En los tribunales federales de Concepción del Uruguay continúa la causa que sienta en el banquillo de los acusados a los responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra militantes del Partido Comunista durante la última dictadura. La Fiscalía pidió condenas de veinte años y de cumplimiento efectivo para los ex gendarmes Roberto Caserotto y Néstor Gómez del Junco.
La fiscal federal Josefina Minatta pidió condenas de veinte años y de cumplimiento efectivo para los ex gendarmes Roberto Caserotto y Néstor Gómez del Junco por considerarlos penalmente responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en Concepción del Uruguay. Lo hizo en el marco de la causa conocida como PC 2, que deriva de la continuación de la investigación que permitió que hace siete años se juzgara y condenara al ex policía de la Federal Julio César Rodríguez, alias “El Moscardón Verde”, por cometer delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y tormentos contra los militantes comunistas Juan Bautista Amadeo Echeverría y Carlos Julián Stur.
Ahora la causa continúa en la etapa de alegatos. Caserotto y Gómez del Junco están acusados de participar en secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y asociación ilícita durante la última dictadura, todos delitos que tuvieron como escenario a esta ciudad entrerriana, cuando ambos imputados integraban el Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional con asiento en Concepción del Uruguay.
La condena de 20 años solicitada por la Fiscalía es severa pero, tal como lo explicó Minatta, “una pena más exigua sería banalizar los crímenes de masa que han sucedido en nuestro país”. Reforzando esa hipótesis, recordó que se trata de delitos de lesa humanidad, por lo que las penas deben ser “de cumplimiento efectivo y en cárcel común”.
Cabe señalar que uno de los hechos centrales que se pudo reconstruir durante la investigación desarrollada en el marco de esta causa, es el sucedido el 14 de mayo de 1977 en la vivienda de la familia Montesino, donde se celebraba el cumpleaños de Mirta Bochatay, en el que participaban militantes del Partido Comunista. Esa noche en aquella vivienda irrumpió de forma violenta personal de Gendarmería y del Ejército para llevarse a Roberto Montesino, Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl y Jorge Impini, Raúl Jáuregui, Rodolfo Saldarrelli, Mirta Bochatay y Berta Muñoz.
En este punto, la fiscal Minatta hizo particular hincapié en la situación que tuvieron que atravesar Gabriela y Daniel Montesino, los hijos de una de las víctimas, quienes tenían apenas cuatro y siete años en ese momento, y que igualmente fueron sometidos a la privación de su libertad dentro de la vivienda durante varios días en los que fueron amenazados de manera reiterada.
Por su parte, el resto de los secuestrados fueron trasladados en un principio al Escuadrón 6 y de allí a la Unidad Penal 4, donde según pudo establecer la investigación, se los sometió a golpes, culatazos, simulacros de fusilamiento, aislamiento y otras torturas físicas y psicológicas. El segundo tramo de la acusación refiere al secuestro de Carlos Stur y Juan Bautista Echeverría, que fue cometido el 28 de enero de 1978 en el balneario Banco Pelay, desde donde fueron secuestrados y llevados a una vivienda en la que sufrieron severas torturas mientras eran interrogados.
A diferencia de lo que sucedía antes de 2024, y producto de la política negacionista del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, los organismos estatales de Derechos Humanos dependientes del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Entre Ríos, en esta ocasión no se presentaron como parte de la querella. Pese a la deliberada acción del gobierno para entorpecer y frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, los genocidas siguen rindiendo cuentas ante la justicia gracias a la lucha inclaudicable de los organismos de DDHH, como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que en esta oportunidad permitió que se abriera la causa PC2.
