Juicio por crímenes de la Triple A

“La continuación de los juicios por los delitos de lesa humanidad que cometió la Triple A en Bahía Blanca marcan un cambio de época de en materia judicial local”, celebró el responsable de La Fede de esta ciudad, Francisco García, al referirse al inicio del alegato de la Unidad de Derechos Humanos bahiense en el juicio por el accionar y crímenes perpetrados por la Triple A en esa región, que incluyen 24 homicidios.
El debate comenzó en marzo de 2020 y sentó en el banquillo de los acusados a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Angel Forcelli y Osvaldo Pallero, cuatro integrantes de la organización criminal que, en Bahía Blanca, respondió al entonces diputado nacional Rodolfo Ponce y al ex rector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu.
Los cuatro están acusados de violar los derechos humanos de 24 personas, en su mayoría referentes gremiales, políticos y estudiantiles de la ciudad. Aceituno, además, debe responder por el asesinato del estudiante y militante de La Fede, David Hover Watu Cilleruelo.
El representante del Ministerio Público Fiscal, Pablo Vicente Fermento, ahondó en el surgimiento y los vínculos de la organización paraestatal “con los ámbitos estatales y espacios sociales”, entre los que se identificó al diario La Nueva Provincia, al diputado y dirigente sindical Raúl Ponce y el interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) Remus Tetu, entre otros.
Tras haber permanecido suspendido durante casi cuatro meses debido a la pandemia, el juicio por estos crímenes fue el primero en retomar las audiencias con una dinámica semipresencial, en julio pasado.
En su elevación a juicio, la Fiscalía ya planteaba que la Triple A bahiense había nacido para “eliminar, a través de la violencia, toda expresión de activismo político en oposición al gobierno nacional y a sus referentes locales, especialmente en los ámbitos estudiantiles y gremiales”.
Siete meses después, la generalidad de más de noventa testimonios, entre testigos, sobrevivientes y familiares de víctimas, la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a través del fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento, confirmó aquella premisa.
Según desplegó el Ministerio Público Fiscal, patrullando “las calles de la ciudad en la fiambrera -un Fiat 125 azul-” y los edificios universitarios, intimidando, agrediendo, asesinando.

Pasos importantes

El 3 de abril de 1975, Cilleruelo fue asesinado de un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur, donde junto a otros compañeros convocaba a la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes que debía revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que el propio Watu presidía.
Según apuntó el Ministerio Público Fiscal, varios testimonios “refirieron que los responsables del homicidio se dirigieron en el vehículo del Rectorado hasta el lugar donde se encontraba Cilleruelo, lo ultimaron y se retiraron inmediatamente en el mismo automóvil”. Diversos testigos señalaron que Jorge Argibay fue quien hizo el disparo y que lo acompañaban su hijo Pablo -ambos fallecidos- y Aceituno.
En este sentido, Francisco García, responsable de La Fede de Bahía Blanca señaló que “la continuación de los juicios por los delitos de lesa humanidad que cometió la Tiple A en Bahía Blanca marcan un cambio de época en materia judicial local”.
Al respecto, el referente de la FJC hizo hincapié en que “con estos juicios se pudo conocer más en detalle las represiones de la Triple A que fueron un preludio de lo que fue la dictadura”, tras lo que fue claro al recalcar que “todo el campo popular debe condenar los crímenes de la Triple A” y destacó que “se están dando pasos importantes para que se juzguen a los cómplices civiles de la dictadura y la Triple A”.