En la ciudad de Embarcación, ubicada en el departamento General José de San Martín de la provincia de Salta, se desarrolla uno de los principales focos de resistencia docente contra las políticas de ajuste del gobierno provincial. La situación se intensificó drásticamente en enero cuando el gobernador Gustavo Sáenz, junto a la ministra de Educación Cristina Fiore, cesanteó a 127 docentes que habían participado en diversas medidas de protesta.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y la ministra de Educación provincial, Cristina Fiore, mantienen una guerra sin cuartel contra los docentes salteños. En contrapartida, la resistencia se organiza en distintos puntos de la provincia. Uno de los focos de oposición a la política de ajuste del gobierno provincial tiene lugar en la ciudad de Embarcación, perteneciente al departamento General José de San Martín. El conflicto se profundizó en enero cuando a través de un decreto provincial el gobernador cesanteó a 127 docentes que habían participado en diversas medidas de protesta ante la falta de mejoras salariales y las precarias condiciones edilicias de las escuelas.
Desde Embarcación, Jorge Oviedo es uno de los protagonistas de la resistencia. En diálogo con Nuestra Propuesta Oviedo (uno de los cesanteados) estableció como punto de partida del conflicto al año 2023, cuando un grupo amplio de docentes comenzó una serie de reclamos y movilizaciones luego de que se hallaran, en zonas aledañas a escuelas rurales de Tartagal y alrededores, boosters de prospección sísmica. Los boosters (explosivos que se utilizan para la exploración de hidrocarburos ) habían sido instalados por YPF hace décadas y al día de hoy no fueron retirados por la empresa ni por el Estado. “Estos artefactos representan un peligro para la comunidad educativa”, explicó Oviedo y recordó, por ejemplo, que “el año pasado encontramos a un niño en una escuela jugando con un booster que no se había detonado”.
* Explosivo BOOSTERS utilizados en la actividad minera, encontrada en el camino a las escuelas rurales de Salta.
Los hallazgos de los explosivos detonaron una ola de reclamos y exigencias por parte de los trabajadores docentes, que se extendió a toda la provincia. “En Tartagal, primero realizamos peregrinajes en período de vacaciones, para no afectar las clases. Luego participamos de dos marchas junto a los caciques de las comunidades originarias y, finalmente, efectuamos un ayuno de 24 horas en la Catedral Basílica”. El reclamo era para que se localicen y desactiven los boosters explosivos, originalmente instalados por YPF a lo largo de la ruta 81, afectando principalmente a comunidades originarias”, recordó Oviedo.
Desde entonces el conflicto no para de crecer. “La situación creció en toda la provincia y de forma autoconvocada se organizó un paro docente, por fuera de los sindicatos, que desempeñaron un papel lamentable que se explica por su decisión de no confrontar con el gobernador”, aseveró el dirigente docente. El primer ciclo de huelgas y movilizaciones tuvo lugar entre mayo y junio de 2023. Los paros fueron reprimidos e incluso hubo docentes detenidos y con causas judiciales. La ofensiva del gobierno provincial continuó en 2024 con la apertura de un sumario a un grupo de 127 docentes. En ese momento, la provincia argumentó que los expedientes se iniciaban por “faltas injustificadas” sostenidas en el tiempo. Sin embargo, Oviedo remarcó que “lo que se estaba computando con ese registro eran los días de paro, que habían continuado con un nuevo ciclo de huelgas desde julio hasta fin de año”. El docente salteño puntualizó que “los paros se sostuvieron en toda la provincia porque los reclamos nunca fueron atendidos: la copa de leche, la adecuación de la infraestructura escolar y el retiro de los boosters sísmicos en las zonas aledañas a las escuelas, además de la lucha paritaria por el salario, son cuentas pendientes que el Estado todavía tiene con nosotros”. Pese a ello, la embestida del gobierno no se detuvo. Por el contrario, se profundizó con la cesantía de los docentes sumariados.
Así, pues, la cesantía se hizo efectiva a través del decreto 20/25 firmado por el gobernador. “Ante ello, presentamos un recurso de reconsideración, que fue respondido con un nuevo decreto, el 264/25, con el que se ratificó la medida”, contó Oviedo. Desde un punto de vista técnico-administrativo, “el procedimiento es inválido porque la cesantía tiene que ser el resultado de sanciones precedentes debidamente informadas, comunicación que en nuestro caso no ocurrió”, explicó. En efecto, “la apertura de un sumario debe estar precedida de una advertencia fehaciente, que nunca fue concretada”. Queda claro entonces que, analizó Oviedo, “el proceder del Ministerio de Educación fue discrecional, arbitrario y disciplinador”.
Así las cosas y a tono con la prédica sostenida por el gobierno nacional, la provincia decidió ir a fondo contra los trabajadores. “Con esta ofensiva, el gobierno provincial logró atemorizar a muchos docentes activos y de este modo se encontró en condiciones de posponer paritarias y de demorar las mejoras edilicias prometidas”, dijo el docente. Pese a ello, Oviedo se mostró sin embargo optimista de cara al futuro y sentenció: “la lucha no está cerrada porque donde hay chispas se puede desatar un gran incendio”. En ese sentido, enfatizó que “nosotros acá en Embarcación llevamos adelante actividades todas las semanas, desde campañas de difusión hasta ollas populares, con el objetivo de mantener activa la movilización” y concluyó que “el gobernador tiene que dar marcha atrás con los decretos y ello solo será posible si los docentes logramos articular una respuesta colectiva”.
