Mientras la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas pide que se abra una Fiscalía especializada en violencia de género, el gobierno nacional disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
La Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas reclamó que se abra una Fiscalía especializada en violencia de género, que tenga incumbencia sobre esas tres jurisdicciones del conurbano bonaerense. Y lo hizo en un contexto en el que, la semana pasada, nuevamente se movilizó en todo el país para decir Ni Una Menos.
Pero con el mismo telón de fondo y a menos de un día de notificar los despidos de más de cuatrocientos trabajadores del área, el gobierno nacional confirmó la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que es aquello en lo que devino el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, por una decisión que adoptó apenas asumió como Presidente, Javier Milei.
De acuerdo a lo que hizo público quien hasta hace pocos días tenía a su cargo la Subsecretaría, Claudia Barcia, la decisión de disolverla le fue notificada por medio de un mensaje de WhatsApp, por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. “Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político- partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos. Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito”, dijo el gobierno nacional para justificar la determinación.
Pero, una vez más, la realidad desmiente al relato de la Presidencia Milei, ya que a la luz de las políticas de género que se pusieron en marcha durante los últimos años los índices de femicidios venían cayendo, algo que lamentablemente se revirtió con la llegada de Javier Milei a La Rosada.
Al respecto, un dato revelador es el que suministra un informe recientemente dado a conocer por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, que da cuenta de que entre el primer día de 2024 y el 30 de abril, se registran en Argentina un femicidio cada 37 horas.
Con este telón de fondo, la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades CTA de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas que preside Chavela Miño, se pronunció “de manera firme y contundente en contra del cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género”, medida que calificó como “arbitraria y antiderechos que nos produce un enorme repudio y preocupación”.
En tal dirección, lamentó que “frente a tantos casos de violencia de género que se producen, minuto a minuto, contra mujeres y disidencias en nuestra sociedad, esta medida sólo significa una profunda complicidad con el sistema que nos violenta”. Y añade que la medida va en el mismo sentido con la degradación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades que decidieron el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona que “son responsables de dejar sin asistencia a miles de víctimas de violencia de género”.
Tras lo que alertó que “con este triste avance contra las políticas de género, el gobierno nacional envía un mensaje que habilita la reproducción de las violencias, desoye el reclamo de todo el movimiento feminista por más políticas públicas y vuelve a violentar a quienes requieren del acompañamiento del Estado”, pero también “incumple con los compromisos internacionales asumidos respecto a la debida diligencia con la que está obligado a actuar para la eliminación, prevención, sanción y protección contra la violencia de género”.
