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Sáb, Abr

Política

“La lucha la estamos dando en el plano de los legisladores pampeanos, planteando la necesidad de que apoyen la iniciativa que parlamentaria que busca la creación de una comisión investigadora”, sostuvo desde el Partido Comunista de La Pampa, Carlos Urmente.

Edgardo Kueider pasó Navidad junto a su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, alojado en un lujoso departamento del complejo Tierra Alta que está en un exclusivo barrio asunceño donde cuenta con gimnasio, pileta, quincho y solarium, que pertenece al ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Y a la hora de brindar quizás se tomó un segundo para pensar que algunas balas comienzan a picarle demasiado cerca y que en el tire y afloje entre Javier Milei y Mauricio Macri, probablemente, se convierta en el pato de la boda.

Es que un día antes la jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, había rechazado el pedido de eximición de prisión que solicitó la defensa del ex senador y su secretaria, a cargo de Juan Martín Cerolini, lo que hubiera posibilitado que ambos transiten el proceso abierto en libertad. La magistrada también reiteró el pedido de extradición con la finalidad de indagarlo y ante el peligro de que se fuguen si son liberados en Paraguay, en tanto que dejó claro que cuando Kueider vuelva a Argentina va a quedar tras las rejas, ya que existe “la sospecha razonable de que el imputado podrá obstaculizar la investigación en caso de recuperar su libertad”.

Cabe recordar que Kueider es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al tiempo que la imputación penal lo señala como responsable de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles”.

Si bien la olla comenzó a destaparse cuando el 4 de diciembre, el entonces senador nacional y su secretaria fueron detenidos cuando intentaban ingresar a Paraguay con doscientos mil dólares en billetes. Ni bien se destapó esa olla, se hizo público que la del 4 de diciembre no fue la primera vez que Kueider se interesó por invertir en Paraguay. El 18 de junio pasado, esto es a apenas a cinco días de la aprobación del Proyecto de Ley Bases en el Senado, Costa intentó comprar cinco departamentos en Asunción por un monto de alrededor de setecientos mil dólares, esto es, algo más de lo que apareció en su mochila durante el control aduanero realizado en Ciudad del Este.

Todavía Kueider no pudo decir de dónde salió todo ese dinero que no se condice con el patrimonio que declara tener y tampoco con la dieta que percibe como senador nacional. Pero tampoco pudo explicar las razones que llevaron a que, en una particular cabriola, este legislador que obtuvo su banca por el Frente de Todos de Entre Ríos, acabara votando el Proyecto de Ley Bases que ese bloque rechazó de plano y que lo hiciera acollarado a Javier Milei.

¿La del 4 de diciembre fue la primera vez que Kueider intentó fugar divisas hacia un Paraguay, cuyo presidente Santiago Peña responde a un esquema narco-mafioso encabezado por el ex mandatario Horacio Cartes, que tiene una relación más que estrecha con Macri? Esta debería ser una de las preguntas que Kueider tendría que responder si prospera el exhorto al Paraguay que envió el martes pasado la jueza federal de San Isidro, claro que habrá que seguir de cerca qué es lo que hace Arroyo Salgado quien integra una de las facciones del Poder Judicial que suelen jugar fuerte en la interna del esquema de representación política de la derecha.

Si es verdad la hipótesis que plantea que la detención del senador fue un pase de factura de Macri a Milei ¿será capaz Kueider de prender el ventilador, lo que podría revelar la verdadera historia y protagonistas que se esconden detrás de la rosca que rodeó a la sanción favorable del Proyecto de Ley Bases? Difícil que algo así pase, pero si pasara personajes como Carlos Mauricio Espínola o el propio jefe de Gabinete Francos deberían dar varias explicaciones.

¿Pero acaso puede sorprender que el esquema político liberal burgués eche mano a este tipo de cosas para satisfacer los requerimientos de la clase capitalista? Ejemplos como los de Juan Abraham Kenan, el diputrucho al que en 1992 pescaron cuando estaba votando la entrega de Gas del Estado o la Banelco de Fernando de la Rua, señalan con elocuencia que la corrupción no es un acto de mala praxis, sino que es un mecanismo necesario para la defensa de los intereses de la clase capitalista que está llamada a ejercer el Estado Liberal Burgués.

Y en este punto es válido recordar que junto al Protocolo Bullrich y el DNU 70/2023, la Ley Bases constituye el pedestal desde el que se erige esta suerte de blitzkrieg contra los argentinos, con que la Presidencia Milei avanzó aceleradamente en el cercenamiento de derechos sociales, laborales, políticos, ciudadanos y humanos durante lo que va de su primer año de su mandato. Esos instrumentos no son otra cosa que herramientas diseñadas por lo peor de la clase capitalista desde estudios jurídicos y económicos financiados por bandas delictivas globales como BlackRock, que fueron compilados por Federico Sturzenegger quien fue el elegido para ejecutarlos desde el Ministerio de de Desregulación y Transformación del Estado.

Entonces el episodio que por una intriga palaciega o simplemente por torpeza puso a Kueider en el ojo del huracán, no hace otra cosa que poner en negro sobre blanco algo que es evidente: incluso desde la mirada liberal burguesa, la Ley Bases está viciada desde su propio origen, por lo que debe ser declarada su nulidad con lo cual se caería automáticamente todo el cuerpo normativo que, entre otras cosas, permitió que la Presidencia Milei avance en la privatización del Belgrano Carga, el intento de que el Estado se desprenda de Intercargo que es el único negocio del rubro que no posee Eduardo Eurnekián, al tiempo que acelera el proceso de entrega de una nómina que incluye a Aerolíneas Argentinas, la concesión de más de nueve mil kilómetros de rutas y autovías, la liquidación de la Administración General de Puertos, ArSat, el Banco Nación y el servicio de correo postal, entre otras áreas de carácter estratégico para la soberanía nacional.

Por eso es que con este telón de fondo, queda en evidencia que la pelea por la declaración de la nulidad de la Ley Bases resulta fundamental, tal como lo es lo que al respecto diga o calle Kueider ¿Pero quién le pone el cascabel al gato?

 

Corrupción… con C de capitalismo

“La lucha, en este momento, la estamos dando en el plano de los legisladores pampeanos, planteando la necesidad de que apoyen la iniciativa que parlamentaria que busca la creación de una comisión investigadora”, sostuvo desde el Partido Comunista de La Pampa, Carlos Urmente, quien puntualizó que tras la expulsión de Kueider de la Cámara Alta, “hay un segundo paso que es la necesidad de una comisión de investigación por la Ley Bases, porque se corre el rumor que acá hubo valijas de dinero para aprobarla”.

En tal sentido fue claro cuando hizo hincapié en que resulta preciso recordar “cómo esa Ley Bases se negociaba cerca del Congreso, en algunos departamentos”, por lo que “por el bien de la sociedad argentina, para la gente que está haciendo un sacrificio enorme, es necesario que los legisladores nacionales por la provincia de La Pampa, más allá de quien lo presente, apoyen la iniciativa de que se cree una comisión investigadora”. Y, sin dudarlo, aseveró que “desde el Partido Comunista estamos convencidos que hubo un nuevo hecho de Banelco, es decir se vuelve a repetir la triste historia”.

En este punto, vale citar que días atrás, desde las bancadas del PTS-FIT y Unión por la Patria de Diputados, se adelantó que existe la voluntad de avanzar en un proyecto común tendiente a que se investigue si hubo compra de votos en el Senado y, en tal caso, a que se declare la nulidad de Ley Bases para cuya aprobación el voto de Kueider resultó decisivo. Para ello, se supo que la semana pasada Germán Martínez, Santiago Cafiero, Myriam Bregman y Nicolás del Caño mantuvieron un encuentro en el que se buscó articular la estrategia legislativa para poder construir un proyecto común en tal sentido.

“Hay que determinar quiénes fueron los que entregaron el dinero, si hubo coimas”, reclamó Urmente e insistió con que “tenemos la certeza de que hubo coimas para aprobación de la Ley Bases, por eso es que apoyamos la creación de una comisión investigadora que determine si existió cohecho”, ya que si hubo coimas, hubo quien coimbeó y para eso es preciso ver quién salió favorecido con la sanción del Proyecto de Ley Bases.

“Principalmente el poder económico de la Argentina, aliado con capital extranjero, se beneficia de esta Ley Bases, que permite extraer los recursos naturales, llevárselos sin industrializar y listo”, remarcó el referente del PC pamepano y recordó que el voto de Kueider fue fundamental para que saliera la ley”, por cual “creo necesario que se cree la comisión investigadora, porque corrió dinero para aprobar esa ley, por eso es preciso investigar” ya que, entonces, “la Ley Bases es nula desde su origen y no se puede aceptar una ley que va a regir temas tan importante como recursos y bienes que está tan floja de papeles y sobre la que hay fundadas sospechas de que para que saliera favorablemente hubo tráfico de dinero”.

Por eso es que en La Pampa “plantemos la necesidad de que los senadores nacionales votaran por la destitución de Kueider, lo que se dio más allá de los vaivenes de esa Cámara en lo que fue un primer paso, pero el segundo debe ser que se caiga la Ley Bases que desde su origen es inaceptable”, por lo que “interpelamos a nuestros legisladores que deben saber que lo que hacen en el Congreso, allá en Buenos Aires, no es inocuo y como partimos del precepto de que la lucha se debe dar en todos los planos, tal como lo hicimos otras veces, también en este caso se lo recordamos”.

No hace mucho, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente que bajo el amparo de la Ley Bases, se había “puesto el guante” y estaba sacando “toda la porquería”. Lo hizo en Rosario al recibir un premio otorgado por la Fundación Libertad, en una cena de fin de año donde entre otros estuvieron empresarios, funcionarios y dirigentes políticos como el intendente local, Pablo Javkin, y la vicegobernadora Gisela Scaglia, en la que también recordó que está en el gobierno nacional para hacer cumplir la Ley Bases que le otorgó a Milei “facultades especiales por un año”, por lo que “sólo me quedan 203 días para terminar mí trabajo”.

Para celebrar Navidad y mientras anunciaba el despido de un centenar de trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Sturzenegger no se privó de ostentar la perversión que lo caracteriza y a la hora de presentar un balance de lo hecho por la cartera a su cargo, en la red social X posteó: “Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables” y a continuación se jactó de todas las áreas de gobierno que desmanteló gracias a la Ley Bases.

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Junto al colectivo que reúne a las personas con discapacidad, los jubilados y pensionados volvieron a marchar hacia la sede del Ministerio de Salud. “Precisamos una unidad más profunda y que abarque a más sectores de la sociedad que se ven afectados por las políticas gubernamentales” dijo Osvaldo Peula desde el MJL.

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El juez Adrián González Charvay frenó la eliminación de ese programa y el Ministerio de Capital Humano va a apelar tal decisión. “Vemos que la lucha sirve pero no podemos bajar los brazos”, alertó ante este fallo el coordinador del MTL bonaerense, Mario Miceli.

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A días de su informe en Diputados, nuevas pruebas sobre movimientos en efectivo, operaciones inmobiliarias irregulares y gastos incompatibles con sus ingresos declarados agravan la situación del jefe de Gabinete. El respaldo explícito de Javier Milei expone no solo complicidad política, sino la naturaleza orgánica de un régimen atravesado por prácticas de saqueo y opacidad.

La presentación de Manuel Adorni ante el Congreso, prevista para el próximo miércoles 29, se produce en un contexto político signado por la acumulación de evidencias que comprometen severamente su situación judicial y política. Lejos de tratarse de una instancia institucional rutinaria, el informe de gestión se transforma en un escenario de interpelación directa sobre un entramado de irregularidades que ya no puede ser reducido a meras inconsistencias administrativas, tal como pretende presentarlo el gobierno. La confirmación de que el propio Javier Milei estará presente en el recinto para acompañar al funcionario es la señal explícita de un respaldo político que, en las condiciones actuales, solo puede leerse como una forma de blindaje frente a denuncias que escalan en gravedad.

Entre las últimas revelaciones, adquiere centralidad el testimonio judicial que ubica en el centro de la investigación la existencia de 65 mil dólares no documentados vinculados a refacciones en el inmueble del barrio de Caballito, en la calle Miró. Según la declaración realizada bajo juramento en Comodoro Py, dichas obras habrían sido financiadas mediante un esquema de pago “por fuera” de los canales formales, con un compromiso de cancelación posterior atado a la venta de otra propiedad del funcionario. Este mecanismo no solo sugiere la existencia de ingresos no declarados, sino que revela una operatoria deliberada de opacidad, donde el diferimiento del pago funciona como instrumento para evitar trazabilidad financiera.

La operatoria inmobiliaria bajo investigación refuerza este cuadro. El inmueble en cuestión fue adquirido inicialmente por dos jubiladas por 200 mil dólares y posteriormente transferido a Adorni por 230 mil dólares bajo condiciones altamente irregulares: un anticipo de apenas 30 mil dólares y una financiación del 87 por ciento restante a un año, sin intereses—ni precedentes—. Este esquema, completamente atípico en el mercado, se combina con un precio final inferior al valor estimado de la propiedad, lo que abre interrogantes sobre posibles mecanismos de triangulación, subvaluación o encubrimiento de flujos de dinero no registrados. No se trata, por lo tanto, de una simple transacción inmobiliaria, sino de una pieza más dentro de una arquitectura financiera que apunta a disimular el origen y la magnitud de los recursos movilizados.

A ello se suman las evidencias sobre gastos personales que exceden de manera ostensible los ingresos declarados del funcionario. La confirmación de pagos en efectivo por cerca de 9.000 dólares en hoteles de lujo en Aruba, sumados a los 5.800 dólares abonados en pasajes en clase preferencial, resulta incompatible con un salario mensual que, al momento de dichos gastos, rondaba los tres millones de pesos. El uso de efectivo en este tipo de operaciones no es un dato secundario. Constituye, más allá de la evasión impositiva que va de suyo, en términos de investigación financiera, un indicador clásico de intentos de eludir controles y evitar la generación de registros bancarios que permitan reconstruir el origen de los fondos.

En este contexto, la sesión en Diputados —organizada bajo un esquema de seis horas acordado por Martín Menem— se perfila como un momento de alta tensión política. La oposición ha adelantado que no limitará sus preguntas al caso de enriquecimiento ilícito, sino que buscará articular estas denuncias con el cuadro general de deterioro social: la situación del PAMI, el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad, el aumento del desempleo y el impacto de las tarifas. Sin embargo, es evidente que el eje estructurante de la interpelación girará en torno a la legitimidad misma de un funcionario cuya trayectoria reciente aparece atravesada por prácticas que contradicen abiertamente los principios de transparencia que el propio gobierno declama.

El respaldo de Milei, en este escenario, no puede interpretarse como una mera defensa política de un colaborador cercano. Se trata, más bien, de la expresión de una comunidad de intereses y prácticas que compromete al núcleo mismo del gobierno. Como ya se ha señalado en análisis previos, no estamos ante episodios aislados de corrupción, sino frente a la consolidación de una forma de gestión estatal en la que la frontera entre lo público y lo privado se diluye sistemáticamente. La figura de Adorni no es una anomalía dentro del oficialismo, sino un emergente coherente de su lógica de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, el caso adquiere un carácter paradigmático. La combinación de operaciones inmobiliarias opacas, por no decir turbias, uso intensivo de efectivo y niveles de gasto incompatibles con los ingresos formales configura un patrón típico de acumulación parasitaria con dinero proveniente de actividades ilícitas. No se trata solo de la eventual apropiación de recursos públicos, sino de la inserción del aparato estatal dentro de circuitos de valorización que operan al margen —y en muchos casos en contra— de la legalidad vigente. En este sentido, la defensa cerrada del presidente refuerza la hipótesis de que estas prácticas no son desviaciones individuales, sino componentes vertebradores de un proyecto político.

La presencia de Milei en el recinto durante el informe de Adorni, lejos de aportar institucionalidad, tiende a reforzar la percepción de un gobierno que se repliega sobre sí mismo frente a la evidencia acumulada. En lugar de propiciar mecanismos de esclarecimiento, el oficialismo opta por la lógica del cerrojo político, apostando a la disciplina interna y al desgaste de la oposición. Pero esta estrategia tiene límites evidentes: a medida que se profundizan las investigaciones judiciales y se multiplican los indicios de irregularidades, el costo político de sostener este esquema se incrementa.

En última instancia, lo que está en juego en la comparecencia de Adorni no es solo su continuidad en el cargo, sino la viabilidad de un modelo de gobierno que ha hecho de la corrupción y la captura del Estado sus rasgos distintivos. La insistencia en una retórica anti-“casta” contrasta cada vez más con prácticas que reproducen e intensifican las formas más degradadas de la dominación burguesa. En este marco, el caso Adorni funciona como un punto de condensación donde se hacen visibles las contradicciones de un proyecto que, en su despliegue, revela su verdadera naturaleza.

La dirigente de UTE-Ctera, Antonella Bianco, analizó el aumento de situaciones de violencia en escuelas, el rol de los discursos públicos y el avance de respuestas punitivistas. Advirtió sobre la falta de recursos, la crisis social que atraviesa a las juventudes y la necesidad de reconstruir redes entre escuela, familias y comunidad.(*)

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En los últimos dos años más de ochocientas empresas bajaron sus persianas en la provincia. “Esto es la consecuencia lógica del modelo nacional que implementa Javier Milei, pero también del que en la provincia aplican el radicalismo y sus aliados desde 2001, cuando llegaron al gobierno tras la intervención federal”, puntualizó el Secretario Político del Partido Comunista de Corrientes, Diego Silva.

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