Se viven jornadas de movilización en toda la provincia después de que el gobierno de Valdés intentara imponer una recomposición salarial que no alcanza a cubrir ni un tercio de lo que se llevó la inflación durante los últimos cuatro meses para los trabajadores de la educación. También se exige en ellas justicia para la maestra rural Nancy Godoy.
“El lunes marchamos todos en todas las localidades de la provincia para que se llenen las calles y que se sepa que no somos ovejas: somos docentes y como tales merecemos reconocimiento y respeto”, señaló la Secretaria de Acción Social de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) Corrientes Seccional VI, Estela Juri, al referirse a la jornada llevada a cabo en todo el territorio provincial al comienzo de esta semana. Las exigencias de salarios dignos y de justicia por el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy fueron los ejes centrales de las protestas, convocadas a partir de las seis de la tarde, con un alto acatamiento gremial y un importante apoyo de la comunidad educativa, por Amet junto al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco).
En la jornada, de la que también fueron parte otros sectores sindicales como la Conaduh, en lucha por el financiamiento universitario, organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos que actúan en la provincia, se rechazó tajantemente la recomposición salarial del diez por ciento que propuso el gobierno encabezado por Juan Pablo Valdés. Si bien el epicentro de la movilización fue la capital provincial, hubo marchas y actos en diferentes localidades del interior. En la ciudad de Corrientes la marcha pasó frente a la sede del Ministerio de Educación y la Casa de Gobierno, donde se recordó a Nancy Godoy y se exigió justicia por su femicidio. En relación a esta demanda se hizo hincapié en que resulta preciso que se investigue y sancione a los funcionarios responsables de la cadena de negligencias que propició condiciones de precarización y vulnerabilidad que la maestra denunciara sin ser escuchada y que, poco más tarde, quedaron a la vista como causas políticas de fondo del crimen del que fue víctima.
Los sindicatos docentes calificaron al anuncio de recomposición salarial como “una burla” y “una estafa”, ya que el diez por ciento de aumento propuesto “es insuficiente para los deprimidos salarios” en un contexto en el que hace seis meses que los haberes del sector no reciben mejoras y se colocan, al menos, un quince por ciento por debajo de la inflación interanual que mide el Indec, y que lejos está de dimensionar la realidad que castiga a los bolsillos de la clase.
“La inflación de junio a diciembre ya comió más del diez por ciento de nuestros salarios y la mejora todavía no se paga”, advirtió el Suteco y puntualizó que “con el salario básico docente actual, hacen falta tres salarios básicos para cubrir una canasta alimentaria”, mientras que “el salario inicial actual seguirá por debajo de la línea de la pobreza”. En este marco, también se explicitó el hecho de que más del 45 por ciento del salario docente “permanece no bonificable, con lo cual los beneficios no llegan a los jubilados, no aplican al cálculo del aguinaldo, no impactan en antigüedad, zona y otros ítems”. Asimismo, aseguraron que la oferta salarial del gobierno provincial, aliado fundamental del mileísmo, no alcanza a cubrir ni un tercio de lo que se llevó la inflación durante los últimos cuatro meses.
La convocatoria del lunes fue la continuidad de otra que se llevó a cabo el jueves pasado, en la que el epicentro estuvo en Plaza Vera, en la capital provincial, donde se instaló una radio abierta con la finalidad de “construir la voz colectiva en defensa de nuestra educación superior”. En ella, se enfatizó que “frente al ajuste y la mercantilización, como docentes y estudiantes asumimos el compromiso político y pedagógico de sostener una formación crítica, emancipadora y popular”.
El Partido Comunista de Corrientes, al igual que lo hizo este lunes, participó del encuentro del jueves de la semana pasada y su presidenta, Sonia López, se pronunció en defensa de la educación superior y la educación pública en general en el marco del incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario del gobierno de Javier Milei y del recorte educativo en todos los niveles previsto en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo. Al respecto, sostuvo que “docentes, estudiantes y toda la comunidad correntina deben saber que las aulas ya no alcanzan para contener el ajuste y la desidia que sufrimos”. Por lo cual, reafirmó que “frente al desfinanciamiento y los permanentes embates contra la educación pública y gratuita, la respuesta es colectiva”.