El Poder Judicial muestra grietas en su interior y el Gobierno, concentrado en otros temas, desatiende la agenda judicial. “El movimiento popular no puede esperar a que desde arriba se tomen las iniciativas” dijo Hugo Mir, abogado laboralista del PC, al considerar los fundamentos de la marcha contra la Corte convocada para la semana que viene.
A una semana de la movilización convocada por organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, sindicales y judiciales para el primero de febrero contra la Corte Suprema de Justicia, el gobierno del Frente de Todos continúa echándole paños fríos a su agenda de temas judiciales. Ni la reforma judicial, ni la remoción del procurador general Eduardo Casal aparecen en el horizonte.
Se sabe, el gobierno concentra por estas horas todo su esfuerzo político en las negociaciones con el Fondo Monetario y con la oposición por el tema de la deuda. En este contexto y por el momento, continúa mostrándose apático frente a la convocatoria a Plaza Lavalle, pese a que muchos dirigentes y organizaciones que integran el Frente apoyan la iniciativa.
El Gobierno tampoco parece aprovechar las fisuras evidentes que existen en la actualidad al interior del Poder Judicial. El abogado laboralista del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Mir, destacó que “el Poder Judicial no es una corporación homogénea en su conjunto, sus características dependen mucho del fuero, de las instancias y de las jurisdicciones”, aunque remarcó que “está muy claro que gran parte de la corporación, especialmente la justicia federal, acompañó al gobierno de Macri y fue su brazo ejecutor en la persecución a opositores”.
La movilización a los tribunales no solo estará plagada de integrantes del Poder Judicial, sino que es promovida por una porción nada pequeña del mismo. Evidentemente cada vez son más los jueces, defensores y fiscales que se animan a cuestionar públicamente a la Corte. Por ejemplo, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, dijo que “no puede ser que haya vínculo con el espionaje y la persecución” y reclamó la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia por su vínculo con las causas por espionaje ilegal.
Por su parte, el ex-miembro de la Cámara Federal porteña, Jorge Ballestero -que tuvo que renunciar en 2018 por presiones del poder macrista-, acusó a la Corte de ser cómplice de un plan “clandestino, sistemático y criminal”. A estos cuestionamientos se suman los del juez federal de Dolores, Ramos Padilla, cuyas críticas a la Corte y al Poder Judicial en general vienen de larga data. Padilla es también uno de los promotores de la marcha.
“Lamentablemente el gobierno del Frente de Todos demuestra tibieza y cobardía para avanzar con la reforma judicial y contra los poderes reales que someten al país. El movimiento popular no puede esperar a que desde arriba se tomen las iniciativas”, exclamó Mir a la hora de reflexionar sobre los fundamentos de la movilización.
En ese sentido, remarcó que “aunque muchas veces no se perciba, hay que señalar enfáticamente que la Corte Suprema con sus fallos es la última palabra del Poder Judicial y, por ende, tiene una incidencia enorme en el conjunto de la sociedad”. Y puntualizó que “la Corte tiene el poder de facto de diseñar en el mediano y largo plazo un modelo de legislación y de vida social, política y económica”.
Contra el fuero federal también
“Creo que la movilización tiene que apuntar también fuertemente contra el fuero federal”, declaró el abogado del PC. “Los jueces federales tuvieron una participación activa, deliberada y necesaria en la política de persecución a opositores que implementó el macrismo contra dirigentes del gobierno de Cristina y del movimiento popular”, recordó y consideró que “el Fuero Federal, al igual que la Corte, son un puntal necesario para perpetuar el modelo de dependencia política y económica en el país”.
No obstante, Mir señaló que la complicidad del Poder Judicial con el macrismo y el modelo de dependencia trasciende al fuero federal y el ejemplo más relevante, por estas horas, reside en la mesa judicial de Vidal en la provincia de Buenos Aires. El abogado aseveró que “lo que ahora conocemos, con las filtraciones de los videos de la mesa judicial de Vidal, es que uno de los objetivos de ese espacio era perseguir a dirigentes sindicales” y añadió: “dirigentes sindicales que muchos, los comunistas también, podemos cuestionar duramente” pero, sin embargo, “lo realmente importante acá es que el objetivo de esa mesa judicial macrista era, más allá de tal o cual dirigente sindical, la destrucción de los sindicatos y de la legislación laboral”.
Por estos motivos, el laboralista señaló que “es realmente de una credulidad imposible de concebir considerar que el Poder Judicial puede autodepurarse y la movilización popular, como la del primero de febrero, apunta a vencer en las calles los temores y la tibieza que abunda en los espacios de gestión del gobierno”.
