Desde distintos sindicatos y docentes agrupados en La Violeta salieron al cruce del Proyecto Finochiaro que pretende declarar a la educación como servicio esencial. Atacan al derecho a protestar y dan un paso a la flexibilización, señalaron desde Suteba, Agmer y la AMP de La Rioja.
“La búsqueda de declarar la educación como un servicio esencial no tiene otro objetivo que terminar con el derecho a la huelga docente y aparece como un paso más que se pretende dar hacia la flexibilidad laboral”, advirtió desde la Corriente Nacional Agustín Tosco, el integrante de la gremial docente de Entre Ríos, Leandro Pozzi, al referirse a la media sanción que tuvo en Diputados el Proyecto de Ley Finocchiaro, por el que con la excusa de que se garantice el dictado de 180 días de clases, se pretende cercenar el derecho a huelga y dar otra vuelta de rosca en la persecución que la Presidencia Milei viene perpetrando contra los sindicatos docentes.
“Pretenden que los paros u otras iniciativas sindicales sean susceptibles de penalización y tengan como respuesta la misma lógica represiva que lleva en su núcleo la eliminación del estado de derecho”, puntualizó el integrante de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), ya que “quieren que la lucha social y política no se dé, porque es la resistencia y la lucha de los trabajadores lo que puede permitir revertir todo este proceso de agresión al pueblo que estamos transitando”.
La vía libre que le dio la Cámara Baja a la iniciativa presentada por quien fuera titular de la cartera educativa de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, también provocó el rechazo de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, que tras recordar que “la educación es un derecho”, hizo hincapié que si prospera este proyecto “se la va a convertir en un objeto pasible de precio, ya que se perdería la gratuidad, pues obliga a los docentes a ser servidores y no trabajadores con derechos laborales”.
Por eso determinó realizar un abandono de tareas que se efectúa hoy miércoles para protestar contra la iniciativa y recalcó que si el Senado toma un criterio similar al que tuvo la Cámara Baja, “se va a producir un gran retroceso en materia de derechos laborales y sindicales, obligando a los trabajadores de la Educación a brindar un servicio que se sostiene ‘esencial’, al solo efecto de obligar al cumplimiento en detrimento del poder de lucha y negociación colectivo”.
Y, en este sentido sostuvo que “garantizar el derecho a la educación significa garantizar la existencia de infraestructura escolar adecuada, salarios dignos, formación docente, paritarias libres y discusión de los temas que interesan a la educación para mejorarla”, todas cosas que el actual gobierno nacional y sus aliados agreden día a día.
Quieren mercantilizar todo
Asimismo, en la misma sintonía, la secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad de Suteba San Martín, la integrante de La Violeta Celeste Sibiglia, fue clara al sostener que "esto es un intento por mercantilizar la educación", ya que "con estos gobiernos neofascistas todo se quiere convertir en mercancía y por eso pretenden que la educación sea sólo un mero servicio y, por ende, deje de ser el derecho que pertenece todo habitante de nuestro suelo tal como figura en nuestra Constitución".
Pero también puntualizó que, desde esa mirada, se pretende acallar todos los reclamos de la comunidad educativa. "Quieren silenciar paros u otro tipo de medida de fuerza que tenga que ver con reclamos salariales, por la infraestructura y todo aquello que debe mejorar en el sistema educativo y esto incluye lo vinculado a las condiciones en que se dictan las clases, algo que sigue siendo muy sensible más aún durante este mes en el que se cumplieron cinco años de las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, un crimen que sucedió dentro de una escuela pública de Moreno y cuya responsable principal es quien entonces era gobernadora, María Eugenia Vidal", resaltó.
Tras lo que sin dudarlo señaló que lo que plantea el Proyecto Finochiaro "atrasa porque se trata de un debate que, en su momento, ya se hizo y quedó totalmente saldado quedando en claro que la educación es un derecho que garantizamos los docentes en las aulas, con las familias y el resto de la comunidad educativa, siempre de puertas abiertas tal como lo hicimos durante la pandemia cuando estuvimos presente en las escuelas para distribuir alimentos y poner el cuerpo en ese lugar de contención que nuestros pibes necesitaron".
La iniciativa que declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, que va a tener que debatir el Senado, contó con el apoyo de los diputados de las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros sectores aliados del oficialismo como el MID, Creo, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre lo que sumó 131 votos afirmativos contra los 95 negativos y dos abstenciones.
Su texto postula que si una medida de fuerza se extiende hasta dos días deberá instrumentarse una guardia mínima consistente en el treinta por ciento de docentes y no docentes, al tiempo que determina que si la huelga se prolonga por más de tres días esa guardia va a tener que contemplar un cincuenta por ciento de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente en cada nivel y modalidad educativa. Y, asimismo, prevé que con el comienzo de cada ciclo lectivo, cada colegio tiene que informar a las autoridades educativas el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases.
