Alberto Fernández se reunió con once gobernadores para avanzar en el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. "Las provincias nos sentimos damnificadas", dijeron los mandatarios provinciales a coro tras el encuentro en Casa Rosada. Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, los vínculos entre Marcelo D’Alessandro y Horacio Rosatti, configuran “una categoría de acto de violencia institucional” que “afecta la supremacía de la Constitución Nacional”.
Mientras se espera que Alberto Fernández que volvió a reunirse con gobernadores, para ultimar detalles del texto por el que se va a pedir juicio político a Horacio Rosatti, el juez federal Guillermo Molinari imputó al director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En este contexto, Molinari ordenó que “con carácter de urgencia”, Robles “deposite su teléfono celular” en la Secretaría de turno correspondiente, en una resolución que alcanza al teléfono móvil que usa habitualmente y a “todo aparato de telefonía celular que tenga en uso habitual, personal u oficial”.
Cabe recordar que Robles oficia como vocero y director general de la vocalía a cargo de Rosatti, y aparece en conversaciones con Marcelo D’Alessandro que fueron rebeladas recientemente, en las que entre otras cosas, le brinda al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires argumentos sobre cómo proceder ante la controversia que la Gestión PRO sostiene con el gobierno nacional por las bancas en el Consejo de la Magistratura. Y asimismo le anticipa cuál iba a ser la decisión de la Corte sobre la disputa por la coparticipación.
La revelación de esas conversaciones se suma a las que dieron cuenta del viaje que jueces, fiscales y operadores políticos realizaron a Lago Escondido, auspiciados por el holding Clarin. Esto puso en el ojo del huracán a Robles y D’Alessandro, pero también a Rosatti, Horacio Rodríguez Larreta y a todo el esquema de lafware que involucra a buena parte del Poder Judicial y de la industria massmediática hegemónica con Juntos por el Cambio, cuyas bancadas legislativas adelantaron que van a resistir el pedido de juicio político a Rosatti, aún antes de que se conociera el texto de la solicitud que va a cursar Diputados.
Pero estos no son los únicos delitos que exhiben con particular claridad las conversaciones que surgen del registro de un teléfono de D’Alessandro. Entre otras cosas, ahí quedan al desnudo los vínculos existentes entre el titular de la cartera de Seguridad de Rodríguez Larreta y un gerente de la empresa de grúas Dakota.
Se trata de Marcelo Violante que es el empresario que maneja la concesión de la prestación del servicio de grúas que acarrean los vehículos que presuntamente están en infracción en la Ciudad, pero también la de varias playas de estacionamiento ubicadas en puntos estratégicos de Buenos Aires.
Por la concesión del acarreo de vehículos, Violante pagó durante los últimos quince años poco más de cincuenta mil pesos por mes. Durante ese período, fue beneficiado con el otorgamiento de la concesión de las playas de estacionamiento.
Este lapso de tiempo coincide con el de la Gestión PRO en la Ciudad. Y, en las conversaciones que tomaron estado público, aparece Violante preguntando al ministro si le “da para proponerle negocios a Horacio” y la respuesta es afirmativa.
Con este telón de fondo, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió que lo que fue revelado “son datos incontestables” que ponen a la luz la comisión de los delitos de tráfico de influencias y omisión de deberes de funcionario público, entre otros, por lo que sostuvo que “esto trepa una categoría de acto de violencia institucional, es decir que afecta la supremacía de la Constitución Nacional”.
Barcesat también lamentó que “tenemos operadores dentro de la Justicia que hacen una compraventa de sus servicios, influencian sobre cómo donde presentar los reclamos y todo esto con una imbricación directa en la responsabilidad de la Corte en la figura de su presidente”.
Después sostuvo que más allá de las diferencias filosóficas y jurídicas que tiene con Rosatti “siempre supuse que era un hombre de cierta integridad moral”, pero este hecho “desnuda una desfachatez institucional absoluta y un propósito de influir en la política, tal vez incluso con alguna aspiración personal que exceda los dos cargos que ocupa” quien preside la Corte y, por autoproclamación, el Consejo de la Magistratura.
Y, tras celebrar la decisión de que se avance en el pedido de juicio político que “pida el enjuiciamiento y remoción y debe ser acompañado por los funcionarios y gobernadores”, dijo que se trata de “un momento triste para la República” que también puede transformarse “en el momento en que se inicie un acto de purificación del Poder Judicial de la Nación, comenzando por lo más corrupto que en este momento, tal como se exhibe, es la Corte Suprema”.
