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Tras setenta días de conflicto, la asamblea provincial de delegados departamentales de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, aceptó la propuesta salarial que presentó el gobierno encabezado por Martín Llaryora.

Después de setenta días atravesados por diferentes etapas del conflicto, el viernes pasado la asamblea provincial de delegados departamentales de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), aceptó la cuarta propuesta salarial que presentó el gobierno encabezado por Martín Llaryora, con lo que se selló un acuerdo que va a regir hasta el 31 de enero de 2025.

La oferta que hizo el ejecutivo provincial para la segunda etapa del presente año presenta claroscuros pero, de todos modos, fue aceptada por los representantes de veinte delegaciones, en tanto que los de las seis restantes la rechazaron. "Uno de los problemas es que las ofertas de recomposición salarial vienen disfrazadas, porque ponen un tanto por ciento en concepto de tal item y otro tanto en otro, lo que implica la existencia de cifras en negro", sostuvo Palo Ceballos quien es maestra de música y delegada escolar, que además explicó que "a principios de año cuando había mucha inflación, una de las propuestas que hicieron era darnos el cincuenta por ciento del IPC, lo cual representaba una pérdida del poder adquisitivo abrumadora".

Pero ahora con un panorama en el que, al menos por el momento, parece haber cierto amesetamiento de la inflación "ofrecen esto y cifras en negro para recuperar lo perdido con la inflación desde principios en año", algo que plantea otros problemas ya que "no impacta en el básico y tampoco va a los jubilados que es otra de las cosas negativas que vemos".

Una de las delegaciones que rechazó la oferta gubernamental es la de Córdoba Capital donde, tal como lo refiere Palo Ceballos, "es donde desde hace varios años viene creciendo la oposición al oficialismo del sindicato que dio históricamente gobernabilidad al cordobesismo". Y esto es algo que también "va creciendo al interior de la provincia".

Entonces, más allá de la evaluación que pueda hacerse del resultado que este capítulo de la lucha de los docentes cordobeses tuvo en lo inherente a la recomposición salarial, un dato que resulta insoslayable es que ratificó que se consolida en el sector un sólido movimiento que crece desde abajo y comienza a plantear "una mirada antiburocrática".

Y esto no resulta un dato menor en momentos en los que la Cámara de Diputados de la Nación le puso luz verde al Proyecto de Ley Finocchiaro, que no es otro que aquel por el que se pretende que se declare a la educación como un "servicio esencial" lo que traería aparejado un claro cercenamiento del derecho a huelga, al tiempo que otorgaría a la Presidencia Milei una nueva herramienta legal para continuar avanzando en la persecución que viene perpetrando contra los gremios docentes.

"Este proyecto no ha sido puesto en discusión con los trabajadores de la educación", lamentó Palo Ceballos y asimismo planteó que es preciso que Ctera adopté un papel más contundente para que quede expuesto el peligro que representa la posibilidad de que la iniciativa prospere. "Es de esperar que cuando se trate en Senadores, se impulsen medidas de  fuerza porque este proyecto es algo realmente grave y ojalá se pueda dar la discusión para que podamos hacer algo que exprese nuestro rechazo a esta medida".

Y con este telón de fondo, recordó que la semana pasada durante los días previos a la reunión de la asamblea de delegados, los docentes de Córdoba protagonizaron un paro que se extendió durante dos jornadas y que culminó con una contundente movilización. "Hacía un montón que no se hacia un paro por 48 horas y, tal como pasó con la movilización del martes, fue contundente", celebró aunque reconoció que en ese caso el conflicto salarial sirvió como factor aglutinante, porque "el poder adquisitivo del salario docente ha perdido impresionantemente a lo largo de los últimos años y ahora más aún".

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 Es lo que dijo el titular de la AMP, Rogelio de Leonardi, de cara a la profundización del plan de lucha que avanza hacia en un paro por 96 horas en demanda de una recomposición consistente en cien mil pesos que se incorporen al básico y quinientos mil de piso salarial.

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Con esta consigna los docentes chubutenses esperan la decisión del juez Lleral en la causa contra Carlos Magno y Daniel Murphy. "Es un claro caso de criminalización de la protesta sindical", denunció desde la Conadu Histórica, Elena González.

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Así lo dejó en claro en el discurso en el que presentó el Proyecto de Presupuesto 2025. "Lo que hace el gobierno nacional es criminal", lamentó desde La Violeta Docente, Celeste Sibiglia.

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Se presentó en Lanús y La Plata un texto elaborado por Ctera, el Mopassol y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas que pone el foco en la defensa de nuestra soberanía.

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El Proyecto de Ley de Jubilación Minera fue presentado en el Congreso por Asijemin. La propuesta consiste en un régimen especial para los trabajadores del sector.

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De cara a la jornada nacional del Ni Una Menos, las trabajadoras feministas se dieron cita para debatir. “Seguimos aportando a la construcción necesaria para frenar el ajuste y la violencia de este gobierno”, dijo la integrante de la CoNaT, Antonella Bianco, tras participar del encuentro.

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Los trabajadores estatales marcharon junto a los jubilados. El gobierno de Javier Milei “muestra su crueldad y a esto se suma el esquema represivo”, lamentó la dirigente ATE Verde y Blanca, Lorena Giorgeti, quien dijo que es “vergonzoso” el acuerdo alcanzado por Upcn y el gobierno.

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Mientras la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas pide que se abra una Fiscalía especializada en violencia de género, el gobierno nacional disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

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En La Rioja, la Asociación de Maestros y Profesores, asiste a los trabajadores que fueron despedidos por Textilcom, que realizan un acampe ante la fábrica que tiene la empresa en la capital provincial.

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Lo dijo al fijar postura sobre la demanda popular de declarar la Emergencia Universitaria, Jonás García Leri, estudiante de sociología en Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata y referente de La Santiago Pampillón en el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI).

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Con esta premisa, al cierre de esta edición, los trabajadores agrupados en la CTA marchan hacia el Palacio Legislativo. “Hoy es importante movilizar porque la democracia está en peligro”, advirtió la secretaria de Derechos Humanos de la CTA bonaerense, Lorena Giorgetti.

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