Es lo que exige la Liga Argentina por los Derechos Humanos mientras con su Tormenta Negra 2, el macrismo en CABA“hace campaña electoral a costa de la dignidad de las personas trabajadoras de villas y barrios populares”. De esta manera, advierte la Liga, desde la dercha “invocan la lucha contra el delito para perseguir a los más humildes”.
“Basta de represión y persecución en las villas barrios populares”, es lo que exigió la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) al hacer público su “más enérgico repudio” al megaoperativo simultáneo denominado Tormenta Negra 2, que fue desplegado el jueves pasado al promediar la tarde y hasta altas horas de la madrugada en quince villas y barrios populares de Ciudad de Buenos Aires con la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad, agentes de la Agencia Gubernamental de Control y funcionarios del Ministerio de Espacio Público de la gestión que encabeza Jorge Macri.
Tormenta Negra 2 se inscribe en una saga atravesada por el constante hostigamiento contra los vecinos de las barriadas históricamente más relegadas de la Ciudad, que tuvo un un hito cuando en mayo pasado se levó a cabo un operativo similar. A la vez, se enmarca en una creciente persecución a personas migrantes y en una criminalización de la pobreza que va en aumento de la mano de la promoción de discursos y actitudes racistas.
Todo esto constituye una política de control social sustentada en la impunidad. Si para muestra alcanza con un botón, basta con decir que al comando de estos operativos está el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, quien fue procesado por la responsabilidad que tuvo en la represión desatada en el hospital Borda el 26 de abril de 2013, por parte de efectivos de la policía porteña.
En esta ocasión, las zonas más afectadas por el operativo Tormenta Negra 2 en el que, según información oficial, participaron alrededor de 1500 efectivos, fueron la Villa 20, la Villa 31-31 bis Barrio Padre Carlos Mugica, el Barrio La Carbonilla, el Barrio Playón de Chacarita, la Villa 6 Cildañez, la Villa 21-24 de Barracas y Zavaleta, la Villa 15 y la 1-11-14 Barrio Padre Ricciardelli. “Repudiamos estas políticas de espectacularización de la represión contra los habitantes de las villas y los barrios populares de nuestra ciudad”, recalcó la Liga Argentina por los Derechos Humanos y advirtió que el tándem Macri-Milei “hace campaña electoral a costa de la dignidad de personas trabajadoras, de la tranquilidad y hasta de los propios cuerpos de los habitantes de esos barrios”, quienes quedan en una clara situación de riesgo “ante el uso arbitrario de la fuerza pública”.
Asimismo, la LADH puntualizó que los gobiernos que encabezan Jorge Macri y Javier Milei “no tienen nada bueno que mostrarle a nuestro pueblo en materia de trabajo, de salarios, salud y educación, ni en políticas que mejoren efectivamente nuestras condiciones de vida”. Tanto es así que, recordó, el mismo día en que montaron Tormenta Negra 2, el Indec dio a conocer su informe trimestral en el que “se expone la gravedad de la situación social” caracterizada por un pronunciado crecimiento de la pobreza y la indigencia.
“Frente a semejante desastre social y económico, la respuesta de ambos gobiernos de manera sincronizada en sus discursos de odio, es desplegar más de 1500 efectivos de la Policía de la Ciudad para reprimir, detener arbitrariamente y secuestrar pertenencias y herramientas de trabajo indispensables para la subsistencia de las familias que pueblan los barrios populares”, denunció la Liga y lamentó que en esa vorágine destructiva los uniformados se llevaron carros de cartoneros, parrillas, motocicletas, bicicletas y otros elementos utilizados para realizar changas y ganarse el sustento. Todo esto se hizo “bajo el argumento de supuestos delitos de poca monta y en medio de un procedimiento desproporcionado que incluyó el uso de gases lacrimógenos, disparos con balas de goma y el despliegue de helicópteros y drones”.
Por lo que, sin dudarlo, el comunicado de la Liga hizo hincapié en que “eso no es una política de seguridad pública, sino un espectáculo represivo montado a costa de la dignidad de nuestro pueblo”, algo que se inscribe en “una práctica de discriminación sistemática contra las villas y los barrios populares, con el fin de posicionar electoralmente a Jorge Macri mediante la militarización de dichos territorios y de consolidar esas barriadas como zonas de excepción permanente, donde los derechos y las garantías constitucionales son violentados de forma sistemática”.
Tas recordar que el mismo gobierno que invoca la lucha contra el delito para perseguir a los más humildes tiene como ministro de Seguridad a Horacio Giménez, sobre quien pesa un procesamiento firme por los 32 lesionados en la brutal represión dentro del Borda, la LADH subrayó que las villas y los barrios populares, “donde viven miles de trabajadores y trabajadoras, no pueden ser convertidos en objetivos de persecución racista y represión”.
En tanto que sostuvo que “los millones de pesos de recursos públicos que se derrochan en estos operativos deben destinarse a políticas de integración sociourbana con radicación definitiva, acceso al agua potable y a los servicios públicos esenciales, junto a una política pública efectiva que garantice el derecho a una vivienda digna, en educación y en salud para todos los trabajadores y sus familias”.
Por eso es que convocó “a la unidad y a la organización de nuestro pueblo para no caer en la trampa de identificar a nuestros compañeros habitantes de las villas y los barrios populares, como el supuesto ‘enemigo interno’”, ya que resulta indispensable que “no permitamos que nos enfrenten entre trabajadores, que no aceptemos la falsa disputa de pueblo contra pueblo”.
