En un contexto de ajuste brutal, marcado por el crecimiento y la criminalización de la pobreza, distintas organizaciones políticas, comunitarias, sindicales y de derechos humanos, entre ellas el Partido Comunista, llevaron adelante en La Matanza la jornada “Ninguna familia sin Navidad”. Una acción colectiva que frente al modelo de crueldad impulsado por el gobierno nacional y a un sistema económico que expulsa y abandona, puso como respuesta la solidaridad, la organización popular y la defensa de la dignidad.

Esto es lo que reclamaron diferentes personalidades y organizaciones que, convocadas por ambas CTA, hicieron un acto el viernes pasado en la Ciudad de Buenos Aires, donde presentaron una declaración en apoyo al pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 

El gobernador bonaerense realizó el lanzamiento nacional del Movimiento Derecho al Futuro y afirmó que “vamos a mostrar que hay una alternativa y que no venimos a repetir la historia”. Ahí estuvieron el Partido Comunista, el Movimiento Territorial Liberación y La Fede de la Provincia, desde donde su secretaria de Organización, Camila Recofsky, destacó que Kicillof reconociera que “no alcanza con el peronismo ni con Buenos Aires”. Mientras que Tania Caputo, responsable de Relaciones Políticas del PC de la PBA, sostuvo que “hemos decidido establecer una forma de resistencia a este gobierno neofascista que lo que nos plantea es peores condiciones de vida para nuestro pueblo en función de los intereses de EE.UU., de los sectores financieros y del poder real empresarial”.

Falleció quien fuera un veterano referente del Partido Comunista de La Plata con una vasta trayectoria en la Asociación Judicial Bonaerense, la que presidió durante años y donde, hasta sus últimos días de vida, fue titular de la Subsecretaría de Jubilados y Pensionados.

Fue en el marco de la 57° edición consecutiva de la Marcha de Jubilados Autoconvocados. Una de las organizaciones que ha estado presente cada miércoles es el MJL, desde donde Pedro Waldo denunció que la reforma laboral que tiene a consideración el Congreso responde “a un acuerdo de Milei con el FMI” y constituye “un ataque abierto contra la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.