Por medio de una declaración, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, repudió la represión desatada el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación y convocó a seguir reclamando activamente por los derechos de todos para todos. A continuación el texto.
Miles de personas nos manifestamos en la Plaza de los Dos Congresos (y más tarde en la Plaza de Mayo) reclamando por la terrible calidad de vida que deben soportar las y los jubilados, como sector especialmente golpeado por las políticas de ajuste de Javier Milei, quien gobierna al servicio del FMI y la minoría más poderosa de nuestro país, sometida a la hegemonía del imperialismo estadounidense. En respuesta a la represión que vienen sufriendo esas concentraciones, cada miércoles somos más quienes acompañamos a lxs jubiladxs, agregando también nuestros reclamos, porque el acceso al trabajo está cada vez más difícil, los ingresos de los asalariados no alcanzan para solventar una vida digna, el sistema de salud está colapsado y sin recursos (con salarios por debajo de la línea de pobreza) y la educación pública es negada como derecho y vista como un servicio por el cual pretenden cobrar.
Este miércoles, la respuesta represiva a cargo de cuatro fuerzas federales (que responden a la ministra Patricia Bullrich, que repetidas veces justificó asesinatos por la espalda cometidos por personal de las fuerzas) y la Policía de la Ciudad (que responde al ministro de seguridad local, comisario general retirado Giménez, quien como jefe de la Policía Metropolitana estuvo personalmente al frente de la brutal represión en el Hospital Borda en 2013, en la que ofreciendo dinero para las víctimas -que lo rechazaron- consiguió un sobreseimiento que no se encuentra firme) rompió los propios límites autoimpuestos con el inconstitucional protocolo antipiquetes de Bullrich. En lugar de limitarse a garantizar el libre tránsito vehicular, las fuerzas represivas barrieron violentamente a todas las personas que se encontraban en la Plaza y continuaron su persecución durante horas, haciendo uso además de todo tipo de provocaciones.
Desde el temprano bastonazo a una jubilada de más de 80 años, el operativo demostró ser absolutamente incompatible con la vigencia del orden democrático. La falta de toda regla llevó a que, nuevamente, se utilizaran armas supuestamente "menos letales", como los lanzagases lacrimógenos, con objetivos homicidas, como el proyectil disparado de forma directa contra un fotógrafo cuya vida corre serio peligro, agresión cobarde (a una persona que estaba documentando lo que ocurría) que la ministra trató de justificar diciendo que se trataba de un militante. “Prefiero morir en una marcha que en un hospital sin remedios” dijo un manifestante.
No puede sorprender que las fuerzas policiales, en manos de personas ya responsables de brutales represiones anteriores (como Bullrich y Giménez) y con los mensajes oficiales de odio contra los opositores en general y la izquierda en particular, actúen de manera tan salvaje como la que se vio ayer. No es sorprendente en ese marco que los tripulantes de un hidrante de la Policía porteña gritaran contra los "Zurdos", ni que la propia Bullrich igualara "barras bravas" e "izquierda" con "organizaciones criminales" o mafias. El gobierno está buscando recuperar la agenda y prefieren ser vistos como matones fuertes, para desviar la atención de los problemas de su plan económico, de la criptoestafa y de los pedidos de coimas reiteradamente señalados por numerosos personajes que nada tienen en común con la izquierda.
Las detenciones producidas ayer fueron tan arbitrarias que la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Karina Andrade ordenó liberar a la totalidad de las personas detenidas a su disposición, por entender que no había elementos concretos para imputarles delito alguno, a la vez que estaba en juego el derecho constitucional de toda persona a manifestarse. Destacó que en la mayoría de los casos no se señalaba de qué se acusaba a cada persona, ni dónde había sido detenida, ni a qué hora. En otras palabras, actuó como corresponde a un juez de garantías, aplicando la Constitución Nacional. Por eso, tanto el vocero presidencial como el ministro de justicia arremetieron contra ella y el último amenazó incluso con intentar removerla. Si el poder judicial en su conjunto actuara como corresponde, rechazando las detenciones injustas e investigando los crímenes cometidos desde el Estado, ni Bullrich ni Giménez no podrían estar en su cargo. Y las fuerzas represivas tendrían mucho más cuidado en su accionar, ya que no estarían seguras de su impunidad.
Bochornoso fue el intento de la Ministra de aplicar a las personas detenidas la ley mal llamada "antimafia", promulgada menos de 48 horas antes, el lunes 10. Pero de esta manera dejó en evidencia que esta nueva ley, al igual que la normativa "antiterrorista", no son más que herramientas persecutorias de las organizaciones populares u opositoras en general. El Gobierno está transformando nuestras instituciones, cada vez con mayor rapidez, en un Estado fascista, destinado a garantizar que la minoría de empresarios en el poder siga aumentando sus beneficios, a la vez que para la enorme mayoría de la población sólo habrá represión.
Vienen por todxs y lo sabemos. Ayer, tras ver la brutal represión, miles de personas mostraron su agotamiento, su enojo y su valentía, realizando diversas acciones de repudio. Celebramos las calles llenas de manifestantes, que son prueba de la dignidad de nuestro pueblo.
