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Jue, Sep

Sindical
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Una decisión judicial cuestiona la intención de que declare la "esencialidad educativa" que, tal como advierte el integrante de La Violeta "ataca a los trabajadores que tenemos derechos que han sido conquistado a lo largo de muchos años".

La semana pasada la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, declaró la inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/2023 que apuntan a prohibir bloqueos o tomas de los espacios de trabajo por reclamos gremiales, con lo que consideró que no es constitucional la limitación del derecho de huelga, tal como lo plantea el Proyecto Fnocchiaro que pretende declarar la “esencialidad educativa”.

La iniciativa de quien fuera ministro de Educación de Mauricio Macri, va en sintonía con la mirada que tiene la Presidencia Milei quien, tras degradar a esa cartera al rango de Secretaría, avanzó en medidas que agreden abiertamente al sistema educativo público, universal y gratuito como el feroz ajuste que se perpetra contra el salario de los trabajadores del sector, la degradación de la Paritaria Nacional Docente y la anulación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

“Quieren que nuestro país vuelva ser una colonia y, por ende, no tienen proyecto educativo alguno tal como vemos en el desfinanciamiento que produce quitando el Fonid”, advirtió el integrante de La Violeta y Suteba de Lanús, Pablo Moren, quien además puntualizó que el modelo de país que representa la Presidencia Milei, “no tiene como eje a la ciencia o a la industria y por eso ataca al sistema educativo y va desmantelando el Conicet”.

Pero también hizo hincapié en que mediante el Proyecto Finocchiaro "atacan al sistema educativo y a sus trabajadores" que, remarcó, "tenemos derechos que han sido conquistado a lo largo de muchos años". Y recalcó: “somos trabajadores y esto es algo que nunca debemos olvidar, pero además somos muy importantes, ya que nuestra tarea implica generar conciencia sobre los derechos que tienen nuestros estudiantes y sus familias, derechos personales, sociales, políticos, también a tener un ambiente sano, a estar bien alimentado y a contar con una vivienda digna”.

Queda claro que desfinanciar al sistema educativo es uno de los objetivos que tiene el actual gobierno y, para ello, la supresión del Fonid resulta clave. “La lucha por la restitución del Fonid es esencial para los trabajadores de la educación y sus sindicatos”, puntualizó Moren y recordó que este Fondo “es esencial en la composición salarial de nuestro gremio”, al tiempo que destacó la actitud adoptada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien decidió “poner la parte que debería pagar nación en concepto de Fonid”.

Y después de hacer hincapié en que a Javier Milei y a su ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, “no les importa para nada la educación” los fustigó por la decisión de fijar el salario mínimo para los docentes en poco más de 254 mil pesos. “Fijar el sueldo en esa suma, es una clara muestra del desconocimiento de la situación que atravesamos los trabajadores de la educación que, en pos de su superávit ficticio, somos como el resto de los trabajadores quienes pagamos este ajuste sin precedentes que tiene tintes de Doctrina del Shock”.

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 Es lo que dijo el titular de la AMP, Rogelio de Leonardi, de cara a la profundización del plan de lucha que avanza hacia en un paro por 96 horas en demanda de una recomposición consistente en cien mil pesos que se incorporen al básico y quinientos mil de piso salarial.

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Mientras la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas pide que se abra una Fiscalía especializada en violencia de género, el gobierno nacional disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

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Con esta premisa, al cierre de esta edición, los trabajadores agrupados en la CTA marchan hacia el Palacio Legislativo. “Hoy es importante movilizar porque la democracia está en peligro”, advirtió la secretaria de Derechos Humanos de la CTA bonaerense, Lorena Giorgetti.

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