El perseguido político italiano se fue del departamento donde cumplía prisión domiciliaria en una fuga cinematográfica. En ese contexto se produjeron detenciones de personas allegadas a este ex integrante de las Brigadas Rojas. La Gremial de Abogados que, junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos patrocinó su defensa en el juicio que en 2003 evitó su extradición, alertó acerca de la aplicación de la llamada ley antiterrorista y sobre la violación al derecho internacional.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina fijó postura respecto a la fuga del italiano de 74 años Leonardo Bertulazzi, quien durante la década de 1970 formó parte de las Brigadas Rojas, afirmando que su persecución constituye un acto “a todas luces fuera de la ley”. La semana pasada, Bertulazzi se fue del departamento del barrio porteño de San Telmo, ubicado en Defensa al 600, en plena tarde, durante un bache de la custodia policial asignada en consigna. Ahí cumplía arresto domiciliario con una tobillera electrónica, pero anuló su mecanismo y engañó sus sensores de forma casera, rodeándola con un corte de carne de cerdo, un tubo metálico, una manta térmica y un tensiómetro, para luego descolgarse desde el balcón de un quinto piso utilizando un viejo arnés y sogas, que guardaba de sus años de alpinista amateur, y saltar en caída libre desde unos cinco metros. La justicia italiana lo acusó de haber sido partícipe hace cincuenta años del secuestro del empresario Piero Costa y lo condenó en su ausencia a 27 años de prisión.
En octubre de 2025, la jueza Macarena Marra Giménez confirmó la disposición del subsecretario del Interior, Tomás Manuel Pannunzio, quien había determinado que cese la condición de refugiado político de Bertulazzi, quien llegó a Argentina en 2002 en moto desde Chile, y cuya extradición reclama Italia por medio de la premier Giorgia Meloni. En ese entonces amigos y familiares de Bertulazzi, así como organismos de derechos humanos, entre ellos la LADH, denunciaron que con esa disposición judicial entraban en zona de riesgo el estatus de refugio y el derecho internacional, junto a lo cual advirtieron acerca de los problemas de salud que padece el militante marxista-leninista itialiano, quien había padecido un cuadro de ACV en enero de ese mismo año y volvió a sufrir un episodio de esas características hace algunos meses.
A poco de que se supiera que Bertulazzi ya no estaba en el departamento de San Telmo y se conocieran los testimonios de un camionero que aseguró llevarlo hasta la provincia de Corrientes y lo describió como “un tipazo”, el jueves pasado fueron detenidos Marcos Enrique González Rodríguez, Ethel Villalte de Rodríguez y Mónica Mellid Cañiza, allegados a Bertulazzi, quienes fueron liberados horas más tarde.
Por su parte, la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina sostuvo que “en un país donde reina la impunidad para los graves delitos que se cometen desde el poder, se criminaliza a quienes en el pasado fueron parte de las resistencias de los pueblos, como en el caso de Leonardo, con persecuciones que, aunque lleven la firma de los jueces fieles al poder de turno, son a todas luces fuera de la ley”.
La Gremial también recordó que Bertulazzi tenía refugio político en Argentina, después de que con la defensa dispuesta por este organismo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos se ganara el juicio de extradición en el año 2003, lo que hizo posible que se quedase en nuestro país. Mientras que lamentó que “al igual que la familia Villalba y Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el actual gobierno cancela los refugios otorgados a militantes extranjeros que lucharon en el pasado en sus países o a quienes son perseguidos en su país de origen por ser familiares de militantes y luego, si puede, los entrega a esos países, en procesos absolutamente contrarios a la normativa internacional sobre los Refugios Políticos”.
Además, hizo hincapié en que la persecución no queda en eso, ya que también se extiende “a quien se solidariza con las situaciones de injusticia y colabora con la protección de los y las perseguidas” y es por eso, remarcó, “que detienen a Mónica, a Marcos y a Ethel”, a quienes la Gremial va a defender “a pedido de sus familias y organizaciones que los acompañan”.
Finalmente, la Gremial de Abogados y Abogadas subrayó en su comunicado que “es un alivio que ahora estén por lo menos en libertad, en realidad es lo que corresponde con la acusación de delitos que son excarcelables, pero sabemos que hoy eso es una verdad a medias frente a la aplicación de la normativa que llaman antiterrorista”. Vale mencionar que esa ley fue sancionada en 2011 a instancias del gobierno de Cristina Fernández y contra la cual la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Partido Comunista presentaron en su momento un proyecto de anulación en el Congreso que nunca fue tratado.