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16
Mar, Jun

Internacional

El gobierno de Bolivia impidió ayer la entrada a su país de la misión argentina de Derechos Humanos y la Cancillería de nuestro país avaló esa determinación antidemocrática. En la conferencia de prensa a su regreso a Ezeiza, los integrantes de la delegación deportada reafirmaron que continuarán estrechando los lazos de hermandad con el pueblo boliviano.

Con el explícito apoyo de la Presidencia Milei, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió ayer que ingresara a su país la misión argentina de veedores que viajaba con el objetivo de tomar registro de las violaciones a los Derechos Humanos que vienen produciéndose en el marco de la represión a las protestas sociales iniciadas hace más de un mes en La Paz y extendidas luego a diversas regiones. En medio de este panorama, el Ejecutivo boliviano amenaza con aplicar el Estado de Excepción ya promulgado, lo que habilitaría la intervención de las Fuerzas Armadas. Como consecuencia de esta creciente represión estatal ya hay al menos una decena de personas asesinadas y más de un centenar de presos políticos y heridos por la policía. Las movilizaciones, lideradas por la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas como los Ponchos Rojos, continúan. 

La comitiva argentina estaba conformada, entre otros, por la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos e integrante de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos Andrea Reile y por Emanuel Cuello, miembro de la Dirección del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires. También formaban parte de ella el diputado nacional Juan Marino y la legisladora porteña Vanina Biassi, así como representantes de la CTA Autónoma, ATE, la Federación Nacional Campesina, Barrios de Pie, el CEPRODH y diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y de DDHH.  

Todo se precipitó cuando a poco de arribar al aeropuerto de El Alto, personal policial impidió que los integrantes de la misión salieran de la terminal aérea, pese a que ya habían presentado en regla toda la documentación pertinente durante los días previos al viaje en la Embajada de Bolivia en Buenos Aires y horas antes en la escala hecha en Santa Cruz de la Sierra.

La connivencia de los gobiernos de Rodrigo Paz y Javier Milei en la maniobra que impidió que la misión argentina ingresara a Bolivia es tan evidente como burda. En pleno desarrollo de los acontecimientos, el Ministro de Relaciones Exteriores de de nuestro país, Pablo Quirno, emitió un comunicado en el que cerró filas con el Palacio Quemado. Haciendo propias las ligeras argumentaciones de las autoridades bolivianas, el canciller sostuvo que la delegación fue rechazada por “inconsistencias” entre los papeles migratorios y las verdaderas intenciones del viaje, lo que no resiste el menor análisis ya que desde que se anunció públicamente la partida de esta misión veedora de Derechos Humanos siempre se explicitó para qué iba a tierras bolivianas.

Hay que reiterar que más allá de las excusas esgrimidas en tándem por ambas cancillerías, la delegación argentina solidaria con la lucha de su pueblo hermano nunca ocultó qué es lo que pretendía hacer y reconoció que su visita fue acordada con organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas de Bolivia, además de  ser apoyada por senadores y diputados de este país sudamericano.

Emanuel Cuello ratificó que el propósito no era otro que el de hacer un relevamiento “de las situaciones que ahí se vienen viviendo como consecuencia de la resistencia del pueblo para luego elaborar un informe”. El dirigente del PC de la Capital confirmó en diálogo con NP que cuando el grupo ingresó a territorio boliviano por Santa Cruz de la Sierra hicieron todos los trámites correspondientes y plantearon que su tarea “iba a consistir en relevar situaciones vinculadas a los Derechos Humanos”. Asimismo, ahí dejaron constancia de cuál sería su agenda y de dónde se hospedarían.

En esa primera instancia, el paso por la oficina de Migraciones transcurrió con normalidad, por lo que realizaron la conexión de Santa Cruz hacia La Paz sin mayores inconvenientes. Pero todo cambió para mal al llegar a la capital boliviana, donde fueron retenidos dentro del avión y, como contó el integrante del Secretariado del Partido Comunista porteño, “después de separarnos del resto de los pasajeros, nos escoltaron hasta el sector de Migraciones y ahí nos retuvieron nuestros documentos, manifestándonos que debíamos volver a Santa Cruz porque nuestro ingreso había sido irregular”.

Vale mencionar que en esos momentos senadores y abogados de Derechos Humanos locales aguardaban a la delegación ante las puertas de la terminal aérea paceña. Pero a los militantes argentinos no les permitieron nunca entrar al aeropuerto y fueron retenidos por la policía local e Interpol por un lapso de cinco horas.

“Fue en ese contexto en el que, durante algunos minutos, se llevaron secuestrado a nuestro compañero César, que siendo de nacionalidad boliviana formaba parte de la misión”, narró Cuello al recordar el que fue uno de los momentos de mayor tensión que se vivieron durante la larga jornada del lunes y añadió que “después de que logramos recuperar a César, nos expulsaron usando todo tipo de violencia”.

En este sentido, resaltó que “el gobierno de Rodrigo Paz expulsó a una misión de Derechos Humanos que lo único que iba a hacer a Bolivia, era intentar romper el cerco que se pretende establecer para ocultar las violaciones a los Derechos Humanos que cometen, para lo cual íbamos a registrar datos para confeccionar un informe que ayude a clarificar cuál es el estado de situación que se vive en ese país”. Y añadió que, pese a todo, “pudimos conrroborar que todas las denuncias que nos vinieron llegando forman parte de los mismos procedimientos y esquemas que sufrimos mientras estuvimos en Bolivia”.

Como sostuvo Cuello, el de Paz Perira “es un gobierno que no respeta los Derechos Humanos de su propio pueblo ni el Derecho Internacional”. Pese al sabotaje que sufrió la misión, aseveró que “vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que se sepa lo que está pasando en Bolivia” y anticipó que se va a abrir una línea directa para recibir denuncias al respecto, que van a servir de insumo para la elaboración del documento que esta delegación argentina multisectorial se proponía hacer como conclusión de la visita que le fue negada por el gobierno de Paz y sus fuerzas represivas.

El episodio vivido ayer por los argentinos lejos está de constituir una situación aislada de la dura realidad que atraviesa el pueblo boliviano. Pero como lo dejó bien claro Emanuel Cuello tampoco está al margen de lo que pasa en buena parte de nuestro continente. “Esto forma parte de una experiencia que avanza desde Estados Unidos y que bien puede denominarse como un Segundo Plan Cóndor”, caracterizó el dirigente comunista y agregó que en este contexto “el imperialismo comienza a mostrar abiertamente sus garras en Latinoamérica con el objetivo de robarnos nuestros recursos naturales”. Sin embargo, recalcó que pese al panorama adverso, “el pueblo boliviano está resistiendo y nosotros vamos a continuar apoyándolo y sosteniendo la lucha por nuestra soberanía”.

La palabra de la Liga

Por su parte, Andrea Reile, abogada de la filial rionegrina de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), también fustigó la postura adoptada por el gobierno nacional. “El comunicado de la Cancillería es vil”, lamentó y recordó que la normativa aduanera y migratoria “estaba súper cumplida con anterioridad”. En relación al atropello que atravesaron en el aeropuerto de El Alto, contó que dese la delegación se comunicaron con la cartera a cargo de Quirno que “es la que debería velar por los derechos de los ciudadanos argentinos cuando estamos en otros países”.

Además, destacó que el comunicado oficial “no hace otra cosa que mostrar el paralelismo existente entre ambos gobiernos” y al respecto puntualizó que el pueblo boliviano resiste y lucha “contra leyes que pretende imponer el gobierno de Paz, caracterizadas por la entrega de los recursos naturales, que son similares a las que en Argentina impone Milei”. De ahí que reconociera que “aunque me hubiera gustado tener un gobierno que me defienda, no sorprende la actitud de Cancillería, porque forma parte de un gobierno que, como el de Bolivia, está sometido al poder económico y no le interesa ni en lo más mínimo el derecho de los pueblos”.

La abogada de la LADH hizo hincapié en que la misión fue concebida, sobre todo, desde un carácter “humanista y solidario con la lucha de los pueblos,  con los sectores más abandonados por el sistema y contra los que vulneran sus derechos”. Por lo tanto, insistió que con la postura adoptada en este caso, la Presidencia Milei “vuelve a dejar en claro que gobierna para el capital extranjero y el poder económico sin pensar en los pueblos” y que todo esto “explica por qué tenemos un canciller que en lugar de defender a sus ciudadanos, se pone en consonancia con un gobierno dictatorial”.

Lo que tampoco sorprende es que siga viva la solidaridad histórica entre el pueblo argentino y el pueblo boliviano. “Esto nos sirvió para pasar de la duda a la certeza”, dijo Reile y explicó que “si como gobierno se impide que quince personas de otro país hagamos entrevistas, incluso con el mismo gobierno, a quien le pedimos audiencia, queda claro que es porque las denuncias tienen asidero”.

Frente a estos hechos, reflexionó que lo que pasó “sirvió para romper el cerco mediático que hasta ahora oculta lo que pasa en Bolivia, porque lo sucedido obligó a que medios masivos deban hablar sobre la violación a los Derechos Humanos en aquel país”. En tanto que aseguró que “esto va a continuar”, ya que “la solidaridad entre los pueblos sigue siempre y vamos a seguir denunciando y a confeccionar un informe que ayude a visibilizar lo que ahí sucede con un pueblo que con mucha dignidad está llevando a cabo una lucha que tenemos que mirar y con la que debemos ser solidarios”.

 

 

 

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