“Podemos ver un Poder Judicial y Ministerio Fiscal avalando y naturalizando la violencia policial”, señaló Bertha Lozano, sobre la absolución de veinte policías responsables de represión en un asentamiento de Salta.
La jueza María Victoria Montoya Quiroga, vocal interina de la Sala I del Tribunal de Juicio, absolvió por retiro de la acusación fiscal a veinte efectivos policiales que habían llegado a juicio, imputados por vejaciones calificadas y lesiones leves cometidas durante la represión en los asentamientos de ampliación Parque La Vega y San Calixto, en 2020.
La denuncia había sido radicada por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a partir de testimonios que se relevaron el día después de la represión. Sin embargo, esa dependencia no se constituyó como querellante en la causa por lo que no tuvo participación activa en el proceso.
El juicio se realizó la semana pasada en la Sala I del Tribunal de Juicio, en un contexto en el que la jueza Montoya Quiroga no permitió el ingreso de la prensa ni el público, aduciendo que el espacio es pequeño y como medida sanitaria a raíz de la pandemia.
En los alegatos el fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, solicitó la absolución por la duda para los veinte policías. Vale mencionar que Vilar Rey volvió al cargo pero como interino, después de que fuera removido y sumariado por incumplimiento a los deberes de funcionario público en 2020, por no promover la investigación de hechos de violencia policial.
“Repudiamos la sentencia vacía de justicia y la represión cometida”, recalcó desde el Partido Comunista de Salta, Bertha Lozano, quien asimismo dejó en claro que “el pueblo pide basta de violencia institucional”.
Tras lo que fue contundente cuando lamentó que, “una vez más, podemos ver un Poder Judicial y Ministerio Fiscal avalando y naturalizando la violencia policial, asumiéndose como parte de esa violencia”.
En este sentido, marcó algunas de las irregularidades que presenta este caso como el papel que juega Vilar Rey, “un fiscal apartado oportunamente por sus inacciones, que de apeló a la grosera excusa de no encontrar a las víctimas de la represión estatal para que atestigüen”. Y advirtió que “la falta de testigos de lo que fue un hecho público, sin resguardo de ninguno de los actores del juicio, no es otra cosa que una sentencia anunciada”.
Pero también fue crítica de “la falta de protagonismo en el alegato permitido a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quienes debieron valorar la prueba testimonial de la delegada” y denunció que este hecho represivo “se dio en un contexto donde ante el déficit habitacional que hay en Salta, el Estado está ausente y sólo se presenta para reprimir a quienes luchan por tener un sitio donde vivir”.
