Volvió a postergarse el juicio del ingenio La Fronterita en Tucumán. Inicialmente debían sentarse en el banquillo de los acusados seis empresarios. Pero de ellos, tres fallecieron mientras tramitaba la causa y otro resultó apartado por razones de salud. Actualmente, sólo quedan en condiciones de rendir cuentas a la Justicia Jorge Minetti y Eduardo Butori.
Continúa sin fecha el juicio oral en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita, de localidad tucumana de Famaillá. Este jucio debía haber comenzado hace un mes, cuando fue postergado por decisión del Tribunal Oral Federal de Tucumán a raíz de una solicitud que hizo la defensa de uno de los imputados, Jorge Alberto Figueroa Minetti, para que se le realice una nueva evaluación pericial sobre su estado de salud. La medida dilata nuevamente este proceso, que ya lleva más de diez años de trámite y que afecta a 68 víctimas del terrorismo de Estado.
Se trata de un juicio emblemático para esta provincia, ya que en él deben sentarse en el banquillo de los acusados algunos de los actores empresariales que tuvieron un papel determinante para que pudiera ejecutarse el Operativo Independencia y también en el correlato de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos que continuó tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Básicamente lo que dejó expuesta la investigación es la connivencia entre la patronal del ingenio que cedió su predio para que funcionara como base de las operaciones militares y centro clandestino de detención. A partir de eso, se puso en marcha una persecución y represión sistemática contra el conjunto de los trabajadores, principalmente, contra quienes eran referentes sindicales. Esta nueva postergación es un nuevo guiño a la impunidad biológica, que ya permitió que de los seis empresarios imputados originalmente, tres hayan fallecido durante los últimos diez años, mientras que otro resultó apartado de la causa por razones de salud. Actualmente, sólo quedan en condiciones de ser juzgados Figueroa Minetti y Eduardo Butori.
Desde el Partido Comunista de Tucumán, Silvano Frutos advirtió sobre la relevancia que tiene la posibilidad de avanzar en este juicio. “En Tucumán los ingenios siempre han sido funcionales a las dictaduras” denunció. A partir de 1966, cuando comenzó el cierre de muchas de estas plantas a raíz de las políticas implementadas por Juan Carlos Onganía, recordó que “se profundizó la crisis y todos los dueños colaboraron con los gobiernos de facto, en pos de castigar y empobrecer cada día más a los trabajadores”.
En referencia a esa tradición que entrelaza a los ingenios de la zona con las épocas más siniestras de la historia argentina puntualizó que alrededor de ellos “se fueron fundando pueblos que acababan siendo serviles al señor feudal” y agregó que si bien ahora el formato de explotación es otro, tampoco es mucho mejor que aquel. “Dentro de la fábrica y el ingenio, para los empresarios la tradición es ir contra los trabajadores, que para ellos deben ser como esclavos”, aseguró.
“En Tucumán hay aún veintinueve desaparecidos y, entre ellos, son catorce sobre los que nadie se anima a denunciar nada ni a aportar ningún tipo de datos”, describió para dar cuenta de la persistencia del miedo como elemento de coerción en poblaciones que se asientan en torno a los ingenios azucareros. Sobre esto destacó la tarea de investigación de Silvia Nassif, Ana Jemio y Daniela Wieder, que se volcó en el libro “Fronterita cuenta su historia”, publicado en 2025, en el que se reconstruye la memoria colectiva de ese Ingenio emplazado en Famaillá y en el que se recogen testimonios de varios sobrevivientes y familiares de víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en ese sitio.
“Fue una importante investigación que les costó mucho hacer, porque había mucha reticencia por parte de los parientes de las víctimas de desaparecidos y de represaliados que pudieron salvarse y volver a sus casas, pero que todavía hoy no hablan porque sienten miedo”, sostuvo Frutos y reflexionó que “creería que con el inicio del juicio, se puede tener alguna esperanza de que aparezcan nuevos denunciantes de desapariciones, que son bastantes más de las que se declararon”.
Algo que va a permitir este nuevo juicio es dejar expuesta la responsabilidad empresarial en la dictadura. “Siempre los oligarcas del feudo tienen su brazo armado, que son los militares, por eso la responsabilidad empresarial es clara: son monstruos que carecen de empatía con los trabajadores, son extremadamente crueles y para ellos el trabajador es su sirviente”.