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Lun, Oct

Política

¿Adivine quiénes ganaron durante 2020? ¿Qué puja distributiva, la lucha de clases? Mientras el capitalismo sigue poniendo límites, mejor gambetearlos cada vez que se pueda.

“Todos tienen que ceder algo” es una de las premisas que resuena en La Rosada de cara la convocatoria del Consejo Económico Social (CEE), desde el que se busca construir el acuerdo policlasista que es parte medular de la génesis del FdeT ¿Pero es verdad que todos pueden ceder algo?

Queda claro que durante 2020, el universo del capital maximizó su tasa de rentabilidad, al tiempo que el del trabajo formalizado –en promedio- quedó estancado o perdió poco.

Pero los que perdieron por goleada son aquellos trabajadores a los que el sistema empujó fuera de las relaciones laborales formales. Y, significativamente, estas personas son las que invierten sus escasísimos ingresos en productos de la canasta elemental.

Datos preliminares de la zona Amba, indican que 2020 cerró con la canasta de pobreza con una suba del cuarenta por ciento y 48 para la de indigencia ¿Pero qué habrá pasado con las empresas, cuya posición dominante las lleva a tener el ochenta por ciento de la facturación que surge de la producción y comercialización del contenido de esa canasta?

Morixe que traía un rojo de 66 millones de la Era Cambiemos, se colocó al tope del ranking de rendimiento del mercado de las firmas líderes del Merval con una ganancia de 241,1 por ciento, lo que hizo que durante 2020 triplicara su valor. En esta lista de súperganadores aparecen otras como Molinos Río de la Plata, Ledesma, Arcor y La Anónima.

Pese a esto, la semana pasada y de cara a la renovación trimestral de Precios Cuidados (PC), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios salió con los tapones de punta. “En esos productos se resigna margen, que se compensa con margen en otros, pero como el gobierno no nos autoriza aumentos, es difícil saber qué márgenes tendremos” se quejó su titular, Daniel Funes de Rioja, al aludir a los precios máximos fijados por el gobierno al principio de la pandemia.

Al respecto, el ministro Matías Kulfas ya adelantó que “la salida (de ese esquema) será gradual y ordenada”. Algo de eso se va dando: ya volaron seiscientos productos de la lista.

Por su parte, PC incrementó un 65 por ciento la cantidad de bienes que incluye y, así, la lista presenta 660 artículos, lo que duplica los que tenía hace un año. Ahora alcanza a 54 cadenas de supermercados que suman 2.800 bocas de expendio de todo el país, pero esto deja afuera a las agrupadas en la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos, así como a los almacenes de barrio.

Va a haber que esperar para ver si la articulación con la aplicación de la Ley de Góndolas, ayuda a reducir la dispersión de precios que pretende PC, un programa que presenta dos problemas clave: aunque en las grandes cadenas de hipermercados suele estar presente, no siempre aparece información clara en las etiquetas que identifican a los productos que muchas veces no son repuestos en tiempo y forma.

Cuanto se trata de tiendas de descuento y de proximidad de estas mismas cadenas, es difícil encontrar PC, incluso en zonas céntricas de la Ciudad de Buenos Aires. En la periferia del segundo y tercer cordón de la zona Amba tiene mucha menos presencia, una situación que se repite en muchas localidades de provincias. Y a muchos lados ni siquiera llega.

Para que quede claro: es paradojal que un programa destinado a cuidar el bolsillo de los que menos tienen, le pida a una persona que vive en la periferia de Llavallol, que se tome un colectivo para comprar un kilo de yerba en Jumbo.

 

¿Para todos?

 

Corría octubre de 2011 cuando tomó fuerza la versión de que el gobierno iba a avanzar en un programa llamado “Supermercados para todos” ¿De qué iba todo esto? El borrador con el que tantearon al grupo inversor local que acababa de comprar la red de supermercados EKI, planteaba un acuerdo por el que las 166 sucursales de esa cadena ofreciera 120 productos de primera necesidad, al mismo precio que los que ofertaba el Mercado Central de Buenos Aires.

Aunque la idea nunca se consolidó, desde las propaladoras massmediáticas se le tiraron a la yugular para acusarla de chavista y toda esa adjetivación a la que suelen apelar para descalificar cualquier cosa.

Aquí vale recordar que, en ese momento, EKI atravesaba una crisis profunda que comenzó cuando Mario Quintana y Gustavo Lopetegui (¡dos joyitas!), se deshicieron de la cadena tras hacer un formidable negocio.

La dupla que después llegaría a La Rosada de la mano de Mauricio Macri, aprovechó el viento de cola que trajo el rebote del estallido de 2001, que favoreció a la cadena de descuentos que ofrecía precios y proximidad, como alternativa en el territorio donde el menemismo había hecho desaparecer a los almacenes de barrio.

¿Pero qué pasó? Siguiendo la lógica de rápida maximización de la tasa de rentabilidad buscaron financiamiento, por lo que sumaron al Bank Of América, los dueños de Droguerías Monroe y el conglomerado belga Global Investments. Para seducirlos prometieron cuatrocientas bocas de expendio, pero no cumplieron, por lo que EKI pasó a manos del Bank Of America.

Después la compró el grupo Nexus que –mientras duró- disfrutó de la época de tarifas congeladas, alquileres moderados y expansión del consumo interno. En 2011 entró en cesación de pagos y acabó cediendo los activos a Carrefour que se quedó con 129 locales en la Zona Amba.

Todavía estaba fresquito el 54 por ciento que la llevó a su segundo mandato, pero Cristina de Kirchner no se animó o no quiso avanzar en esto de “Supermercados para todos”. Quizás, sencillamente, porque este tipo de alternativas no figura dentro de la cosmovisión que prefiere ponerle las fichas a un “capitalismo bueno”.

Como se ve hay cosas que están más allá de los progresismos y sólo pueden plantearse y sostenerse desde una mirada no capitalista.

Esa vez el Estado perdió la oportunidad de hacerse con una herramienta para intervenir fijando precios testigo en un eslabón clave como es el de la comercialización de productos de la canasta básica. Nueve años después desaprovechó otra oportunidad, esa vez de hacerlo en la base del problema de la cadena de valor que acaba impactando en los precios de góndola, cuando dio marcha atrás con el intento de intervenir Vicentin.

 

Actores

 

Queda claro que la puja distributiva -que es un episodio de la lucha de clases- va a tener un capítulo álgido durante este año y que, en gran medida, el escenario de ese tironeo va a ser el precio de los alimentos. También que en esto, desde la mirada liberal-burguesa, se considera casi con exclusividad que los actores de esa pulseada son el universo del capital y el que comprende al trabajo asalariado formal.

Pero vale preguntarse dónde entran en este esquema las 11.382.417 personas que viven afuera de las relaciones existentes entre esos dos universos. Y esto habla de la necesidad de plantear una mirada no capitalista de la cosa.

En este punto es preciso recalcar que la raíz de la informalidad no es una condición inherente a los trabajadores, sino un estatus al que los empuja las relaciones que impone el capital, amparadas por leyes que diseña el Estado Liberal Burgués (ELB).

¿Pero es posible avanzar en formas que transformen esa informalidad en otro tipo de relación que vaya por afuera de las impuestas por el capital? ¿Se puede aplicar una idea como aquella de “Supermercados para todos”? ¿Qué pasa si en lugar hacerlo con empresarios, el Estado busca priorizar en su asociación a movimientos sociales? ¿Es descabellado pensar que el gobierno pueda intervenir para articular una red de bocas de expendio que llegue donde no lo hace PC?

¿Será mucho pedirle al ELB, que tantas veces subvenciona al sector privado, que en esta ocasión financie el capital inicial y costes operativos fijos, por lo menos, durante un tiempo razonable?

Desde hace más de dos décadas, los movimientos sociales construyen redes que alcanzan zonas a las que no llegan los oligopolios que se quedan con la parte del león del negocio de los alimentos. En esos barrios tienen prestigio social y espacios comunitarios en los que podrían montarse tiendas de proximidad que garanticen la presencia de PC y en las que el gobierno podría prorrogar el IVA cero para todos los productos, más allá del límite de caducidad que anunció Kulfas.

También ayudaría que para esta red de locales se mantuviera el congelamiento de tarifas de servicios y que tuvieran exención fiscal en impuestos y tasas municipales.

Asimismo, vale señalar que si el ochenta por ciento de la facturación del sector alimenticio está concentrado en un grupo de empresas, es porque hay otro veinte por ciento –principalmente pymes- al que puede interesarle participar de una iniciativa que le garantizaría un mercado constante. Después de todo, muchas de esas empresas, son las que protestan porque las más concentradas no las dejan entrar a las grandes cadenas de súper e hipermercados.

En idéntica dirección, sería un paso adelante que se descentralice el Mercado Central en cada municipio, al menos, de la zona Amba. Esto podría garantizar parte del abasto de este tipo de red, reduciendo el costo logístico.

Otro actor relevante para algo así, es la incorporación de actores de la producción y la economía popular que integran el espacio de los movimientos sociales.

Esto no es alocado, de hecho se viene trabajando en esquemas de este tipo con el aporte de la Dirección de Comercialización y Abastecimiento, fundamentalmente desde la línea llamada Mercados de Cercanía que son espacios de comercialización de la economía popular desde las organizaciones sociales.

Entonces queda claro que, aún con las limitaciones del ELB, el gobierno tiene herramientas que puede maximizar para garantizar que la puja distributiva no se devore a más de once millones de personas que encima de haber sido arrojados a la pobreza, durante 2020 tuvieron que pagar lo poco que comen, más caro que el resto de los argentinos.

Y, probablemente sea el escenario de este Consejo Económico Social al que a los movimientos sociales se los invita medio de refilón, donde se pueda pelear por propuestas de este tipo que sólo puede hacerse desde una mirada no capitalista.

 

Democracia, pero de la verdadera

 

El ELB puede regular en favor de la generación de empleo y -a veces- hasta logra actuar durante cortos períodos como un moderadísimo redistribuidor de riqueza, pero ese es su límite porque de ninguna forma va a saltar el cerco del capitalismo que es esencialmente una forma de relacionarse socialmente.

De ahí la pertinencia que tienen todo tipo de iniciativas que surjan desde abajo y que apunten a saltar ese cerco y que, como en este caso, pueden aportar para resolver una situación tan angustiante como es la de garantizar que todas las personas pobres puedan comer todos los días.

Pero también puede ser un eslabón germinal, capaz de avanzar en formas de asociación autogestionaria de la economía que son fundamentales para reflexionar cómo resolver algunas contradicciones que se presentan en la actual fase de desarrollo de la crisis capitalista.

 

Una de ella es la que se plantea a partir de la naturalización del postulado que identifica democracia con capitalismo, lo que lleva a la paradoja de que una sociedad global cada vez más criminógena y desigual se asocie linealmente con la democracia.

De ahí que sea con la asociación -desde abajo- de aquellos excluidos por esa forma de autoritarismo, como se pueda resolver esa contradicción. Y que sea mediante la construcción –a escala de lo posible hoy y aquí- de formas de auténtica democracia económica basada en la cooperación que apunte a que los propios productores sean quienes decidan qué, para qué y cómo se produce.

Y esto de la democracia económica vuelve imprescindible que esos productores –los de abajo- participen para generar riqueza social, así como en el proceso de distribución y comercialización.

Así resulta viable la construcción de formas de economía autocentrada, esto es, que se base en la cercanía: un barrio, una red de barrios, una localidad. Fundamentalmente se trata de la construcción de formas de relación económica y social que escapen a las que impone el capital. Esto las convierte, de alguna manera, en una avanzada de la transición hacia una sociedad mejor, una sociedad no capitalista.

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