Femicidios: la vista gorda del gobierno

Días atrás comenzó el juicio oral por el femicidio de la adolescente Lucía Pérez -a quien drogaron para violarla y asesinarla-, perpetrado en Mar del Plata en octubre de 2016, que diera origen al movimiento Ni Una Menos.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Criminal 1 y los imputados son Juan Pablo Offidani, Matías Farías y Alejandro Maciel.

Farías es acusado de ser el autor material del delito de “abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio” y, junto a Offidani está detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal 15 de Batán, mientras que Maciel permanece internado en una comunidad terapéutica, a raíz de sus adicciones.

Casi coincidentemente, en la ciudad de Buenos Aires, el fiscal general Luis Cevasco, disolvió la Fiscalía de Cámara Especializada en Violencia de Género que estaba a cargo de Sandra Verónica Guagnino.

Este dato habla de la falta de interés de la Gestión PRO de la Ciudad de Buenos Aires por esta problemática, pero la cosa no mejor del otro lado de la General Paz.

En el 2018 se perpetraron en el territorio bonaerense setenta femicidios, que incrementaron los 216 de todo el país y, de acuerdo al informe del Observatorio Mumalá, en el 93 por ciento de los casos los atacantes pertenecieron al círculo cercano de la víctima, como parejas, ex parejas, familiares o conocidos. Además, en el 22 por ciento había alguna denuncia previa hacia los agresores.

Cifras alarmantes

Al respecto la subsecretaria de Igualdad de Género y Diversidad de Suteba, Ayelen Bicerne, aseveró no dudó a la hora de calificar como estas cifras como “alarmantes”, tras lo que recalcó que “mientras no existan políticas públicas con un presupuesto adecuado para erradicar la violencia contra las mujeres, travestis y trans, esta cifra no va a bajar”.

Asimismo fustigó “las políticas de este gobierno neoliberal, que recortó todos los programas que se encargaban de prevenir la violencia de género” y no dudo en cuestionar “la disminución del presupuesto para la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas” lo que definió como “ejemplo claro del abandono institucional que hace este gobierno neoliberal”.

Un trabajo  realizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, donde se presenta la relación entre violencia de género y tenencia de armas de fuego, da cuenta de que la cuarta parte de los femicidios se comete con armas de fuego.

Pero esto parece no importarle a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando impulsa el armamentismo entre civiles en un país donde, según datos oficiales y extraoficiales, hay tres o cuatro millones de armas entre particulares. El 99 por ciento de esos civiles armados, son hombres.

“Bullrich es quien debería velar por nuestra seguridad y no avalar una suerte de gatillo fácil civil”, destacó Ayelen Bicerne y remarcó que “las políticas del gobierno son una fusión la época de la dictadura militar y los 90, con la diferencia que ahora el Estado se corre, pasa a estar ausente y se incentiva una guerra de todos contra todos”.

Por otro lado, la dirigente gremial también relacionó este tema con los casos de violencia género, “ya que la Ley 26.485  tiene como medida preventiva que el violento no pueda comprar armas, porque pone en peligro la vida de otras personas”.

Pero, con los dichos de Bullrich, “el gobierno contradice las propias leyes” lamentó la dirigente de Suteba, tras lo que hizo hincapié en que “no lo dice sin pensarlo, lo hace adrede para impulsar que la gente salga a matarse”.

Y recordó que “esto es un negocio para la industria de armas, por eso la violencia constante por parte del gobierno que debería dar garantías, pero nos violenta constantemente, algo que se ve en las calles”, por eso instó a “seguir resistiendo que es la mejor herramienta de lucha, hay que estar en las calles para frenar estas políticas de violencia”.