Durante las pruebas de desempeño educativo de la Unesco de 2019, último año de la gestión del Gobierno Cambiemos, el país logró su peor resultado en la historia, por debajo del promedio de la región.
En 2019 Argentina tuvo el peor resultado de su historia en las pruebas de desempeño educativo que lleva adelante la Unesco en el marco del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Erce) que arrojó que, en el último año de la gestión del Gobierno Cambiemos, se obtuvo un puntaje peor que lo alcanzado en el 2006 y en 2013.
El Erce de 2019 fue llevado adelante por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc) de la Unesco, y midió el desempeño de 160 mil estudiantes de tercer y sexto grado de primaria de dieciséis países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Allí Argentina logró su peor promedio histórico, en un resultado que se enmarca en la culminación de un proceso que implicó un grave retroceso en el sistema público de educación. La inversión representada en puntos de PBI durante el macrismo, cayó más de 1,3, ubicándose por debajo del cinco por ciento del Producto Bruto Interno.
Durante ese período, la desinversión del Estado afectó áreas como formación docente, infraestructura, innovación, evaluación, conectividad y tecnología, políticas socioeducativas, educación superior y el Fondo de Incentivo Docente.
El actual ministro de Educación, Jaime Perczyck, al ser consultado por los resultados del Erce aseveró que el camino para recuperarse debe ser una inversión “continuada y constante por encima de la inflación proyectada”, que tiene que poner énfasis en proveer material didáctico, mejorar la capacitación docente y avanzar en más programas de conectividad.
Así las cosas y ante la crisis que se acelera, vale preguntar hacia dónde va el sistema de educación pública, universal y gratuita en Argentina.
Pasado el macrismo, el gobierno del Frente de Todos asumió con el desafío de poner de pie a un sistema educativo público con falencias estructurales, que fueron profundizadas de 2015 a 2019. Una política sistemática de recorte y abandono.
Y como si esto fuera poco, ante la pandemia del Coronavirus, se aplicó la educación a distancia que evidenció la brecha tecnológica que agrega nuevas problemáticas para garantizar el acceso pleno.
La cartera educativa se vio atravesada por la orientación económica que el gobierno asumió respecto a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La cautela y el equilibrio fiscal, fueron los pilares de una política nacional que enfrentó la pandemia con un oído puesto en el país y otro en la búsqueda de consenso para la discusión con el FMI.
Bajo ese esquema la inversión y la recuperación del golpe que significó el macrismo en la educación resulta ambivalente. Hubo medidas que no representan patear el tablero sino “mitigar” los efectos de una crisis capitalista, que empuja que más gente se caiga del sistema educativo.
Solo para plasmarlo en ejemplos, la reactivación del Conectar Igualdad, hoy Plan Juana Manso, se dio después de un año de pandemia donde más del cuarenta por ciento de estudiantes de la provincia de Buenos Aires, según datos del Enacom, abandonaron los estudios por falta de conectividad.
Los docentes no tuvieron otra opción que sostener con sus propios ingresos las herramientas de conectividad, con apenas unas líneas de crédito escasas para acceder a la compra de equipos y bonos por conectividad que no alcanzan a representar una boleta mensual de la tarifa de internet.
Por una educación pública de calidad
Al ataque sistemático del macrismo, que se evidenció en la explosión en Moreno que terminó con la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, con el cierre del Conectar Igualdad, con el recorte en el Progresar, se le sumó la pandemia que obliga a dar cambios profundos para poner de pie a la educación pública universal y gratuita.
El gobierno del FdeT busca aprobar en estos días un Proyecto de Presupuesto para 2022, que en materia educativa prevé un aumento del cinco por ciento en términos nominales, mientras que proyecta una inflación de 33 por ciento. Y, asimismo, contempla aumento de partidas en áreas clave: Conectar Igualdad, Becas Progresar e Infraestructura y Equipamiento, entre otras.
Así las cosas, la discusión que en estos días se lleva adelante en el Congreso, exhibe a la cartera educativa como una de las que no sufriría recorte presupuestario ¿Pero qué pasa si la inflación supera lo previsto? Porque para el presente año se pensaba un índice inflacionario ubicado en un 29, algo que fue ampliamente superado por la escala de los precios y la especulación de los sectores concentrados de la economía.
En un escenario donde es urgente poner de pie al sistema educativo, no cabe margen para esperar milagros en un contexto macroeconómico que está sumamente condicionado por el resultado que pueda tener la negociación que, ahora mismo, se lleva a cabo con el FMI.
La situación demanda organización y lucha por parte de todos los actores. El resultado del Erce es un pantallazo de una realidad que aún persiste y que requiere más inversión.
Por eso es central la pelea por salarios dignos para todos los docentes del país y para mejorar los edificios escolares en todo el territorio, así como para que haya con qué garantizar la plena conectividad y el transporte de quienes integran la comunidad educativa, entre otras cosas.
Porque, está claro que es imperioso construir un piso desde el que se pueda proyecta una educación de calidad, algo que sin estas medidas, nunca va a ser posible.
