Los jubilados pierden más de veinte puntos respecto al costo de vida ¿Será que el sistema de reparto es inviable o la cosa pasará por ver qué hacer con la riqueza en lugar de contar cuántos trabajadores se necesitan para sostener a un jubilado? ¿Será hora de que la contribución impositiva de los que más tienen aporte lo que permita mantener saludable al FGS?
A un año de que el ejecutivo, en connivencia con sectores de la oposición parlamentaria, avanzara en el primer tramo de lo que espera sea una reforma total al sistema público, universal y solidario de pensiones, la realidad señala que la situación de los jubilados es peor que entonces, pero también entrega datos que indican que el gobierno pretende ir por más.
Vale recordar que en diciembre de 2017, Mauricio Macri aseveraba que “los jubilados van a cobrar entre un cuatro y un seis por ciento más que la inflación”, pero doce meses más tarde el saldo es otro.
Las propias cifras oficiales que suministra el Indec, dan cuenta de que a fin de este año, los haberes del sector habrán perdido más de veinte puntos respecto al costo de vida, ya que sólo van a recomponer 28,8 por ciento en un marco inflacionario que coquetea con el cincuenta, según coinciden la mayoría de consultoras.
Así quedó certificado después de que, la semana pasada, el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social confirmara que el incremento para los jubilados va a ser en diciembre de 7,78 por ciento, lo que llevará al haber jubilatorio mínimo a 9.300 pesos.
También cabe citar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec, señala que durante los diez primeros meses del año, se elevó 39,5 por ciento para colocarse en 45,9 por ciento en la comparación interanual.
Si la situación aparece grave cuando se toman los datos del IPC, es peor cuando se advierte que la inflación no es idéntica para todos.
Dos meses atrás, un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (Algec) y el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (Ceppema) alertó que el medio centenar de medicamentos de los que más precisan las personas adultas mayores, aumentaron un 157,8 por ciento, desde que Macri asumió la Presidencia hasta agosto de este año.
Pero la recuperación de los haberes jubilatorios fue por otro carril. En promedio alcanzaron apenas 111,9 por ciento, algo que empeora cuando se suma el fuerte incremento que tuvo este rubro al comenzar septiembre: pese a la actualización jubilatoria de ese mes, la suba de los precios de medicamentos llega a 172,1 por ciento, al tiempo que las jubilaciones sólo al 126,03.
Atenolol es un remedio prescripto para pacientes con enfermedades cardiovasculares y su precio aumentó 364,7 por ciento desde diciembre de 2015. En igual período, el precio del Acenocumarol, anticoagulante necesario para evitar ACV, subió 360,4.
Son sólo dos ejemplos de otros tantos medicamentos fundamentales para la calidad de vida -y la vida misma- de personas adultas mayores, cuyos precios treparon a niveles que para muchos los vuelven de acceso imposible.
El caso de las personas adultas mayores es terrible, pero este rango de actualización también se aplica de forma letal a las asignaciones familiares y otras prestaciones de la seguridad social.
Y esto es así porque para las personas que deben acceder a la AUH y otros derechos, el precio de la canasta que consumen creció por encima del promedio del IPC.
Es que quienes deben recurrir a la AUH difícilmente lleguen a tener los 24.241,17 pesos que -de acuerdo al Indec- precisa una familia de cuatro componentes para no ser pobre y, quizás, se le haga complicado juntar los 9.735,42 pesos que los mantendrían por encima de la línea de indigencia.
Pero el propio organismo oficial, reconoce que -en octubre- la Canasta Básica Total, que señala la línea de flotación de la pobreza, aumentó 7,5 por ciento, esto es, dos puntos por encima de la inflación que da el IPC, que es de 5,4 por ciento para ese período.
Los datos son abrumadores, pero pese a ellos, jubilados y personas que acceden a AUH y otros derechos similares, no podrán acceder al bono de fin de año de cinco mil pesos que el gobierno acordó con la CGT.
El huracán y el ojo
Sin bono y con una dificultad creciente -que muchas veces se vuelve imposibilidad- de atender aspectos básicos como alimentación y salud, los jubilados y pensionados vuelven a ser colocados en el ojo del huracán por el gobierno y sus operadores, que ven en el sistema de pensiones un botín del que se quieren apropiar.
Con la fórmula que combinaba aumentos salariales medidos por el Indec y variación de la recaudación en forma semestral -por la Ley 26.417- a los jubilados les iba mejor que con el índice dispuesto por el gobierno, que actualiza cada tres meses, en un setenta por ciento de acuerdo a la variación trimestral del IPC Nacional del Indec y el resto por un coeficiente surgido de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Esta es la reforma que el Congreso aprobó el 19 de diciembre de 2017 que, en la práctica le metió la mano en el bolsillo a los jubilados.
Pero, al parecer, no les alcanza esto que en menos de un año significó una transferencia regresiva de más de sesenta mil millones de pesos. Y, por eso, La Rosada avanza con otra reforma diseñada por el FMI que tiene -entre sus ejes- el aumento de cinco años para la edad jubilatoria, más modificaciones a la Ley de Movilidad y a la fórmula de cálculo del haber inicial; así como un recorte del ochenta al setenta por ciento de la jubilación mínima en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (Puam).
El ajuste exigido por el FMI, supone un recorte de alrededor de quince mil millones de pesos en jubilaciones y otros nueve mil millones de AUH.
Si prospera esta iniciativa, volvería a recortarse de forma drástica lo que cobran quienes acceden a este mecanismo con que -en 2016- la Ley de Reparación Histórica, reemplazó las moratorias que permitían a mujeres mayores de sesenta años y hombres de más de 65 acceder a una jubilación mínima plena.
Pero las joyas de la abuela están en la destrucción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS) que, desde mayo de 2019, se va a comenzar a utilizar para liquidar jubilaciones. Esto es que, para tapar el agujero que el propio gobierno tiene en gastos corrientes, echará mano al ahorro de decenas de miles trabajadores.
Y, cuando terminen de destruir el FGS, la mesa va a estar servida para la creación de un sistema de pensiones a la medida de los intereses del negocio financiero.
Ya en 1994, un informe del Banco Mundial hizo hincapié en que el sistema jubilatorio “del futuro”, debería estar estructurado en base a una pensión asistencial destinada a las personas muy pobres y otro segmento público y contributivo como el actual, que vaya dejando paso a uno contributivo en manos del capital financiero.
¿Economía global en riesgo?
“Los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global, hay que hacer algo ya”, dijo al promediar 2017 Christine Lagarde. Algo más moderado, no hace mucho, el ministro Dujovne le apuntó a los mecanismos que permitieron que muchas personas accedieran a jubilarse mediante moratorias, ya que recalcó “en muchos casos aportaron algo que se licuó”.
Queda claro que desde esta particular mirada y aunque parezca una paradoja, el problema de un sistema que tiene en su centro a seres humanos, son los seres humanos.
Como dijo muchas veces NP diario de noticias, esto no puede sorprender a nadie, ya que el sistema de jubilaciones de carácter universal y solidario, es en sí mismo extraño al sistema capitalista.
Así como sucede con los sistemas universal, gratuito y público de Salud y Educación, el de jubilaciones nació por la necesidad que el capitalismo tuvo de recomponerse, tras el momento de la Primera Crisis de la Larga Duración que estalló tras la Segunda Guerra Mundial.
Y lo hizo ante lo que pasaba del otro lado de la vereda, donde un bloque antagónico efectivamente garantizaba que los trabajadores tuvieran derechos, lo que constituía un mal ejemplo. Por eso concedió algo, pero superado el momento y su epifenómeno reformista, vuelve de forma más virulenta a reapropiarse del excedente social.
Para ello, debe destruir estos sistemas que -esencialmente- le son extraños y aborrecibles, porque representan, de alguna forma, una avanzada de una sociedad de tipo no capitalista.
Y es aquí, donde es preciso advertir algunas de las características de la maniobra por la que se pretende transformar un derecho en mercancía.
Está claro que para que el sistema de reparto, universal y solidario de jubilaciones funcione se necesita mantener un escenario con una tasa de actividad y salarial elevada. Y que, para esto, el Estado debe actuar sobre el universo del capital y fomentar políticas contracíclicas, capaces de incidir ahí donde se produzcan desequilibrios.
En este sentido, la aplicación de estrategias fiscales que favorezcan el consumo interno, pueden ser eficientes para elevar la tasa de actividad y consolidar el poder adquisitivo del salario. Pero también la estabilidad laboral, porque alguien que ni siquiera sabe si tendrá trabajo mañana, difícilmente se largue a consumir más allá de la supervivencia.
¿Pero qué pasa en un escenario en el que el universo del trabajo es agredido con formas como la organización empresarial horizontal, subcontratos de subcontratos, emprendedurismo y precariado? ¿Quién va a aportar para volver el sistema sustentable? ¿Será entonces verdad que el sistema de reparto es inviable?
Queda claro que estos son algunos de los argumentos que ponen a la hora de apuntalar la idea y propiciar el sistema de jubilaciones privadas que –esto nunca lo reconocerán- tiene en su genética estampado el riesgo que plantea su dependencia de lo que pasa en el mercado de capitales, donde se pone su futuro sobre el paño de la ruleta.
La respuesta que puede dar la aplicación de políticas expansivas puede ser un respiro, pero insuficiente si no se avanza en una reforma fiscal integral y radical, porque el problema no es la mecánica interna del sistema de reparto, sino la cuestión de la igualdad y desigualdad.
Este diseño plantea -como verdad canónica- que los trabajadores activos son quienes deben responder a la hora de cubrir el salario de los pasivos ¿Acaso será momento de que la contribución impositiva de los sectores que más tienen, sea la encargada de aportar lo que permita mantener en un rango saludable al FGS y, así, darle aire a la presión que pueda ejercer el sistema de reparto sobre salarios de activos y tasa de actividad?
¿Puede ser la hora de pensar que, más allá de la postura reformista, un derecho como el que debe garantizar el sistema jubilatorio, tiene que sustentarse con más peso en los aportes patronales y gravámenes a otros sectores del universo del capital como la banca y la renta a las transacciones financieras?
¿Será cosa de pasar el criterio de abordaje de este derecho social por el tamiz de algo tan simple como el criterio de igualdad y desigualdad? ¿Acaso el asunto pasará por revisar qué se hace con la riqueza, en lugar de andar contando cuántos trabajadores se necesitan para sostener a un jubilado?
Queda claro que la respuesta a estas –y otras- preguntas, está en una matriz de distribución de la riqueza que exceda el corsé que establecen las relaciones de capital. Pero aún así, es mentira que la única respuesta que pueda ofrecerse dentro de los límites del Estado Liberal Burgués, sea la que ensaya el Gobierno Cambiemos.
Y es aquí donde con claridad se advierte que lo que se pretende exhibir como crisis, no es otra cosa que una construcción política ¿Será hora de preguntarse por qué se exhibe como verdadera la idea de que con bancos y fondos de inversión el sistema funcionaría, pero no si su gestión fuera pública, estatal y con participación real de los trabajadores activos y jubilados?
Entonces la respuesta es sencilla y, sólo con rascar un poco la superficie, se puede ver que detrás del negocio de los fondos de pensión privados, se esconden algunos de los peores timberos de las finanzas globales.
