, otras veces en el orden simbólico.
En la actualidad, la correlación de fuerzas en nuestro escenario se encuentra empantanada en el ámbito político. Además, hay que decirlo, es evidente la consolidación en Argentina, pero también en buena parte del mundo, de un discurso que legitima el fascismo.
En el campo cultural, la hegemonía de la ideología neoliberal, que rechaza la intervención del Estado y que aborrece la creación de cualquier mecanismo de cooperación social, goza de buena salud. Por eso, cualquier iniciativa que pueda erosionar la supremacía cultural e ideológica de la derecha, puede ser considerada como un paso progresivo hacia la generación de una nueva correlación de fuerzas.
Sin embargo, hay que señalar que las batallas simbólicas -que siempre son concretas y materiales- deben ser acompañadas de medidas económicas concretas que mejoren las condiciones materiales y espirituales de los sectores populares, que es el único sujeto social con capacidad en Argentina de sostener un gobierno y un programa de gobierno antineoliberal, nacional y popular.
Entonces, proyectos como el de la reforma judicial deben ser acompañados por otras iniciativas como un sistema de tarifas asequibles en los servicios públicos, el impulso y financiamiento de políticas públicas de vivienda y construcción, la recuperación de la soberanía política y económica de sectores estratégicos, como la Hidrovía del Río Paraná, una reforma tributaria progresiva que grave de forma permanente la riqueza y, fundamentalmente en esta etapa, que logre poner a raya la inflación, empezando por el rubro de alimentos y bebidas.
Este programa de acción se sustenta en una comprobación empírica: el bloque de poder real en Argentina no es estanco ni compartimentado. Su aparato de poder, que es económico, político, judicial, mediático y cultural no funciona por separado.
Por el contrario, es una maquinaria muy aceitada, en la que a pesar de las contradicciones internas -que todo bloque tiene por la heterogeneidad de las fracciones de clase que lo integran- actúa de forma coordinada en todos los ámbitos. Ejemplos recientes hay cientos, pero el caso Vicentín ilustra a las claras la situación.
Si la reforma judicial, junto a otras medidas, son capaces de desarticular o, por lo menos, de esmerilar estos mecanismos coordinados con los que las clases dominantes garantizan su hegemonía, sin dudas será progresiva.
Los jueces, fiscales y defensores no conforman un estamento nobiliario en la sociedad, aunque la estructura del Estado liberal burgués le conceda esos privilegios, que a priori se contradicen con el ideario político-social del liberalismo.
Pero, como ya sabemos, el liberalismo hizo de esas contradicciones virtud y bajo las banderas de la libertad económica supo defender las más férreas políticas proteccionistas, como hoy bajo las banderas de la “república” se organizan las fuerzas más reaccionarias y retrógradas de la sociedad.
En definitiva, de lo que se trata es de desarmar la maquinaria económica, política y cultural del capitalismo que encuentra en el poder corporativo de los jueces un fundamento de su hegemonía.