Ante las nuevas demoras, la Ctera se dirigió al Tribunal Oral Federal de Tucumán para exigir el urgente adelantamiento de prueba testimonial en la causa que investiga los crímenes cometidos la noche del 24 de marzo de 1976 contra los docentes Isauro y Arturo Arancibia, con los que se dio inicio al genocidio perpetrado por la última dictadura. Esta medida “agrava el escenario de impunidad que se continúa arrastrando hace más de cincuenta años”, denunció la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
Por medio de una nota que lleva las firmas de su titular, Sonia Alesso, junto a las del Secretario Adjunto y el de Derechos Humanos, Roberto Baradel y Rogelio De Leonardi, la Cetera exigió el urgente adelantamiento de prueba testimonial en la causa que investiga los crímenes que fueron cometidos por la dictadura cívico-militar contra Isauro y Arturo Arancibia, ambos maestros tucumanos asesinados el 24 de marzo de 1976 por el terrorismo de Estado.
El pedido fue formulado a poco de que, días atrás, el Tribunal Oral Federal de Tucumán notificara a la querella que lleva la Ctera que, tras la suspensión de la instancia prevista para el lunes 3 de agosto, la nueva fecha de inicio del debate oral y público en la causa de lesa humanidad, fue fijada recién para el 15 de febrero de 2027. La confederación docente denunció que esta medida representa una demora que “pone en riesgo la posibilidad de contar con los testimonios de referentes históricos, lo que vuelve imperiosa la fijación de una próxima fecha para el adelantamiento de pruebas”.
Al respecto, Ctera agregó que las hermanas de Arturo e Isauro, Italia y Amalia Arancibia, fallecieron sin poder brindar testimonio por el asesinato y que, el pasado 16 de julio, “hemos perdido la posibilidad de contar con el testimonio del compañero Juan Balduzzi, quien falleció tras haber esperado años para brindar su testimonio de contexto en la causa”.
Por ello es que “la demora en el juzgamiento constituye un hecho de extrema gravedad institucional”, ya que “el paso del tiempo sigue siendo utilizado como una forma encubierta de impunidad donde el fin del ciclo biológico de los imputados genera, en muchos casos, que las causas queden sin condena perpetuando la situación de injusticia para las víctimas, sus familiares y el conjunto de la sociedad, y agrava el escenario de impunidad que se continúa arrastrando hace más de cincuenta años”.
Cabe citar que en esta causa fueron imputados Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez, quienes durante 1976 eran agentes de la Policía de Tucumán, así como Manlio Martínez, quien por entonces fue el juez federal que debió encargarse de llevar la investigación del asesinato de los Arancibia, por lo que en su caso se lo acusó de cometer los delitos de prevaricato y encubrimiento.
Sin embargo, durante 2017 los cuatro fueron beneficiados con sobreseimientos y falta de mérito. Pese a esto la apelación de la Fiscalía y las querellas rindió sus frutos cuatro años después cuando logró revertir la decisión, logrando que estos represores quedaran al borde de sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral cuya resolución se sigue dilatando, favoreciendo así el triunfo de la impunidad biológica sobre la Justicia.
