La delegación deportada del aeropuerto de El Alto la semana pasada cuando se disponía a recabar información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Bolivia quiere ser recibida por el Ministro de Relaciones Exteriores para que explique su posición al respecto, mediante la cual convalidó este accionar del gobierno antidemocrático de Rodrigo Paz Pereira. La comunidad boliviana en Argentina marchó a la Embajada de su país para solidarizarse con la comitiva expulsada arbitrariamente y continúa adelante con un plan de lucha para denunciar la situación dramática que está padeciendo su pueblo.
Los quince integrantes de la Misión de Derechos Humanos que hace una semana fueron deportados a poco de arribar al aeropuerto de El Alto, hicieron pública su exigencia de audiencia al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, a quien pretenden entregar documentación que desmiente las supuestas “inconsistencias” sobre su ingreso a Bolivia que la Cancillería argentina mencionó en el comunicado oficial emitido para justificar la medida autoritaria adoptada por el gobierno que encabeza Rodrigo Paz de la que fueron objeto.
Cabe recordar que en articulación con sus pares de Bolivia, el lunes pasado viajó hacia La Paz una delegación integrada por representantes de organizaciones de Derechos Humanos, políticas, sindicales y sociales de nuestro país para interiorizarse sobre la situación que ahí se vive, atravesada por una brutal represión que ya dejó, por lo menos, una decena de personas asesinadas por fuerzas policiales en el contexto de las movilizaciones que lideran la Central Obrera Boliviana y el movimiento campesino, en un escenario en el que además crece la cantidad de presos políticos, torturados y secuestros de dirigentes y manifestantes.
Esta delegación de la que, entre otros, formaban parte la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Andrea Reile y el dirigente del Partido Comunista de Ciudad de Buenos Aires Emanuel Cuello, pretendía realizar entrevistas que incluían a representantes de organismos oficiales, para poder tomar testimonios que permitieran elaborar un informe con el fin de dar detalles sobre el cuadro de situación que desde entonces empeoró considerablemente a raíz de la decisión del presidente Paz de imponer el Estado de Excepción en todo el territorio nacional.
Pero nada de eso fue posible porque la comitiva fue interceptada apenas arribó al aeropuerto paceño, desde donde sus integrantes fueron expulsados de Bolivia después de haber sido retenidos ilegalmente durante siete horas y tras ser aceptado su ingreso al país vecino en Santa Cruz de la Sierra. Fue en ese contexto que el Palacio San Martín, con la firma del canciller Quirno, dio a conocer un comunicado oficial en el que aseveraba que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas” por esta misión de veedores de Derechos Humanos. Algo absolutamente falso ya que durante los días previos a su partida las propias autoridades consulares bolivianas en nuestro país habían autorizado el viaje.
La documentación de todos los integrantes había sido aprobada además por Migraciones del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz de la Sierra, donde la comitiva hizo escala en su viaje hacia la capital de Bolivia. Incluso, desde antes de partir a su destino, la delegación ya había declarado con claridad en una conferencia de prensa brindada en la sede nacional de la CTA Autónoma que se trataba de una Misión de Derechos Humanos, al tiempo que detallaba qué itinerario tenía previsto después de llegar a territorio boliviano, algo que consta en una nota que formalmente recibió varios días antes de la realización del viaje la Embajada de Bolivia en Argentina.
El miércoles pasado, el Partido Comunista estuvo presente en la marcha convocada por la comunidad boliviana residente en Buenos Aires, que se realizó desde el obelisco porteño hasta la sede diplomática de este país vecino, ubicada en la avenida Corrientes al 500. En ese marco, Cuello reafirmó al tomar la palabra que la misión “fue solicitada por senadores, diputados, organizaciones, sociales, sindicales y políticas de Bolivia” y puso en evidencia lo que la Cancillería argentina sigue negando que “lo que nosotros íbamos a relevar está sucediendo continuamente”. En tal sentido, añadió que el hecho vivido deja de manifiesto “la vulneración de los derechos humanos de los bolivianos que están decididos a pelear frente a un gobierno cipayo que generó como argumento que nuestra presencia iba a injerir sobre la política en Bolivia”. Mientras que sostuvo que lo que hay que decir es que “la única injerencia que hay es la del gobierno norteamericano, imperialista, que viene a buscar los recursos naturales y por eso el pueblo boliviano está resistiendo”. Ese ejemplo, remarcó, es el que “tenemos que seguir”, así como “el de los jubilados que luchan todos los miércoles en Congreso”, quienes también estuvieron presentes en la actividad. Por último, recalcó la importancia de “seguir construyendo organización popular en toda Latinoamérica para no permitir el avance del imperialismo”.
La comunidad boliviana en Argentina evalúa por estas horas los pasos a seguir en su plan de lucha con el propósito de continuar visibilizando la situación dramática que atraviesa su pueblo y demandar que se levante el Estado de Excepción impuesto por Rodrigo Paz, a quien le exigen la renuncia. A la vez, la misión argentina expulsada de Bolivia está solicitando la realización de una audiencia en el Congreso de la Nación para informar de lo sucedido al Legislativo y denunciar el abandono que sufrieron de parte de la Cancillería, así las violaciones a los derechos humanos que siguen cometiéndose en Bolivia.
