La visita del papa León XIV a la Argentina dejó al desnudo la profunda contradicción entre un mensaje que reivindicó la dignidad humana, la solidaridad y los derechos de los trabajadores, y la política de crueldad y exclusión del gobierno neofascista y ultraliberal de Javier Milei. Pero también expuso las deudas de la Iglesia Católica con la memoria histórica y los derechos humanos, mientras los gobiernos nacional y porteño convertían una celebración popular en una pasarela para ricos y famosos.
La visita del papa León XIV a la Argentina, que acaba de finalizar, constituyó un acontecimiento social de enorme significación, cuyo alcance excede ampliamente el terreno de la fe religiosa para abrir una cuña política en el difícil contexto económico y social del país. Las multitudes que acompañaron al pontífice en Buenos Aires, Córdoba y Luján, sus encuentros con trabajadores, personas con discapacidad y personas encarceladas, así como sus reiterados llamados a poner la dignidad humana por encima del interés económico, adquirieron una resonancia particular en un país sometido al ajuste, la represión y la violencia política del gobierno de Javier Milei. En una coyuntura internacional marcada por el avance —ahora en cuestión pero todavía con fuerza— de las extremas derechas, la ofensiva imperialista y la propagación de ideologías que naturalizan la desigualdad y el desprecio por la vida, las palabras de León XIV se inscribieron, más allá de sus propósitos estrictamente pastorales, en el campo de las resistencias a la barbarie.
Desde luego, esta valoración no presupone una adhesión al credo católico ni a la institución eclesiástica, cuya historia está atravesada por profundas contradicciones y compromisos con las clases dominantes. Tampoco implica desconocer las diferencias filosóficas, ideológicas y políticas que separan a las corrientes revolucionarias, incluyendo entre ellas a la Teología de la Liberación, de la doctrina social de la Iglesia. Pero sería un grave error político no reconocer que, frente a la ofensiva imperialista y neofascista que amenaza las conquistas democráticas y sociales de los pueblos, la defensa de la dignidad humana constituye un terreno de encuentro entre tradiciones de pensamiento y fuerzas políticas diversas. Y ese fue, precisamente, uno de los principales significados de la visita papal.
El contraste comenzó a manifestarse durante la recepción oficial que el gobierno nacional organizó en el Palacio Libertad. Frente al propio Milei, León XIV recordó que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, una afirmación que contradice los fundamentos del programa libertario. La defensa del trabajo, la educación pública, la universidad, los jubilados y las personas excluidas del bienestar social atravesó sus intervenciones, que incluyeron como era de esperar un mensaje contra el derecho al aborto. Más contundente todavía resultó su discurso ante representantes sindicales, empresarios y movimientos populares en la Universidad Católica Argentina, donde advirtió que, cuando prevalece el dominio de unos pocos, el trabajo se transforma en explotación y los trabajadores son valorados exclusivamente por su eficiencia. También reivindicó el papel de los sindicatos y recuperó las demandas de tierra, techo y trabajo impulsadas por Francisco, aunque defendió la propiedad privada.
No se trató, naturalmente, de un discurso progresista de avanzada, pero sí de una intervención que guarda una fuerte impugnación moral y social de la concepción que reduce al ser humano a una mercancía y convierte al beneficio privado en medida de todas las cosas. Esa concepción constituye el núcleo de la política de Milei, quien combina la destrucción de derechos laborales y sociales con una prédica reaccionaria que celebra el egoísmo, promueve la violencia contra los más débiles y pretende presentar la solidaridad como una forma de parasitismo. Allí donde el gobierno ve un gasto que debe eliminarse, el Papa recordó la existencia de una persona cuya dignidad debe ser respetada.
La visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole adquirió, en este sentido, una fuerza especial. En medio del desfinanciamiento de las políticas de discapacidad, León XIV afirmó que las vidas de quienes residen en esa institución “no son un peso para la sociedad; son una bendición”, a la vez que en su cuenta de X alertaba que el progreso de un país se mide por el trato que dispensa a las personas con discapacidad. El contraste con un gobierno que veta leyes de protección social, retacea y se roba recursos indispensables y somete a las personas con discapacidad y a sus familias a una situación de creciente vulnerabilidad difícilmente no podría haber sido más elocuente. La decisión de comenzar sus actividades pastorales junto a quienes sufren las consecuencias de esas políticas tuvo una significación que ningún protocolo diplomático pudo disimular.
Otro tanto ocurrió con su visita al penal de Villa Devoto de esta mañana. En un país donde el discurso oficial exalta el castigo, la persecución y la represión como respuestas privilegiadas a los conflictos sociales y la lucha de clases, el pontífice sostuvo ante los detenidos que “una nueva vida es posible” y reclamó condiciones que favorezcan su recuperación y reinserción en la comunidad. Su presencia permitió visibilizar una realidad que el gobierno procura reducir a una cuestión de seguridad, ocultando las condiciones materiales de encierro, la vulneración de derechos y las responsabilidades del Estado. También resultó significativo el reclamo de las familiares de detenidos, conocidas como “las mujeres de la fila”, que lamentaron no haber podido participar del encuentro.
Pero acaso la imagen más reveladora de estos días haya sido la que dejó la multitudinaria misa celebrada en Palermo. Allí León XIV recuperó el pasaje del Evangelio de Juan en el que Jesús, con un látigo de cuerdas, expulsa a los mercaderes del templo. La lectura, ciertamente, correspondía al calendario litúrgico y a simple vista no parece haber formado parte de una elección especialmente dirigida contra el gobierno argentino, aunque la fecha elegida para estar en Buenos Aires y la decisión de sostener la gira a pesar de los problemas de salud del Papa refuerzan la idea de que la coincidencia estuvo mentada. Mientras el pontífice recordaba aquel gesto de rechazo a la mercantilización de lo sagrado, a pocos metros del altar funcionaba una exclusiva carpa VIP destinada a empresarios, celebridades y dirigentes políticos, con asientos preferenciales, climatización y un servicio diferenciado de catering. Los mercaderes, esta vez, habían conseguido instalarse en las inmediaciones del templo.
La revelación del escandaloso operativo permitió conocer que la Jefatura de Gabinete nacional había adjudicado mediante contratación directa a DF Entertainment un servicio integral de producción por 8.690 millones de pesos, que incluía la organización de la misa y el encuentro juvenil, además de las comodidades reservadas para los invitados especiales. La diputada Marcela Pagano denunció judicialmente las contrataciones y reclamó que se investigara el procedimiento utilizado. Aunque esa suma corresponde al conjunto de los servicios contratados —que incluye el de la empresa de seguridad vinculada a los Menem— y no exclusivamente al sector VIP, su magnitud, el mecanismo de adjudicación y la existencia de privilegios financiados con recursos públicos exhibieron otra vez la verdadera naturaleza del gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con la “casta”.
La responsabilidad no se limita al gobierno nacional. Mientras la administración de Milei financió la producción de los eventos y sus espacios exclusivos, algunas de las celebridades que disfrutaron de ubicaciones privilegiadas reconocieron que habían sido invitadas por el gobierno porteño de Jorge Macri. La disputa posterior entre ambas administraciones por la responsabilidad de las invitaciones no hizo más que confirmar el carácter obsceno del episodio. Mientras millones de personas se congregaban para escuchar un mensaje de solidaridad, los representantes de los mismos gobiernos que ajustan a trabajadores, jubilados y sectores populares se aseguraban condiciones de privilegio para ellos y sus invitados. Esa es la verdadera casta, la que administra recursos del Estado en beneficio de unos pocos mientras predica sacrificios para las mayorías.
Sin embargo, la valoración positiva de la visita no puede conducir a silenciar sus límites y contradicciones. A cincuenta años del golpe de Estado de 1976, la voz de los organismos de derechos humanos también llegó hasta León XIV, aunque no encontró la respuesta pública que la gravedad de sus demandas exigía. Junto al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y numerosas organizaciones reclamaron la apertura efectiva de los archivos vaticanos vinculados con el terrorismo de Estado, medidas contra el sacerdote genocida Christian von Wernich y la colaboración de la Iglesia para esclarecer las responsabilidades de sus propios integrantes durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. También denunciaron el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los intentos de garantizar nuevas formas de impunidad a los responsables del genocidio.
En Córdoba, Alba Camargo, hija y sobrina de desaparecidos y sobreviviente del terrorismo de Estado, pudo transmitirle personalmente al pontífice el reclamo de quienes continúan buscando los restos de sus familiares. Le pidió ayuda para avanzar en la investigación de los enterramientos clandestinos de La Perla y para que nombrara públicamente a los desaparecidos. Su testimonio, sin embargo, no tuvo una expresión equivalente en los discursos públicos de León XIV. La ausencia de un pronunciamiento explícito sobre esa demanda constituyó una oportunidad perdida, especialmente cuando el negacionismo impulsado desde el propio gobierno nacional procura relativizar los crímenes de la dictadura y destruir las conquistas alcanzadas por décadas de lucha popular. El afectuoso saludo del Papa con Victoria Villarruel excede, en este contexto, lo estrictamente protocolar.
La Iglesia Católica tiene en esta materia una responsabilidad histórica que no puede saldarse mediante apelaciones generales a la paz y la reconciliación. Hubo sacerdotes, religiosas y comunidades cristianas que enfrentaron heroicamente al terrorismo de Estado y pagaron con sus vidas ese compromiso. Pero también hubo autoridades y miembros de la institución que colaboraron con la maquinaria represiva, legitimaron a los genocidas o contribuyeron a mantener el silencio sobre sus crímenes. La permanencia de Von Wernich en el estado clerical, pese a su condena a prisión perpetua, es una expresión intolerable de esa deuda. No puede haber reconciliación verdadera sin verdad, justicia y reparación, ni perdón que sustituya la obligación de los responsables de informar dónde están los desaparecidos y los niños apropiados.
Con todo, la visita de León XIV permitió comprobar, una vez más, que la ideología de la crueldad que promueve Milei no representa los valores ni las aspiraciones de todo el pueblo argentino. Frente a un gobierno que hace del individualismo una virtud, del sometimiento al poder económico un programa y de la violencia una herramienta política, millones de personas se congregaron alrededor de un mensaje que reivindicó la solidaridad, la dignidad del trabajo y el cuidado de los más vulnerables. Esa contradicción constituye uno de los hechos políticos más significativos que dejó la visita papal. Para los comunistas, que no necesitamos compartir una fe religiosa para reconocer la humanidad de esas demandas, el desafío consiste en convertir ese terreno de coincidencias en una fuerza social y política capaz de detener la ofensiva reaccionaria. Porque los mercaderes no abandonarán voluntariamente el templo, como tampoco renunciarán por propia voluntad a sus privilegios quienes hoy gobiernan al servicio del capital. Será la organización y la lucha del pueblo la que tenga que ponerles fin porque, como ya sabemos, ningún orden social se suicida.
